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Adriana Marisel Zambrano vivía en Jujuy y tenía 28 años cuando fue asesinada a trompadas y patadas por su ex pareja. La encontraron muerta en la cama. Su hijita de nueve meses estaba a su lado. Fue en julio de 2008. El hombre fue luego sentenciado a cinco años de prisión por el crimen. Cumplió su condena, recuperó la libertad y ahora tiene contacto con su hija. El caso es una muestra de la situación en la que quedan muchos menores, hijos de víctimas de femicidios. Para la ONG La Casa del Encuentro esos padres no deberían tener más contacto con sus hijos. Por eso, para darle un marco legal a ese tipo de situaciones, hoy presentó el proyecto de Ley “Privación de patria potestad del padre condenado por homicidio agravado”. También dieron a conocer los datos sobre los femicidios ocurridos en 2013.

“La jueza primero le dio una visita por semana y ahora, dos. Va en contra de toda lógica. Jamás escuchó a la nena (que ahora tiene siete años), que no quiere estar con el padre y lo expresa. Se toman a niños como elementos de presión. La justicia ve los derechos del femicida y no ve los derechos del niño que vive con homicida de su madre. Hablamos de femicidas condenados”, dijo a Infojus Noticias Fabiana Túñez, titular de La Casa del Encuentro, que coordina el Observatorio de Femicidios que lleva el nombre de Zambrano.

Precisamente por el futuro de esos menores, para la Casa del Encuentro es clave el desarrollo del proyecto de ley “privación de patria potestad del padre condenado por homicidio agravado, conforme el artículo 80 inciso, inciso 11, del Código Penal”. “El texto es producto del trabajo de un grupo de abogados: hay investigación y recopilación”, dijo Tuñez.  

“Es el borrador de un texto de proyecto de ley, ya que como sociedad civil no podemos presentarlo en la Cámara. Es importante que los legisladores se den tiempo a discutirlo para poder darle sanción. A partir de mañana vamos a llevar una copia del proyecto a la Cámara de Diputados a los distintos bloques para que hagan de ello lo mejor posible. Es un tema que nos involucra como sociedad”.

Entre los fundamentos del proyecto se establece que “es indispensable que el padre que asesinó a su madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos. Así también el hombre que se encuentre procesado por este delito deberá tener suspendido el ejercicio de los derechos que conlleva la patria potestad”.

En el primer artículo, se pide que se incorpore al libro I, sección II, título III del Código Civil el “artículo 307 bis”. El artículo señala que “quedará de pleno derecho privado de la patria potestad el padre que sea condenado como autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de homicidio agravado conforme artículo 80, inciso 11 del Código Penal contra la madre de las hijas o hijos en común con la víctima, respecto de ellos.”

Según el proyecto, se deberá comunicar la condena recaída al juez competente en asuntos de familia a fin de que se promuevan las acciones que correspondan, “debiendo respetarse el interés superior y derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes”. También especifica que deberá darse intervención al Ministerio Público y a un equipo interdisciplinario especializado en chicos, que serán asistidos por un abogado especializado en derecho de la niñez y con perspectiva de género “conforme lo establecido en el artículo 27 de la ley 26.061 y su reglamentación.”

Entre los fundamentos también se resalta: “La Justicia deberá accionar en tiempo y forma logrando así su efecto reparador. Haciendo claro el reconocimiento del dolor de las víctimas y procurando justo castigo al agresor. Toda mora, distorsión u omisión en los debidos procesos de juicio y castigo a culpable tendrá consecuencias directas en los niños y niñas víctimas ya que sumará desamparo judicial a la profunda vivencia de vulnerabilidad. La escuela junto a la familia ampliada (abuelos y abuelas tíos, tías etc.), el entorno social, el vecindario, el club, tienen un papel importante en el acompañamiento y la contención de los menores afectados”.

Femicidios en la Argentina

La Casa del Encuentro también dio a conocer los datos finales de femicidios en la Argentina: cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia de género el año pasado. En total hubo 295 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 39 femicidios vinculados de hombres y niños. La mayor cantidad de víctimas tenía entre 19 y 30 años, seguidas por las de 31 a 50. La menor no alcanzaba el año y trece fallecieron entre los 2 y los 12 años.

En mucho de los casos las víctimas fueron baleadas o apuñaladas, en sus propias viviendas o en las casas que compartían con sus homicidas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron asesinadas por sus esposos, parejas, novios, amantes o ex parejas. En 57 de los casos no se encontró vínculo aparente entre víctima y victimario, mientras que 7 fueron asesinadas por sus padres o padrastros, 22 por otros familiares y 15 por vecinos o conocidos.  La mayor parte de los femicidas tienen entre 31 y 50 años seguidos por el grupo de entre 19 y 30.

De las víctimas, 37 fueron golpeadas, 28 estranguladas y 17 incineradas. 13 degolladas y otras tantas asfixiadas; 9 ahorcadas; 6 descuartizadas; 3 ahogadas y 3 empaladas. Muchas fueron asesinadas en la vía pública, a la vera de un camino, en sus lugares de trabajo. Y varios de los cuerpos aparecieron en ríos, lagos, diques, monte, en el medio de un campo, en una zanja,  en el fondo de un aljibe y en sus lugares de trabajo.

Seis de las víctimas estaban en presunción de prostitución o trata, 11 embarazadas, 2 eran trans y 4, de pueblos originarios. 15 pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.   

La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de lugares con mayor cantidad de femicidios con 89 casos, seguida por Córdoba con 31 y Santa Fe con 28.  En la ciudad de Buenos Aires el distrito que más femicidios registró fue Palermo con 3. Un gran porcentaje de las mujeres ya había realizado denuncias previas y tenían pedidos de exclusión de hogar. En 27 de los casos, las mujeres presentaban signos de abuso sexual.

Las víctimas colaterales de estos crímenes son las hijas e hijos de las víctimas, que ascienden a 405. De ellas 263, son hijas o hijos menores de edad, 80 mayores y 62 de ese total no hay registros de sexo y edad.