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La Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires advirtió al juez Gabriel Vega que evite emitir orden de desalojo sobre los terrenos tomados de Villa Lugano hasta que ese tribunal superior resuelva sobre el amparo presentado por los ocupantes.

El defensor general adjunto de la ciudad, Luis Duacastella, informó a Télam que "cerca de las dos de la mañana de hoy la cámara notificó al juez (Gabriel) Vega que no iba a hacer lugar a otra orden de desalojo sobre el predio de Cruz y Pola hasta resolver el amparo que presentamos en nombre de los ocupantes".

"Tengo entendido que los fiscales le presentaron algunas solicitudes al juez, pero hoy quien decide es la Cámara y habrá que esperar a cómo resuelve nuestra solicitud", agregó.

En ese sentido, explicó que "lo que se planteó en el amparo es que para desalojar hay que saber a quién hay que restituirle los terrenos, y hoy la jurisdicción sobre esos terrenos se está analizando en una causa que lleva la jueza Elena Liberatori, por lo que debería ser ella la que tome el tema".

No habrá desalojo hasta el miércoles

El desalojo había sido suspendido por el pedido de cuarto intermedio de los legisladores porteños y los ocupantes organizados. El recurso presentado por la Defensoría General para evitar el operativo fue analizado cuando ya estaba suspendido el despliegue policial sobre el ex cementerio de autos. La Cámara de Apelaciones consideró que el planteo era abstracto, dado que ya se había aplazado el ingreso de las fuerzas de seguridad al predio y el horario determinado por el juez para el procedimiento había expirado. Sin embargo, los defensores Duacastella y Lousteau tienen tiempo hasta el lunes para presentar los fundamentos del recurso en el que alegaron “gravedad institucional”.

Ayer por la tarde, las partes fueron notificadas por correo electrónico y telefónicamente de que Vega rechazaba nuevamente un pedido de desalojo del fiscal Fel Rolero. Esta vez se remitió al tribunal de alzada (la Cámara), porque el expediente sigue allí y aún no está resuelta la posición del tribunal sobre el pedido de desalojo del fiscal. Para la Defensoría no se puede analizar la “usurpación” por separado del proceso que tramita en el fuero administrativo, ante la jueza Elena Liberatori, y que aborda el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad de la ley de urbanización de la Villa 20.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones es la que intervino en este caso. No tiene plazos para resolver la apelación, pero todo indica que los jueces intentarán actuar con celeridad dada la gravedad y la exposición pública del caso. Si resolvieran el mismo lunes, el tribunal tendría que “pasar vista” al fiscal y cumplir determinados pasos procesales que demorarían al menos una jornada más. Viendo el calendario, en caso de que se procediera a un desalojo y no se diera lugar a los fundamentos de la Defensoría, el operativo no podría ser antes del miércoles.

El juez Vega decidió declinar su responsbilidad sobre las fuerzas de seguridad en favor del fiscal, hasta tanto el expediente vuelva a su despacho y pueda continuar su estudio. “las medidas de seguridad solicitadas por el Sr. Fiscal respeto del predio objeto de la pesquisa, concretamente el pedido de colaboración a las fuerzas de seguridad nacionales, ya no se inscriben en el marco de la ejecución de una orden emanada por el suscripto sino que se encuentran directamente relacionadas con la investigación en curso”, es decir, “se encuentra a cargo exclusivo del Ministerio Público Fiscal”, expresa la notificación oficial, a la que tuvo acceso en exclusiva Infojus Noticias.
 

Cómo sigue la toma

Ayer, Infojus Noticias constató que las 500 familias que permanecen en el predio de la villa 20 ya no estaban rodeadas de Gendarmería y Policía Metropolitana. El aplazamiento del desalojo ordenado ayer por el juez Juan Gabriel Vega, les dio una tregua: unos están pendientes de la merienda de los chicos y otros de delimitar la tierra y levantar una carpa o algo que dé sombra.

