Infojus Noticias

Los vecinos del barrio “Papa Francisco”, levantado en terrenos ocupados de Villa Lugano, siguen en estado de alerta, luego de que la Cámara Penal y Contravencional porteña ratificara anoche la orden de desalojo. “Yo no me voy a ir, me voy a quedar acá. Antes de morirme tengo derecho a tener una casa digna”, contó a Infojus Noticias Aurora, una de las cuatro mil personas que desde hace 23 días ocupan el predio. La jueza María Gabriela Iñíguez recibió esta tarde el expediente judicial y está estudiando la causa. “Hoy no va a haber desalojo”, confirmó a Infojus Noticias una fuente judicial.

“Nos dijeron que estemos atentos por si se produce el desalojo, sobre todo por los chicos”, contó Gladys. En sus brazos sostenía a la menor de sus hijas. La niña tiene dos años y al igual que sus dos hermanas mayores, de cinco y de ocho, es asmática. Hasta hace un mes, Gladys vivía con sus tres hijas en la Villa 20 en una pieza con baño y cocina por la que paga 1500 pesos por mes. “Yo sigo pagando el alquiler, pero hay mucha gente a la que la echaron y no tiene donde volver”, contó la mujer.

En el barrio “Papa Francisco”, ni los vecinos ni los delegados contaban con información oficial sobre el desalojo. Igualmente se preparaban para “resistir pacíficamente”. “Todos se van a quedar en sus casas, nadie se va a mover”, contó una mujer que vive enfrente al terreno tomado, en la planta baja de una casa de la Villa 20.

“Anoche nos enteramos que iban a desalojar, pero yo no me voy a ir, me voy a quedar acá. Antes de morirme tengo derecho a tener una casa digna”, contó Aurora, mientras cortaba las papas en cubitos. Un metro más allá, en una olla gigante se cocinaba un guiso para unas veinte personas. La mujer llegó de Paraguay hace 35 años y se instaló en la Villa 20. Allí vivió hasta el mes pasado con su hija y el hijo de esta, hasta que un grupo de vecinos ocupó el terreno que funcionaba como depósito de autos de la Policía Federal.

En el predio ocupado, en base a una ley de 2005, el gobierno de la Ciudad debe levantar un complejo habitacional para los vecinos. “Estamos cansados de esperar sentados, esta villa está colapsada”, contó Gladys.

Por la tarde, los rumores de un posible desalojo se disiparon. “Nosotros todavía no fuimos notificados oficialmente de la novedad judicial”, explicaron desde la Policía Metropolitana. La magistrada Gabriela López Iñíguez, a cargo de la causa, recibió el oficio de la Cámara Penal y Contravencional. “La jueza está estudiando el expediente”, contó una fuente judicial a Infojus Noticias. “Mañana podría haber novedades”, agregó.

Ayer, el tribunal rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Pública Oficial y autorizó a la jueza a ordenar el allanamiento. El operativo deberá ser llevado a cabo por la Policía Metropolitana con apoyo de Gendarmería y la Policía Federal.