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Después de unas seis horas de alegato –con dos cuartos intermedios-, Emanuel Lovelli y Colleen Torre, abogados de la filial de La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron prisión perpetua para 16 de los 21 imputados en el juicio por los crímenes de La Cacha, incluyendo a los agentes de inteligencia del Destacamento 101, los guardias penitenciarios y el ex ministro de gobierno Jaime Lamont Smart.

Los delitos que les atribuyeron son, tal vez, de los más atroces: privación ilegal de la libertad y tormentos agravados –por su condición de funcionarios públicos y por ser sus víctimas perseguidos políticos- sobre seis mujeres embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina de la cárcel de Olmos o alguna cueva cercana –María Elena Corvalán, María Rosa Tolosa, Cristina Marroco, Graciela Quesada, Olga Noemí Casado y Laura Carlotto- y el homicidio agravado de las últimas dos. Los ex efectivos de la policía bonaerense y el marino Juan Carlos Herzberg quedaron fuera de la acusación porque –aclararon los letrados- no estaban involucrados en los delitos contra esas seis víctimas.

Laura Carlotto pasó nueve meses secuestrada allí. En la exposición, los abogados de la institución inscribieron su aparición en la trama de este juicio. “Seguramente, quien entregó al nieto de Estela debe estar sentado entre los 21 imputados”, dijo uno de los abogados esta mañana, en el inicio de una nueva audiencia por los crímenes de La Cacha, antes de entrar de lleno en el tramo más técnico de su alegato. “Es un honor que abuelas y nietos estén escuchándonos aquí, porque hemos tenido conquistas para nuestra institución durante este debate”, agregó.

Sentada en las primeras filas del auditorio, seguía la alocución Estela Barnes de Carlotto, que encontró el 5 de agosto pasado a su nieto, nacido muy probablemente cerca de ese centro clandestino. “Hoy vengo a escuchar estos alegatos con la alegría de haber encontrado a mi nieto, pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror”, dijo la presidenta del organismo al retirarse, sobre una y media de la tarde. “Este tribunal, esta ciudad, han sido un ejemplo de estos procesos, desde que nacieron los juicios por la verdad”, afirmó. Y agregó esperanzada: “la justicia llega, tarde pero siempre llega”. También escuchó el alegato Leonardo Fossati Ortega, un nieto restituido en el año 2005.

En la primera parte del alegato, los abogados Emanuel Lovelli y Colleen Torre lamentaron algunas falencias en la etapa de instrucción del juez federal Manuel Blanco, a quien atribuyeron parte de la responsabilidad de que no hayan sido incluidos los casos de algunos nietos nacidos en las sombras mientras sus madres estuvieron ahÍ: los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, Sebastián Casado Tasca –la Cámara de Apelaciones lo excluyó por no considerar probado que Adriana, su madre, estuvo en La Cacha- y Silvia Cugura Casado.

En La Cacha, el embarazo de las secuestradas apenas supuso un breve alivio para el cautiverio. Su régimen de supervivencia no fue muy distinto al de los demás secuestrados, puntualizaron los abogados, “salvo por una mayor ración de comida o un poco de leche, o por dejarlas caminar un poco por el centro. Y esto no se debía a un rasgo de humanidad de los represores, sino que era para que el embarazo llegara a término para poder robarles sus hijos”, explicaron. “Les robaron la posibilidad de que sus hijos crecieran con sus familias, el primer paso, amamantarlos”.

Sobre los objetivos específicos que tramaban sus captores con el plan sistemático de robo de bebés –cuya existencia fue probada en una causa judicial que tuvo sentencia en 2012-, Torre mencionó al menos dos: “continuar con la desaparición de las madres, porque si los devolvían quedaba claro que las habían tenido cautivas clandestinamente al menos hasta el momento del parto y, por el otro, era otra manera de continuar la ideología que motivó el genocidio”.

Entre las ventajas estratégicas que ofrecía la ubicación de La Cacha -en un predio donde había dos unidades penitenciarias provinciales-, los abogados detallaron dos: por un lado, la seguridad adicional que daban los dispositivos carcelarios –aunque la posibilidad de escape de los secuestrados fuera remota-, y por el otro dos aspectos logísticos: proveían la alimentación y la sala de partos. “Tenían una maternidad a cincuenta metros. No tenían que hacer nada: llevaban a las detenidas a dar a luz, les robaban el niño y las devolvían a su cautiverio, o las mataban, como hicieron”, dijo el letrado. Allí, en la maternidad acondicionada en la cárcel de mujeres, nacieron Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y María Natalia Suarez Nelson.

“La Cacha fue particularísima, porque no fue un sitio oficial del Ejército, no tenía personal asignado, y actuaban distintas fuerzas que no mostraban las internas del ejército y de la Armada, al menos en la convivencia de distintas guardias: la de los “Carlitos” y la de los PCI”. Para la exposición de la querella, la división de roles tenía un fundamento territorial y de clase. Mientras que la Marina participaba de los secuestros de obreros del polo industrial de La Plata, Berisso y Ensenada, el Destacamento de Inteligencia 101 se ocupaba de los militantes urbanos, en su mayoría universitarios.

A partir de la reconstrucción del camino recorrido por los bebés robados de La Cacha hasta sus apropiadores, explicaron los querellantes, pudieron descubrir cómo se articulaban las fuerzas represivas que operaban ahí. El entregador de Natalia Suárez Nelson, nacida por cesárea en la Unidad 8 que estaba pegada al centro clandestino, fue el marino Juan Carlos Herzberg. Por Sebastián Casado Tasca, se supo que su entregador había sido Ricardo Luis Von Kiaw, un teniente general que había cumplido funciones en el 77 y 78 en el Destacamento de Inteligencia 101. El imputado Ricardo Fernández era primo hermano de Samuel Miara, el policía federal que apropió a los mellizos Reggiardo Tolosa, y padrino de bautismo de uno de ellos. El “gato” Agustín Arias Duval –jefe del Destacamento muerto durante el juicio- fue quien le facilitó la gestión de Silvia Cugura Casado, a su apropiador Esteban Santillan, que había revestido en el Batallón 601. “A partir de los entregadores de los chicos, pudimos tender ciertos puentes a los acusados que están juzgándose”, dijo Torre. Ese, dijo, era el fundamento de una conclusión: “no nos quedan dudas que los imputados que están siendo juzgados aquí, al menos conocían el destino de Guido e hicieron silencio hasta el día de hoy”.