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A las diez y media de la mañana empezó en Tucumán el juicio contra dos mujeres acusadas de engañar a una adolescente tucumana de 16 años para que viajara con una de ellas hasta San Julián, en Santa Cruz, donde planeaban explotarla sexualmente en beneficio propio. Entre el público, en primera fila están el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y Carlos Garmendia, el abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón que asiste a la víctima y su familia. Es el primer juicio que en la provincia pone en la mira la trata de personas desde que se sancionó, en 2008, la ley que persigue este delito.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, en la audiencia de hoy. A su izquierda, Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles.  A la derecha, Jesús Salim, legislador provincial.   

En mayo de 2008, después que su prima Verónica Olivera le insistiera varias veces al respecto, María (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) aceptó subir al micro que la trasladaría hasta San Julián, un pueblo al sur de país sobre el que nada sabía. Olivera la convenció con la promesa de conseguirle trabajo como docente en una academia de danzas folklóricas. Esta mañana, tras escuchar la acusación, Olivera dio su versión de los hechos: “yo no tengo la culpa de esto, yo voy a declarar. Cuando ella (María) me dijo ‘quiero volver’, yo le dije ‘volvete’”, dijo e insistió en su inocencia ante los jueces del Tribunal Oral Federal tucumano.

María tenía 16 años y las cosas en su casa no estaban bien, la promesa de un ingreso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la llevaron a aceptar. Pero en medio del viaje, antes de llegar a Córdoba, el micro hizo una parada y cuando siguió a su prima al baño la escuchó hablar con otra persona por teléfono.  Estaba negociando su entrega, la escucho decir que “iban a hacer buena plata con ella” y advirtió que una vez llegada a destino la obligarían a prostituirse.

Olivera ese día se comunicó con la dueña de un prostíbulo conocido como El Lobito, en la localidad portuaria de San Julián. Por un informe que realizó la gendarmería se supo que en ese lugar vivían mujeres que “oriundas de otras provincias” eran explotadas sexualmente por Alicia Taviansky. Era el destino que habían imaginado Olivera y Taviansky para la joven tucumana que, finalmente advertida de la situación aprovechó un descuido de su prima durante el viaje para agarrarle el celular y mandarle un mensaje a su hermana.

Verónica Olivera, una de las acusadas y prima de la víctima, insistió en su inocencia. 

Después de escuchar a Olivera, Taviansky también amplió su indagatoria ante los jueces. Contó que desde el 19 de marzo la “matrícula de su local (“Cabaret San Julián”) pasó de cabaret a pub”. Ante preguntas de la fiscal Valentina García Salemi sobre la explotación de otras mujeres en su local, Taviansky prefirió no continuar con la declaración. Antes había dicho que ella misma “ejerció la prostitución” y que tenía “entradas” en las comisarías de Santa Cruz, donde fue registrada como “Samanta”.

Antes de ingresar a la audiencia, Álvarez resaltó que este debate "es la demostración de que va cambiando la conciencia en la sociedad” sobre el tráfico de personas y la explotación sexual y esto permite que la Justicia actúe. "Argentina, con la lucha de Susana Trimarco y el acompañamiento de la presidenta Cristina Fernández, tomó esto como una bandera", expresó el funcionario nacional.

Los inicios de la investigación

En la provincia donde Susana Trimarco inició la búsqueda de su hija María de los Ángeles Verón y convirtió su lucha en punta de lanza contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, la familia de María supo donde recurrir. Se acercaron a la Fundación María de los Ángeles Verón, que Trimarco fundó para asistir a las víctimas de trata y pidieron ayuda. El equipo de la fundación rápidamente dio aviso a la división de trata de personas de la policía tucumana y estos sus pares en  Córdoba, que pudieron interrumpir el viaje en la capital de esa provincia.

“Cuando las encontraron, en el bolso que llevaba Olivera secuestraron la documentación de la joven menor de edad y el documento y la partida de nacimiento de su hermana mayor, que llevaba para hacerla pasar ella”, dijo a Infojus Noticias Agustín Aráoz Terán, el abogado de la Fundación María de los Ángeles, que representa a la víctima rescatada en el juicio. Aráoz Terán confirmó que en el inicio del debate está previsto que se escuchen  los testimonios de la víctima, de su hermana y de su madre.

“Ella (en alusión a la joven que fue víctima de este delito) quiere contar lo que le ocurrió mirando a los jueces a los ojos; pero está previsto que se tomen las medidas necesarias para que lo haga en condiciones adecuadas, con la asistencia de la psicóloga que la asiste o en cámara gesell, si así lo pidiera”, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

En uno de los locales regenteados por la mujer que había pagado los pasajes de ómnibus. La joven C. fue rescatada antes de sufrir la explotación sexual, por lo que “se va a juzgar la responsabilidad de las imputadas en las fases de captación y traslado”, previstas por la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, explicó el abogado Agustín Aráoz Terán, de la Fundación María de los Angeles, quien representa a la víctima rescatada.

En las audiencias, convocadas para mañana, el 9 y el 10 de septiembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, se espera además que declaren los policías de la división trata que intervinieron en la investigación, unos cuatro o cinco de Tucumán y otros tanto de Córdoba. Y se incorporarán los registros de las escuchas telefónicas al celular de Taviansky, donde habla con mujeres de otras provincias para aceitar la maquinaria de captación y engaño a futuras víctimas e explotación sexual.

La acusada Ana Alicia Taviansky 

A este juicio Taviansky llega detenida –preventivamente–en la cárcel federal de Salta. Su defensor oficial había pedido la excarcelación, pero la Cámara Federal de Casación Penal consideró que existía riesgo de que se fugara y alterara pruebas. Ella y Olivera están acusadas por la responsabilidad en “las fases de captación y traslado”, previstas por la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y serán representadas por un defensor oficial, Ciro Lo Pinto.

“Sobre este punto es importante aclarar que a este delito se lo conoce como “delitos por etapas” o de “resultado cortado”, es decir que para cometerlo basta que se realice sólo una de las etapas previstas en la ley (ofrecimiento mediante engaños, captación, traslado y acogimiento –todo con finalidad de explotación-). La explotación consumada no es un hecho imprescindible para que se lo considere trata, aunque sí es un agravante”, señalaron desde la Fundación María de los Ángeles al dar a conocer la convocatoria al debate.

La acusación en este juicio estará en manos de un fiscal federal subrogante, Leopoldo Peralta Palma, y una representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Valentina García Salemi. Según el cronograma fijado por el tribunal que integran los jueces Gabriel Casas, María Alicia Noli y Carlos Jimenez Montilla se realizarán en Tucumán, a partir de las 9.30 de la mañana.

Informe desde Tucumán: Gabriela Cruz