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“Entre 2010 y 2012 el 80 por ciento del presupuesto de ACuMaR fue aportado por el Estado Nacional. Cuando lo que corresponde es que sea un 50 por ciento Nación, 25 provincia y 25 Ciudad”, dijo Mussi. Torres, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº12, le cedió la palabra a la representante del gobierno de la ciudad, Silvia Vázquez. “La ciudad integró el cien por ciento de los fondos comprometidos”, dijo. Según Vázquez, los aportes deberían depender de la “incidencia en las decisiones y en el gasto” que tiene cada gobierno en ACuMaR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo). “Un tema que todavía no se discutió”, dijo. 

 

A su turno, Gimena Camaño defendió la postura del gobierno de Daniel Scioli. Dijo que la provincia este año no aportó un peso de los 162 millones aprobados en el Presupuesto 2013 pero que ya están hechas las gestiones para que en el mes de julio se depositen los primeros 15 millones.

 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, celebró que el debate haya sido público y hayan podido participar vecinos de las zonas afectadas. También acompañó el reclamo de Juan José Mussi y recomendó a los gobiernos de provincia y ciudad que aporten “los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, la realización de las acciones comprometidas para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 y la ejecución de las actividades previstas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental".

 

Según se precisó en el comunicado, "el presupuesto plurianual 2012-2014 de la Acumar preveía que los aportes presupuestarios serían integrados en un 50% por la Nación, 25% por la Ciudad y 25% por la provincia. No obstante, sólo el Estado nacional efectivizó los mismos, ya que la Ciudad comprometió un aporte menor al porcentaje correspondiente y la provincia no integró los fondos comprometidos alegando dificultades financieras".

 

En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva en la Causa Mendoza, iniciada en 2004 por un grupo de vecinos contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas que vertían residuos en el Riachuelo. En un fallo histórico, la Corte estableció que los tres Estados eran responsables de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del medio ambiente (agua, aire y suelo) y la prevención de los daños a futuro.

 

El 19 de diciembre pasado el máximo tribunal dejó a cargo del juzgado de Torres el control de los contratos firmados por las empresas involucradas y la ejecución presupuestaria de las obras  de provisión de agua potable y tratamiento de basura.

 

El debate por los fondos de ACuMaR fue el último tema discutido en la asamblea. Antes, las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (Ceamse) hicieron una presentación oral de los informes que previamente habían entregado por escrito. 

 

Sella dijo a Infojus Noticias que va a estudiar detalladamente los informes antes de emitir una opinión al respecto. Y reclamó que sean publicados en Internet para que todos puedan llevar un control sobre las empresas.