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Por orden del juez federal de Morón Juan Pablo Salas, esta madrugada se hizo la reconstrucción de cómo murió Luciano Arruga. El objetivo es saber qué pasó la noche del 31 de enero de 2009, cuando el joven de La Matanza fue visto por última vez, y cómo llegó hasta ese lugar. La identificación del cuerpo hace poco más de un mes, que estuvo enterrado como NN en Chacarita, empujó una batería de peritajes y testimonios. La reconstrucción, guiada por dos de los testigos claves, era una de las medidas pendientes. La pista de la policía bonaerense, vinculada a prácticas históricas de hostigamiento y persecución de las que Luciano había sido víctima, es la principal hipótesis de la investigación por su desaparición forzada.

Eran las 2 de la madrugada cuando efectivos de la Policía Federal cortaron la avenida General Paz a la altura del kilómetro 16. El operativo se llevó a cabo con tanto hermetismo para evitar filtraciones, que ni ellos mismos sabían el motivo del corte. El juez eligió ese horario para que los testigos estuvieran en las mismas condiciones que el día del choque. La reconstrucción, a cargo de la división científica de Gendarmería Nacional, se concentró en el carril derecho que va hacia el Riachuelo, cerca de la bajada a la Avenida Mosconi, (continuación de Emilio Castro del lado de provincia). Allí estuvieron los abogados de la causa, Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Vanesa Orieta, la hermana.

El adolescente de 16 años fue visto por última vez a la 1.30 de la madrugada, a pocas cuadras de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. Iba a ver a su hermana, pero nunca llegó. Se presume que fue detenido en ese trayecto. Horas después, a las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la autopista, en la zona que divide Lomas del Mirador de Mataderos. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde murió al día siguiente tras una operación. Luciano no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. Por su muerte se abrió una causa que se caratuló como homicidio culposo en el Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción N° 16. El conductor que lo atropelló declaró ante la Justicia y fue sobreseído. Fue el primer  testigo en aportar su relato para la reconstrucción. 

Esta madrugada, durante el procedimiento, ese conductor contó paso a paso lo que recordaba del accidente. La Policía Científica de Gendarmería usó un auto y un muñeco para recrear los hechos. Un joven  ocupó el rol de Luciano. El conductor dijo que el primero en llegar al lugar fue un motoquero. Después, un móvil de Autopistas del Sol, concesionaria de la autopista, y policías de la Comisaría 42. Por último, la ambulancia del SAME. “Me llamó la atención. Me dio impotencia ver a las ambulancias de Vittal del otro lado y que no vinieran. Le pedí al policía que los llamara y dijo que ya había avisado al SAME”, expresó el hombre.  Cerca de donde fue el accidente hay un puesto sanitario, pero no intervino ese día. En la bajada de General Paz se ubica una garita policial, que tampoco actuó.

Después del testimonio del hombre que atropelló a Luciano, fue el turno del motociclista que se detuvo y trató de frenar el tránsito. Su testimonio es clave para la reconstrucción de los hechos: tuvo una visión estratégica de la situación desde antes del choque.

Cruzar la General Paz desesperado

Según los testigos, Luciano cruzó la General Paz corriendo. “Corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”, dijo el conductor. Para llegar ahí, se estima que Luciano podría haber trepado un terraplén de césped y saltado el guardarraíl. O bien podría haber descendido de un auto sobre la misma autopista. Pero las preguntas siguen abiertas: ¿por qué alguien elegiría cruzar en una zona tan inhabitual y peligrosa, pudiendo cruzar por debajo o por un cruce peatonal cercano? Luciano conocía bien la zona: vivía a 20 cuadras de ahí.

"No cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Hay que saber la verdad", dijo Vanesa, hermana de Luciano, el día que se anunció el hallazgo en una conferencia en el CELS. Desde un primer momento, Vanesa y su madre denunciaron que las fuerzas de seguridad estaban detrás de la desaparición. “Conociendo los abusos de parte de muchos uniformados, temo por la vida de Luciano”, testimonió la hermana del chico a los quince días de iniciada la búsqueda.

Tres meses antes de su desaparición, el joven habí­a estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador. En esa oportunidad, su hermana había ido hasta esa dependencia a buscarlo. Lo escuchó gritar y supo que estaba siendo torturado. Por esa causa hay un policía detenido que será juzgado el año que viene. El año previo a su desaparición, Luciano también había sido retenido por averiguación de antecedentes. Las detenciones arbitrarias están documentadas en la causa. “Ahí dónde los veían a los pibes del barrio, la policía los llevaba al destacamento”, declaró un amigo de Luciano.

El día del accidente, un testigo declaró que lo vio dos horas antes en otro destacamento policial de Lomas del Mirador. Esa noche, uno de los patrulleros de esa dependencia no emitió registro de posicionamiento.  Los móviles salieron de la cuadrícula que les correspondía. El registro de entradas de la dependencia fue adulterado, según se desprende de la investigación.

Los funcionarios que no investigaron

En principio, la causa por "averiguación de paradero" de Luciano Arruga fue tramitada por las fiscales de La Matanza Roxana Castelli, Celia Cejas y el juez de Garantías N°5, Gustavo Banco. Hoy afrontan la apertura de un juicio político por delegar la investigación en la policía, principal sospechada de la desaparición, y luego haber intervenido las líneas telefónicas de la familia, entre otras irregularidades. En febrero de 2013 el expediente pasó al fuero federal de Morón como “desaparición forzada”.

En abril de 2010, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron apartados del destacamento por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Sin embargo, para julio ya estaban reubicados en otras jurisdicciones. Después de idas y vueltas, en 2013 volvieron a pasar a disponibilidad, por la presión de los familiares de Luciano.

La identificación del cuerpo se logró luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN.