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“Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, no sólo tuvieron el escenario de las mesas de torturas o los vuelos de la muerte, sino también se combinaron con acciones en despachos alfombrados y mesas de directorios de grandes empresas, con actores civiles tan responsables en su conducta criminal, como aquellos que manejaban las picanas”. La descripción forma parte del extenso escrito de más de 200 páginas que presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 21 de septiembre de 2010 ante el Juzgado Criminal y Correccional federal N° 3 de La Plata.  El documento-que lleva la firma del entonces Secretario Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Luis Alén- fue la base para presentarse como querellantes en la causa que investiga la apropiación irregular de Papel Prensa, la principal productora de materia prima para diarios y revistas, durante la dictadura. El patrocinio recayó en el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro Da Rocha. El documento fue la punta del ovillo para que la transferencia del paquete accionario de la empresa comenzara a investigarse como delito de lesa humanidad.

Desde ese entonces, la única querella que representa al Estado reclamó a la Justicia de manera incansable la indagatoria de Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Desarrollo industrial Raymundo Podestá. También pedía que sean interrogados los directivos de los diarios Clarín, La Razón y La nación y de la firma que conformaron para el traspaso (FAPEL): Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y los Peralta Ramos. Cuatro años y medio después del reclamo inicial, hoy llegó el pedido de indagatoria de la mano del fiscal Federal Leonel Gómez Barbella. El funcionario convocó a declarar a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Gainza Paz y Podesta. El resto de los involucrados falleció en el camino.

Amenazas y operación mediática

La presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue contundente: “la apropiación de “Papel Prensa” se inscribe en aquel propósito, pero también en el de ejercer a través de los socios civiles –en este caso los directivos de “”Clarín”, “La Nación” y La Razón”- el control de la prensa escrita en todo el territorio nacional, a través del axioma de que “el que controla el papel controla la información”. El escrito expone un amplio  material probatorio que incluye declaraciones testimoniales, comunicados del gobierno de facto y notas periodísticas.

“David, vendé Papel Prensa porque te costará tu vida”. La frase la relata Lidia Papaleo en una carta que presentó ante la Secretaría de Comercio Interior el 2 de agosto de 2010. Según ella, se lo había advertido a su marido un empresario mexicano.  Poco tiempo después Graiver murió en un sospechoso “accidente” de aviación en México. David Graiver era la cabeza de la empresa Papel Prensa. Después de su muerte, vinieron las amenazas y el hostigamiento a su familia.  “Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de PAPEL PRENSA no se hubiera llevado adelante”,  asegura el documento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además de las amenazas a los familiares, el escrito plantea que los medios interesados llevaron a cabo “una cuidadosa preparación mediática” para la apropiación ilegítima. Con las citas de tapas y notas de los tres matutinos se prueba cómo estos medios intentaron instalar lo que denominaron el “caso Graiver” y la supuesta “necesidad de investigar al grupo” económico al que ligaban con maniobras ilegales y con Montoneros.

Las declaraciones y presentaciones que se mencionan en el documento ilustran  quiénes participaron en la operación de compra-venta de las acciones de Papel Prensa. Señala el texto: “Acreditando que se realizó en un contexto de amenazas y presiones de todo tipo, buscando que se concretara la venta a los diarios “Clarín”, “La Nación” y “La Razón”, cuyos directivos tuvieron directa y personal participación en los hechos. Tanto es así que de manera directa y explicita, Héctor Magnetto amenaza de muerte a Lidia Papaleo a fin de que firme la compraventa y Peralta Ramos le aseguró que en caso que firmara la operación no le sucedería nada –es decir no lo privarían de la libertad o desaparecerían”.

Torturas y "blaqueo"

El 2 de noviembre de 1976, a la noche, se firmaron los boletos de compra-venta entre los integrantes del grupo y FAPEL S.A, la firma adquiriente. FAPEL S.A., cuyo contrato constitutivo aprobó la IGJ el 12 de febrero de 1976, fundada por Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria, Magnetto, Bernardo Sofovich, los Peralta Ramos y Herrera de Noble. FAPEL S.A. tuvo como Presidente a Manuel José Benito Campos Carlés y Magnetto era su vicepresidente.

El acoso a los Graiver no terminó con la venta. Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, su esposa Lidia Brodsky, Jorge Rubinstein, Rafael Ianover, Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Silvia Fanjunl (empleada de los Graiver), Lidia Gesualdi (secretaria) fueron llevados a distintos centros clandestinos de detención. La mayoría sufrió torturas y luego fueron “blanqueados” a disposición del Poder Ejecutivo.

MFA/AF