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En el juicio por la represión que en 2001 marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa, declararon como testigos los jefes de las superintendencias de Policía Científica y Bomberos de la Federal, que ese 20 de diciembre delegaron parte del personal a su cargo para el operativo que dejó muertos y cientos de heridos en las calles del centro porteño. Ambos coincidieron: la orden de hacerlo la recibieron ese día, en horas del mediodía, en una reunión que convocó el entonces jefe de la Federal, el ex comisario Rubén Santos.

En este debate, Santos, y sus subordinados los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, están acusados por los homicidios culposos de cinco manifestantes. Y además, por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos y por abuso de autoridad, al no haber actuado para impedir esos asesinatos. 

Los ex comisarios ingresaron en la sala de impecable traje, y en general fueron escuetos en sus declaraciones. El retirado Agustín Divenosa, jefe de Bomberos en 2001, y el entonces superintendente de la Policía Científica, Roberto Giacomino, confirmaron que ese día el jefe de la fuerza, Santos ordenó que todo el personal policial estuviera a disposición. Y contó que el jefe de la fuerza, durante esa jornada, contó en su despacho con el “Cronos, un sistema de comunicación directa que habitualmente usaban para comunicarse de manera directa con los superintendentes, sobre todo con los operativos”.

El comisario retirado Oscar Sayago, integrante en 2001 de la Superintendencia de Asuntos Internos, ratificó lo que dijeron sus colegas. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), Sayago contó que recibieron un memorándum para que el personal se mantuviera “en apresto”. Es decir: que permanecieran en la dependencia a la espera de otra directiva, como podría haber sido participar con brigadas callejeras en la represión.

Los defensores preguntaron si esa fue una orden o un pedido y Giacomino fue contundente:

-El jefe de policía ordena -dijo.

El 23 de diciembre, con el cambio de gobierno, Giacomino reemplazó a Santos en la jefatura de la Federal, pero no dio orden de investigar lo ocurrido. Ante el tribunal que preside José Martinez Sobrino contó que no lo hizo porque se vio superado por una serie de “disturbios” y porque los reclamos sociales continuaron.

Con antelación, el jefe de bomberos explicó que ese 20 de diciembre, las órdenes vinculadas al operativo se transmitieron a través de la Superintendencia Metropolitana vía la Dirección General de Operaciones, a cargo de Andreozzi y Gaudiero, respectivamente. Así, quedó confirmada la participación de los tres ex policías imputados en los escenarios donde se gestó el operativo represivo.

Las brigadas operativas de Asuntos Internos

El del Alberto Márquez es el único crimen de los manifestantes asesinados ese día que encuentra a los que dispararon el gatillo en el banco de los acusados: son nueve ex agentes de Asuntos Internos de Federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco, y dispararon contra un grupo de personas que se guarecían del sol y descansaban de las corridas (por los flujos y reflujos de manifestantes que pese a la sangrienta represión, intentaban volver a la Plaza de Mayo, alentados por la consigna “que se vayan todos”).

Esta tarde, el entonces jefe del departamento de investigaciones judiciales de Asuntos Internos, el comisario retirado José Antonio Portaluri, confirmó que, pese a no ser una de sus actividades más frecuentes, ese día salieron a la calle brigadas conformadas por integrantes de la dependencia. Aunque no pudo confirmar que Oliverio, entonces jefe del departamento Control de Integridad Personal, estuviera a cargo.

El ex policía afirmó tener experiencia en operativos en la calle y explicó que ese día vio a “muchachos muy jóvenes en peligro”, en alusión a un grupo de policías que custodiaba edificios e impedía el avance de los manifestantes en las inmediaciones de la avenida de Mayo, cerca de la Casa de Gobierno. “¿Peligro para quién?”, le preguntó el abogado defensor Marcelo Rocchetti. “Para ellos y para la gente (los manifestantes)”, dijo Portaluri. Y agregó: “El hombre que está en la calle con un arma tiene un elemento de muerte”. El ex policía, encargado entonces del vínculo con el poder judicial, contó que después de ese día, y por orden de la jueza María Servini de Cubría, diligenció algunas de las actuaciones que formaron parte de la instrucción de esta causa.

Ese 20 de diciembre, antes que De la Rúa dejara la Casa Rosada en helicóptero, los heridos en las calles del centro porteño fueron cientos, los muertos por las balas policiales cinco: Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, y Diego Lamagna. Este es el primer juicio en el que autoridades políticas -democráticamente elegidas- deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando.

De los más de 500 testigos citados ante los jueces -José Martínez Sobrino como presidente del tribunal, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (como juez sustituto)- estos son los primeros que pueden dar pistas sobre las responsabilidades políticas y cómo se gestó la represión, aunque aún no han hecho referencia al papel del entonces secretario de Seguridad de De la Rúa, el radical Enrique Mathov (único político imputado por estos hechos). Las audiencias de este juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, se desarrollan desde el mes de febrero, los días miércoles y viernes en la sala SUM, en los tribunales de Comodoro Py.