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La jueza porteña María Gabriela López Iñiguez, a cargo de la causa por la ocupación del predio del barrio porteño de Villa Lugano, ordenó conformar una mesa técnica que proponga un plan "para diseñar la forma en que se ejecuta la orden" de desalojo de las más de ochocientas familias que ocupan el barrio Papa Francisco.

Un día después de que la Cámara Penal y Contravencional porteña habilitara a la Justicia de primera instancia la ejecución del desalojo, la jueza emitió una resolución que obliga -en su capítulo 5°- al Ministerio Público Fiscal, la policía Metropolitana y a los organismos porteños afectados al desalojo a conformar una mesa técnica. El texto, además, establece que los ocupantes deberán ser notificados en una fecha anticipada al operativo de desalojo, sin precisar el plazo de esa anticipación.

Los vecinos del barrio Papa Francisco aguardaban ayer el desalojo. En el predio la situación era de tranquilidad, aunque conocida la nueva disposición los vecinos anticiparon que iban a “resistir pacíficamente”. La resolución de la Cámara establece que "el procedimiento deberá ser ejecutado por la Policía Metropolitana", con la cooperación de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional.

Treinta legisladores de la oposición pidieron ayer a la jueza a través de un escrito "una salida dialogada a la problemática de la vivienda" en el predio tomado en Villa Lugano. La nota fue firmada por los bloques del Frente para la Victoria, UNEN, el MST e Izquierda Popular y según el legislador Alejandro Bodart, "la intención es que la jueza sepa que hay otras alternativas" para que la situación "no termine en un baño de sangre".

El titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Javier Gentilini, visitó el predio ocupado y aseguró que fue "a contarle a los vecinos que los legisladores de la oposición seguimos llamando al diálogo al gobierno porteño para evitar la represión". "Lo único que queremos es que el macrismo gobierne y cumpla con la urbanización de las villas, por eso es necesario que formemos una comisión con funcionarios porteños, vecinos, legisladores y con la vicaría de las villas para consensuar sobre el tema y que los vecinos tengan confianza en un proceso de diálogo", indicó a Télam.