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Una coalición de media docena de ONGs definió como un “gran paso” la reforma del Código Procesal Penal.  “Salda una deuda histórica de la justicia federal al reemplazar el sistema inquisitivo imperante en la actualidad por el que exige la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, sostuvieron las organizaciones en un documento que lleva la firma de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Observatorio de la Justicia Argentina, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación de Pensamiento Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

“Hubo un diagnóstico compartido de que la justicia presenta problemas y que hay que reformarla, y también un consenso en que el sistema acusatorio es saludable, particularmente para la justicia penal”, indicó a Infojus Noticias el abogado Raúl Salinas, del área de Cárceles y Política Penitencias del Inecip.

Bajo el título “Un gran paso para construir el sistema de justicia penal que marca nuestra Constitución”, las ONGs señalaron que la reforma “significa un gran paso para el funcionamiento eficaz y democrático de la Justicia” y destacaron que fue el nuevo Código Procesal Penal recoge “los antecedentes promovidos en todo el país y la región en los años de vida democrática”. Sobre esa base, consideraron que “debería ser el primer paso para la elaboración de una respuesta institucional integral a algunos de los más grandes problemas del sistema de administración de justicia”.

El consenso logrado por las asociaciones de abogados tiene antecedentes remotos. Entre ellos se encuentran los documentos conjuntos sobre la Corte Suprema de Justicia. En 2003, difundieron una serie de documentos titulados “Una corte para la democracia” y “Un ministerio público para la democracia”. Allí se enumeraban muchas de las propuestas que luego fueron implementadas por la administración central como los métodos para designación de los miembros del Máximo Tribunal.

El nuevo Código Procesal Penal “forma parte de los nuevos instrumentos que los sistemas democráticos necesitan para enfrentar con inteligencia, consistencia y —sin tirar por la borda la libertades públicas— los nuevos fenómenos criminales que sufre la sociedad”, señalaron las ONGs en el documento que difundieron esta tarde.

Pero advirtieron algunas preocupaciones sobre “la limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil; una regulación limitada de la querella en casos colectivos; la ambigüedad para decidir acerca del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva; la política migratoria versus la suspensión del juicio a prueba; la falta de regulación de la mediación penal y la falta de regulación del juicio por jurados”.

“Sobre ese horizonte deben darse las discusiones referidas al proceso de implementación. Llevar a cabo esa tarea con la estructura y organización judicial del sistema actual, que data de hace más de 150 años, será una empresa ardua y un gran desafío. En este sentido, llamamos a todos los actores institucionales y políticos a llevar adelante una discusión seria y responsable, alejada de intereses coyunturales y con una exposición transparente sobre el fin perseguido por cada uno de los sectores involucrado. En particular, advertimos sobre la necesidad de una pronta puesta en vigencia de la nueva normativa, subrayaron.