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El video grabado con una cámara oculta en una lapicera, donde el ex policía Marcos Casetti contó cómo en octubre de 2007 mató a otros tres en la planta transmisora del Ministerio de Seguridad en La Plata, fue considerado válido como prueba por los jueces que el pasado viernes lo condenaron prisión perpetua. En la filmación Casetti también involucra a Mariano Filippi Medina, hijo de un ex jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, que recibió la misma pena. Las defensoras oficiales Verónica Garganta y María Vigorelli habían pedido que la filmación fuera excluida del debate porque violaba garantías como el derecho a la intimidad; pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata afirmaron que ese ese derecho “no es absoluto”.

Los jueces además explicaron que “a la luz de los avances tecnológicos” la doctrina y la jurisprudencia en los últimos años ha legitimado “la introducción de prueba al proceso obtenida mediante la utilización de dispositivos ocultos tales como micrófonos, fotografía a distancia, aparatos de grabación y cámaras que permiten la obtención de imagen y sonido, sin la percepción de la o las personas cuyo registro se pretende obtener”.

El encargado de filmar a Casetti con la cámara oculta fue Raúl Barnes, un ex policía de la Federal con el que compartía estancia en la Unidad Penal N° 9. Habló sobre los supuestos planes para hacer un atentado en el Ministerio de Seguridad provincial, entonces encabezado por León Arslanian. Contó entonces que el objetivo del ataque era el de robar equipos de comunicaciones para armar una banda de secuestradores y producir un hecho de impacto político a pocos días de las elecciones presidenciales.

Exhibido durante el juicio, en el video  de 58 minutos Casetti dio detalles sobre “el modo” en que Vatalaro y Torres Barboza fueron apuñalados. Para los jueces esa descripción coincide con la dada por los peritos que hablan del  “efecto cascada” de los cuchillazos encontrados en los cuerpos de las víctimas. “Comienzan en un determinado nivel y a medida que el brazo por la fuerza y presión ejercida se va cansado y es que descienden en su nivel”, afirmaron los peritos. "No sabían matar", concluyeron los encargados de la autopsia al describir las heridas.

La madrugada en que los mataron, Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barboza y el sargento Díaz estaban de guardia en la planta transmisora, un gran predio, apenas iluminado, en las afueras de la capital bonaerense. Alejandro no se pudo defender: tenía 36 puñaladas, muchas en la espalda y le dispararon dos veces. “Ricky” -como lo llama su madre, Cielo Barboza- cayó a pocos metros de él. Tenía un disparo en la cara y otro en la cabeza (“con orifico de entrada y de salida”, dijeron los peritos). En su caso los cuchillazos fueron 10. Díaz, después de dispar con su arma reglamentaria, alcanzó a escapar. Su cuerpo fue encontrado fuera del edificio que custodiaban, estaba boca abajo como si en un último intento desesperado por huir hubiera alcanzado a gatear. Tenía dos balazos, uno en el abdomen y otro en el pecho, y los brazos tajeados.

La filmación fue incorporada en la causa por el abogado Alejandro Montone, defensor del presunto barra de Gimnasia y Esgrima La Plata Juan Pablo “Papupa” Córdoba, que también estuvo detenido por el hecho, pero finalmente quedó desvinculado. Casetti intentó desarmar ese relato durante el juicio, dijo que hizo esas declaraciones bajo amenaza y atribuyó la filmación a una maniobra. Pero los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Liliana Torrisi no le creyeron. Afirman que en el video se lo ve “distendido en un diálogo con su compañero, mientras ingiere una suerte de merienda, desplegando una conversación rica en gestos y detalles con su interlocutor”.

Los jueces además señalaron que quien entabla un diálogo con otra persona renuncia “tácitamente” a su derecho a la intimidad y no podría, por ejemplo, evitar legalmente que esa persona preste su testimonio frente a la autoridad respecto de lo que escuchó de boca del interlocutor. Y sostuvieron que “la ocultación del medio técnico utilizado es irrelevante”. “Él hizo una denuncia contra quien lo filmó y esta persona fu sobreseída”, recordó a Infojus Noticias el fiscal Chiorazzi, antes de conocer la sentencia.

Pasaron más de seis años, cinco fiscales investigaron los hechos, dos jueces de garantías los controlaron y después de dos meses de debate, el pasado viernes los familiares de los policías Vatalaro, Torres Barboza y Díaz, se mezclaron en abrazos, aplausos y sollozos tras conocer los fundamentos de la condena que recayó sobre el ex policía y Filippi Medina.

Por unanimidad los jueces calificaron el hecho como “homicidio agravado” por la alevosía con la que actuaron los perpetradores de la masacre, por haber sido cometido para “consumar otro delito y en razón de la condición de policías que revestían las víctimas”, en concurso real con el delito de robo calificado por el uso de armas.