Delegados de los ocupantes de un terreno en el barrio porteño de Villa Lugano aceptaron anoche una propuesta del gobierno de la Ciudad para que se inicien los trabajos de urbanizacion de la villa 20. Los manifestantes comenzaron a retirarse del predio.Anoche los familiares y vecinos velaron a Osvaldo Soto, el joven asesinado.
Los ocupantes de un terreno en Villa Lugano aceptaron anoche una propuesta del gobierno de la Ciudad para que se inicien los trabajos de urbanizacion de la villa 20 y aceptarían desalojar el predio si obtienen garantías."Mientras nos se nos entregue un documento con el aval del juez y las firmas de las autoridades porteñas, de acá no nos vamos, porque ya nos pasó lo mismo en el (Parque) Indoamericano", dijeron esta mañana a la prensa uno de los representantes de los ocupantes.
A partir de las 8:55 comenzaron a salir las primeras familias del predio tras ser censados por agentes de la Policía Metopolitana y de la Defensoría General de la Ciudad e incluidos en un listado para el futuro plan de viviendas acordado con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, los ocupantes.
El predio, sin embargo, no fue desocupado. Un referente barrial con contacto directo con los delegados de la reunión, contó a Infojus Noticias que el desalojo pacífico por el momento está suspendido. Esta mañana, cuando una gran porción de los ocupantes de la toma habían empezado a levantar las parcelas, una diferencia con otro sector la paralizó. “Esto es normal –dijo la fuente-. Una parte de los delegados llegaron con el acuerdo, y hubo una acusación de que habían sido cooptados por las autoridades para que abandonaran el lugar”.
En ese momento la parte de la toma que estaba de acuerdo en irse, se quedó por recelo a que las negociaciones con el gobierno porteño llegaran a un mejor acuerdo. “Hay un grupo que no le cree al gobierno de la ciudad. Es natural con el antecedente del Indoamericano. Nos prometieron viviendas y yo todavía tengo el papel en un cajíon de mi casa. Quieren que esto tenga mayor seriedad antes de irse”, agregó.
Ariel Camacho, un vecino que no participó de la reunión pero continúa en la toma, aseguró a Infojus Noticias que solo una parte de los ocupantes abandonó el predio. “Algunos están empezando a levantar, aunque son la minoría”, dijo. “Firman la propuesta del gobierno y se van”, agregó. “Pero la mayoría no se va, porque no confía en la oferta. Yo me quedo”, concluyó.
Sobre la avenida Cruz, en la entrada de la toma que anoche ya acogía a unas 600 familias con carpas de todo tipo, el ministerio de Desarrollo Social de la ciudad montó una serie de mesas para levantar los datos de los vecinos que abandonaban el predio. “El gobierno porteño dice que la negociación se cayó. Van a decir que ellos quisieron dialogar y que gente no cumplió con el acuerdo porque no salió antes de las 6 de la mañana. Así van a a convencer a una parte de la opinión pública y justificar una eventual represión. Los vecinos quieren que no les mientan más”, concluyó el referente territorial.
El juez en lo contravencional porteño Gabriel Vega se acercó para hablar con los vecinos que participan de la toma del predio en Villa 20. “Querían una firma mía en el certificado y ahí está” les dijo y pidió que colaboren para que se concrete el desalojo “pacífico” de la zona. “Acá están con sus hijos, hay muchos chicos. No los pongan en riesgo” agregó el funcionario judicial.
El anuncio del acuerdo fue realizado anoche por el procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien aseguró que la asamblea de vecinos ocupantes de los terrenos deberá resolver "antes de las seis de la mañana del mañana" si aceptan o no la propuesta. "En caso de que se acepte esa inciativa acordada con los delegados, deberán desalojar pacífica y voluntariamente el lugar", aseguró Conte Grand.
La propuesta consiste en realizar una descontaminación del predio, ya que fue utilizado durante muchos como depósito de automóviles por la Policía Federal, e iniciar las tareas de urbanización de la villa 20, para lo cual realizarán un relevamiento de las personas que estén en el lugar.
No obstante, Gianna Rodríguez, abogada de los vecinos, aseguró que la propuesta "es de difícil aceptación de parte de los vecinos ya que no se les brinda una solución inmediata de vivienda y porque ya no creen las promesas del gobierno porteño". "Es una situación muy delicada porque se vinculan los derechos de las personas a tener una vivienda digna con los derechos colectivos, por eso la reunión duró más de ocho horas y la propuesta es apoyada por distintos estamentos jurídicos", aseguró Conte Grand.
En tanto, en el predio situado en Pola y Fernández de la Cruz, más de 200 familias aguardaban el resultado de las negociaciones, al tiempo que fuerzas de la Policia Metropolitana, Federal y de Gendarmería realizaban una vigilancia en el lugar.
El conflicto comenzó el lunes por la noche cuando decenas de familias de la villa 20, lindera al predio, comenzaron a ocupar los terrenos de siete hectáreas de extensión, propiedad del gobierno de la ciudad pero que había sido utilizado por la Policía Federal como depósito de automóviles.
El fiscal Carlos Rolero ayer a la mañana ordenó el desalojo, pero luego el juez en lo contravencional porteño Gabriel Vegas instó al diálogo entre funcionarios del gobierno porteño y los vecinos, el cual se concretó ayer, pero los ocupantes rechazaron el acuerdo ya que les exigían retirarse para continuar con las negociaciones.
Los vecinos piden que se cumpla lo acordado en la ley 1770, en la que se especifica que el Gobierno de la Ciudad debe construir viviendas para los habitantes de la villa 20, para lograr la urbanización de ese asentamiento.
Marcelo Chancalay, antiguo aliado del PRO y uno de los protagonistas de la toma, precisó que "todos tenemos derecho a una vivienda digna y en este caso el gobierno porteño es el responsable directo de explicar por qué no puso en marcha leyes sancionadas por la Legislatura". Explicó además que los vecinos "se cansan de promesas inconclusas ya que desde hace 15 años distintas administraciones vienen hablando de urbanizar este predio pero la necesidad de la gente no puede esperar tanto".
Las familias que ocupan los terrenos superan las 200 y en el ingreso por Fernández de la Cruz seguía apostado un grupo de vecinos con palos, a modo de guardia, mientras a unos 300 metros hay efectivos de distintas fuerzas de seguridad en actitud de espera.