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En el Ejército se conoció como Centro Sheraton y los represores lo bautizaron así porque tenía la particularidad no sólo de ser una exclusiva zona de secuestro, tortura y detención sino, también, porque pasaron personalidades como el guionista y escritor Héctor Oesterheld -cuya esposa, Elsa, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, acaba de fallecer a los 91 años-  y el sociólogo Roberto Carri, el cineasta Pablo Szir, la ex legisladora porteña Delia Bisutti y el ex cura Juan Marcelo Soler, entre otros. Entre octubre de 1976 y octubre de 1978, parte de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido de La Matanza, funcionó como un centro clandestino de detención a la orden del Primer Cuerpo del Ejército. El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio la primera causa por crímenes en el centro clandestino “Sheraton”. Es, además, un tramo de la megacausa  de Primer Cuerpo de Ejército.

Hay cuatro militares y dos policías imputados: el general de brigada Héctor Humberto Gamen; los coroneles Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Luis Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, y los comisarios de la Bonaerense Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano. Héctor Oesterheld fue secuestrado el 27 de abril de 1977 en La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y luego fue trasladado al “Centro Sheraton”, donde habría permanecido hasta su muerte en 1978.

Desde el juzgado de Rafecas confirmaron a Infojus Noticias que los imputados están acusados por la privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a una veintena de personas. El ex coronel Juan Manuel Costa también había sido procesado pero falleció. En la elevación a juicio, el juez explicó que, a diferencia de otros centros clandestinos del Gran Buenos Aires,  el “Sheraton” tenía rasgos excepcionales. “Es importante entender que no fue un espacio central ni paradigmático de la represión en la zona, pero sí dependía operativamente del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela y su característica fue que los secuestrados podían escribirse cartas con sus familias y aún visitarlas en compañía de sus represores, que de regreso al centro los torturaban”, explicó un secretario del juzgado.

El “Sheraton”, en rigor, fue un centro donde operó un “doble rango”: por un lado, darle una especie de “libertad” de tránsito y de comunicación a los detenidos ilegales –a los que se dejaba circular sin capuchas ni esposas-, que incluyó salidas para visitar a familiares; y por otro, la consecución de los tormentos más atroces, como sesiones de torturas y la desaparición de personas que habían recibido tales beneficios. Esa ambivalencia habría desconcertado a los detenidos, que también fueron obligadas a realizar informes de situación para la dictadura.

“Las condiciones de cautiverio eran menos duras que en otros y entonces se producía un relajamiento, porque se permitían cosas que los detenidos no podían contemplar, porque muchos de ellos habían pasado por otros centros como el Vesubio donde la extrema crueldad no podía soportarse. Entonces, cuando de repente los represores los empezaban a torturar, de un momento para otro, o se los llevaban para hacerlos desparecer se producía una especie de impacto psicológico aún más duro de afrontar que cuando estás acostumbrado al horror”, describieron desde el juzgado a Infojus Noticias.                                     

En su resolución, además, el juez sostuvo que el área de Inteligencia del Ejército tuvo un rol fundamental, “no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de objetivos”. A su vez, valoró el significativo aporte del S-3 u Oficial de Operaciones, en tanto “el grupo por él  comandado se habría abocado a la planificación de operativos, surgidos de la labor de inteligencia”.

La causa había peligrado tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, hasta entonces el único acusado con vida. Carlos Martínez, jefe del Batallón 601, era el otro, pero había muerto un mes antes.  Pero, en 2013, Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por secuestros y torturas. El renovado impulso a la investigación provino de certezas: la que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983. La reconstrucción de los hechos en esa línea, entonces, tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre aquellas altas esferas y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.

Dos piezas claves de la represión

La pesquisa demostró que la estructura burocrática preestablecida de las Fuerzas Armadas se combinó con la estructura clandestina que se creó exclusivamente para los secuestros, las torturas y las desapariciones. Según la explicación de Rafecas, las “planas mayores” son los cargos ubicados en unidades burocráticas de “menores dimensiones”. “La inexistencia de grupos ajenos a las Fuerzas Armadas o de seguridad en la perpetración de los hechos, la creación de centros de detención bajo el mando de dichas fuerzas y la utilización de espacios oficiales para el alojamiento de detenidos permite sostener que aquellos que funcionalmente detentaron lugares formales claves, como el oficial de Inteligencia, el oficial de Operaciones, y en definitiva las Planas Mayores de las unidades bajo las cuales funcionaron centros clandestinos no podrían haberse encontrado ajenos a los hechos”, justificó Rafecas en el documento de procesamiento.

Baume y Battafarano eran, entre 1976 y 1978, subcomisarios que estuvieron a cargo de manera sucesiva de la dependencia en la que funcionó el Sheraton. El primero fue procesado por cinco privaciones ilegítimas de la libertad y dos casos de aplicación de tormentos. El segundo, por diecisiete secuestros y siete casos de torturas. El control militar del centro clandestino estuvo a cargo, según concluyó Rafecas, del coronel Antonino Fichera, que está muerto; de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor, Costa y Rodolfo Godoy; del entonces oficial de Inteligencia Cunha Ferré, del oficial de Operaciones Roberto Godoy y del coronel Gamen, quien tenía bajo su mando a la Subzona 11 del Ejército.

Costa quedó procesado y estuvo detenido hasta su fallecimiento por mantener en cautiverio a diecisiete personas y torturar a ocho. El procesamiento de Rodolfo Godoy corresponde a su responsabilidad directa en nueve secuestros y cuatro casos de imposición de tormentos. Rafecas da por probada la responsabilidad de Cunha Ferré, a quien el dictamen señala como el verdadero jefe del Sheraton en base al relato de sobrevivientes y el reconocimiento fotográfico respecto de 14 privaciones ilegítimas de la libertad y siete casos de tortura.

Roberto Godoy y Gamen, considerados por el juez federal como “piezas clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, serían responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8. Según precisaron fuentes judiciales, su rol fue “fundamental no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales”.

El juicio oral y público estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Capital Federal, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. Se trata del mismo que ya dictó condenas en la causa Automotores Orletti y que está sustanciando la causa Plan Cóndor.

JMM/RA