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“Evaluamos que el alzamiento de los organismos de seguridad pública, casi al unísono, incluye una afectación al gobierno federal”. Lo dijo el fiscal federal N° 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez, que coordina la comisión de fiscales por los acuartelamientos policiales. Convocada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la comisión debe recolectar información sobre los levantamientos policiales en todo el país. “De allí nuestra tarea de recuperación de datos para formular alguna hipótesis respecto a la afectación al Estado federal”, expresó. La comisión de fiscales mantuvo por unas siete horas una reunión en la sede de la Procuración para delinear un plan de acción.

“Coincidimos en que lo que pasó en varias provincias es de competencia federal, ya que estarían atravesando los mismos problemas de lo que en principio se podría calificar como sedición”, dijo a Infojus Noticias Adolfo Raúl Villate, fiscal general de Rosario que estuvo presente en la reunión que duró siete horas.

“Por el momento tenemos conocimiento de que la justicia federal está interviniendo en dos investigaciones: una en Mar del Plata, y la otra en la provincia de Santa Fe”, dijo Villate y explicó que “hay una división de zonas a tratar entre los cuatro que intervenimos en la comisión, pero no es algo que este plasmado por resolución, es una formalidad que podemos sustituir de acuerdo a las necesidades”.

“Hay dos cuestiones básicamente”, explicó el fiscal Rodolfo Fernando Domínguez Infojus Noticias. “Por un lado, está esta suerte de ‘brazos caídos’ que generó la indefensión de la población y permitió que se produjeran una serie de hechos de robos y demás. Por el otro, está la ‘petición’, o la exigencia, a las autoridades provinciales, de determinados beneficios económicos. Ambas cosas, dan lugar a la competencia provincial”, apuntó. “Ahora, cuando esto se generaliza, ahí ya estamos hablando de afectación al estado nacional”, dijo Domínguez.

La comisión se creó el martes de esta semana por orden de Gils Carbó y la integran, junto a Domínguez, otros tres fiscales: Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco; José Ignacio Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos; y Adolfo Raúl Villate, de Rosario, Santa Fe.

“La finalidad es evaluar las situaciones iniciadas a partir de los acuartelamientos policiales en las distintas provincias de nuestro país, y lo que generó al inacción policial. Debemos tener una base de datos actualizada para poder informar a la procuradora, por un lado, y para evaluar los futuros cursos de acción que tomarían el Ministerio Público”, apuntó Domínguez. “La reunión de hoy se hizo con la idea de evaluar la situación a partir de los datos que hemos recogido”, agregó.

El fiscal explicó que la información recolectada en cada provincia es aún “materia de investigación”, aunque una fuente cercana reveló que podría haber material que vincule a la policía con la instigación de los saqueos. “Hay cantidad de lugares de donde todavía no nos han llegado datos, pero hemos empezado con un relevamiento de las fiscalías federales. Contamos por lo menos con la información acerca de determinadas denuncias que se han radicado en el fuero federal en distintas provincias”, señaló.

Por el momento, la comisión está en etapa de recolección de información, y evalúan la posibilidad de incorporarla a las causas ya existentes o presentar otras. “Ya hay algunas denuncias radicadas en ámbitos de la Justicia Federal en distintos lugares, así es que el relevamiento que estamos haciendo de la información eventualmente puede ser volcada a cada una de esa causas, o eventualmente formular una denuncia desde la comisión a partir de los datos que se recopilan. Ello, si es que surge acreditada la hipótesis delictiva que en principio ronda sobre estas cuestiones de naturaleza provincial, pero que se expanden”, dijo Domínguez.

“Los cuatro representantes nos mantendremos en contacto y está previsto que el próximo jueves nos volvamos a reunir”, adelantó Villate.