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La Cámara Federal porteña resolvió hoy que la jueza federal María Servini de Cubría siga a cargo de la causa por la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya identidad fue recuperada en agosto último. “No compartimos el voto de la mayoría de la Cámara. Nos parece que hay una carencia de argumentos notable. La Cámara se remitió a otros fallos donde había tenido criterios similares, pero casos que son muy distintos a éste, como el de la causa Plan Sistemático”, dijo a Infojus Noticias Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones que consideró "prematura" cualquier decisión referida al envío de la pesquisa al juzgado federal 1 de La Plata, que había reclamado a Servini la inhibición en el caso.

“El argumento principal de esta resolución (que no están determinadas ciertas características del delito), es débil. Porque nosotros entendemos que esas circunstancias siguen sin determinarse debido a que el juzgado no tiene los elementos necesarios para conocer bien el cautiverio de Laura, las características del centro clandestino, las intervenciones que tuvieron los represores. Es, en algún punto, un razonamiento tautológico”, dijo Iud.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, consideraron en un voto mayoritario que "la inhibitoria que se plantea ahora en esta causa resulta prematura porque existen numerosas situaciones de hecho a determinar aún". Horacio Cattani, en cambio, votó en disidencia considerando que el expediente tenía que trasladarse a La Plata, como había pedido el Ministerio Público Fiscal y el juez subrogante Adolfo Gabino Ziulú.

“Coincidimos con el voto de Cattani, que valora como un hecho decisivo el relato de Ignacio de que lo fueron a buscar a La Plata”, dijo Iud. Y agregó: “Nos llama la atención que para resolver la Cámara solo tuvo en cuenta el expediente del incidente, y no la causa principal. De esa forma, no pudieron hacer un control directo sobre las conclusiones de los actores en conflicto”.

Cuando esta causa por la posible apropiación del nieto de Estela se inició, en 1991, quedó radicada en Capital Federal porque en la denuncia, Carlotto afirmaba que tres chicos que vivían en Capital Federal podían ser su nieto desaparecido. En ese momento, Servini se declaró incompetente y argumentó que se debía investigar en justicia platense porque era el lugar donde había estado cautiva su madre, Laura. El fiscal Mariano Ciafardini apeló la decisión de la jueza porque los chicos sospechados estaban viviendo en Capital.

La Cámara Federal, entonces, le dio la razón al fiscal y mantuvo la competencia a Servini. Finalmente, los chicos se analizaron y los resultados fueron negativos. “Allí se observa como el criterio de Servini cambió, y en algún punto también el de la Cámara, porque ahora está claro que Ignacio Guido no vivía en Buenos Aires, sin embargo la causa se mantiene aquí”, concluyó el abogado de Abuelas.

La recusación a Servini

Paralelamente al dictamen de la Cámara, que resolvió que por ahora la causa judicial quedará a cargo de Servini de Cubría, debe resolverse aún la recusación que presentó hace diez días la defensa de Clemente Hurban, el padre de crianza de Ignacio Guido, contra la jueza federal. Quien deberá resolver si la jueza debe apartarse o continuar al frente de la pesquisa, es Marcelo Martínez de Giorgi, titular del juzgado federal N°8. Lo que aún no está claro es si en caso de aceptar el apartamiento de Servini, la causa quedaría en su juzgado o habría un nuevo sorteo.

Hace dos semanas, Servini había citado a prestar declaración indagatoria a Hurban por haber anotado al niño como propio, y también a Julio Luis Sacher, el médico policial cuyo nombre figura en la falsa partida de nacimiento del nieto restituido 114. En la presentación, la defensora oficial de Hurban, Catalina Moccia, pidió suspender la declaración hasta resolver sobre la recusación presentada a la magistrada con el argumento de que habría "prejuzgado" su opinión sobre el caso por declaraciones en la prensa.

Sacher tiene prohibida la salida del país. Es un ginecólogo olavarriense que cumplió funciones desde 1966 hasta 1997 en la policía bonaerense. Él y todas las personas que figuran en la partida de nacimiento están formalmente imputadas y deberían ser llamados a declaración indagatoria, dijeron desde el juzgado.