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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación amplió a un millón de pesos la recompensa para las personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual del que podría haber sido objeto o víctima, brinden datos útiles que resulten determinantes para dar con el paradero y la libertad de quienes hubiesen sido víctimas del delito de sustracción de menores durante la última dictadura, permitiendo con la información brindada restituir la identidad de esas víctimas.

 

La Resolución 409, firmada por el ministro Julio Alak y publicada hoy en el Boletín Oficial, indica que quienes quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, al (011) 5300-4020.

 

Hasta el momento se ha logrado la restitución de 110 jóvenes víctimas del delito de sustracción de menores durante el terrorismo de Estado, y aún restan encontrar cerca de otras 400 víctimas. Para colaborar en la búsqueda, la cartera de Justicia y Derechos Humanos acordó en abril de 2013 con las Abuelas de la Plaza de Mayo, el ofrecimiento de una recompensa monetaria para quienes brinden información que permita dar con el paradero y restituir su identidad a las víctimas.

 

Así, en casi un año se recibieron más de 1900 llamados telefónicos desde todo el país y se han presentado a prestar declaración presencial más de 200 personas interesadas en ingresar al Fondo Permanente de Recompensas, mientras otro número importante de ciudadanos han ofrecido información de manera anónima y desinteresada. Los datos obtenidos por esta vía son remitidos a los organismos encargados de iniciar las investigaciones.

 

La Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación destacó en su informe anual que “el flujo de casos ingresados a esta Unidad creció particularmente a partir de la creación del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas y su Fondo de Recompensas para aquellas personas que aporten datos novedosos que posibiliten la restitución de la identidad de un/a joven apropiado/a”.

 

La Resolución conocida hoy aumenta de 100 mil a 1.000.000 de pesos la recompensa ofrecida; en tanto se mantiene la prohibición para otorgársela a los funcionarios o empleados públicos y el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado.

 

Los integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y sus familiares, también quedan exentos del cobro de la recompensa.         

 

Quienes tengan información que permita identificar a los menores sustraídos durante la última dictadura, pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (BUSCAR) al (011) 5300-4020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para más información visitar la página del Ministerio: www.jus.gov.ar