El terreno, ubicado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola, fue ocupado el lunes último por más de 200 familias, y algunas aceptaron retirarse del lugar, pero otras decidieron continuar con la ocupación. Si bien el desalojo fue dispuesto ayer por el juez Vega, la suspensión del operativo se dio por la presentación de Duacastella
en representación de los vecinos para que no se concrete.

En tanto, el fiscal Gabriel Unrein denunció que el operativo no pudo concretarse "por falta de colaboración de las fuerzas federales que no cubrieron un cordón que separaba al predio de la villa 20".

Respecto de la solicitud de los fiscales para que la Gendarmería Nacional y la Policía Federal participen del desalojo de esos terrenos, Duacastella apuntó que "el juez fue claro respecto de que es competencia de la policía metropolitana, porque más allá de que no tengan presencia en esa comuna eso no les impidió realizar otros operativos similares con éxito. Además esta no es una causa federal, sino local".

"En esto, un ejemplo puede ser lo sucedido en Córdoba con el levantamiento de la policía provincial. Allí las fuerzas federales no pudieron intervenir hasta que se los solicitó formalmente el gobernador. En este caso, debería ser el gobierno porteño el que las solicite, porque un fiscal local no tiene autoridad para hacerlo", concluyó.

El día después al desalojo fallido

“Ahora estamos pacíficamente, colaborando entre vecinos para cocinar en la olla popular y llevar a cada uno un plato de alimento. Vamos repartiendo agua y preparando la merienda que vendría a ser un vaso de leche”, dijo Cristian, uno de los 30 delegados elegidos por las familias como líderes de la causa. Su trabajo es organizar y transmitir la información diaria a la comunidad.

Comunicaron sus peticiones al gobierno de la ciudad través del Procurador, pero todavía no recibieron respuesta a sus necesidades básicas, dijeron. “Nosotros le pedimos a la Defensoría del Pueblo apoyo en comida, baños químicos, leche en polvo para los chicos y no responden nada. La ayuda hasta ahora vino de la organización Corriente Villera, que colaboró con agua potable y envió mil bidones de 6 litros”.

El lugar aún tiene condiciones precarias y se ven hombres cargando madera de un lugar otro, poniendo clavos para ajustar latas, quitando maleza del terreno con paleas y picos. El terreno es muy irregular y está delimitado con cintas azules, blancas e hilos. Cada uno cuida lo suyo aunque no haya nada seguro. “Yo tengo 5 hijos y 7 nietos y estoy acá porque quiero estar con los chicos. Así que lo único que quiero es un pedacito de tierra, algo para levantar una carpa”.

El predio está dividido en tres zonas por razones de organización. Cada una tiene sus líderes, sus alimentos asignados y colinda con algún árbol grande que las diferencia de las otras. Una de las líderes más impetuosas de la segunda zona es “La Pony”. Su zona tiene 70 familias y está recorriéndola con papel en mano para determinar cuántas mujeres, niños, hombres y ancianos tienen terreno. Es ágil y ahora no tiene tiempo para la prensa, así que envía a su hija.

“La mayoría de nosotros somos laburadores y queremos levantar todo nosotros mismos, no esperar 20 años a un subsidio del gobierno. Si nos dan un sí, urbanizamos y en un año tenemos todo para arriba con casa”, dice la joven que se presenta como la hija de La Pony.

Con ella coincide Cristian quien dice que no quiere convertir el predio en una parte de la Villa 20. “Nuestra idea es que nos cedan el terreno para hacer nuestras casas. No estamos pidiendo subsidios ni nada, queremos urbanizar y no ser parte de la Villa. Queremos hacer calles, pasajes, una plaza, una parroquia y si se puede una salita”.

“Es que acá está la cuarta y quinta generación de la villa y tenemos que salir a buscar techo propio. Ya todos no cabemos en la misma casa”, dice Mirta, una de las encargadas de la chocolatada en la zona uno.