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El ministro fiscal, Luis De Mitri, consideró equivocada la decisión de los jueces del tribunal oral que en diciembre del año pasado absolvieron a los 13 imputados de secuestrar a Marita Verón, desaparecida desde el 3 de abril de 2002, y obligarla a prostituirse en burdeles de La Rioja. También hay novedades en las causas que involucran los pedidos de jubilación de Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, dos de los magistrados que estuvieron al frente del debate oral que tuvo en el banquillo de los acusados a los esclavistas sexuales. 

De Mitri emitió un dictamen de carácter no vinculante para la decisión de la Corte provincial en el que afirma que en el juicio oral Herrera Molina y sus pares de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, contaron con suficientes elementos para condenar a Víctor Rivero por el secuestro de Marita y a su hermana María Jesús Rivero por haberle dado la orden

En una resolución de 50 páginas, la máxima autoridad de los fiscales tucumanos afirma que también encontró elementos que involucran a los otros 11 acusados. Considera que la hija de Trimarco, tras desaparecer de su casa el 3 de abril de 2002, permaneció secuestrada por Daniela Milhein y Alejandro González, quienes la enviaron a La Rioja para explotarla sexualmente.

También consideró, a partir de las declaraciones de otras mujeres que fueron víctimas de los tratantes, que Marita fue obligada a prostituirse en los prostíbulos "Candy", "Candilejas" y "Desafío", que eran propiedad de la riojana Irma Lidia Medina (que falleció en febrero de este año) y sus hijos José Fernando "Chenga" Gómez y Gonzalo Gómez. Y que contaron para esto con la colaboración del ex policía Domingo Pascual Andrada acusado de “cantar” los allanamientos en los que se buscaba a Marita y de María Azucena Márquez, Humberto Juan De Robertis, Carlos Alberto Luna, Cintia Gaitán.

Las defensas 11 de los acusados, que también habían impulsado recursos de casación contra la sentencia, cuestionaban que se encomendara investigarlos en la Justicia riojana como integrantes de una red dedicada a la trata de personas. De Mitri recomendó a la Corte desestimar todas las objeciones planteadas por los imputados. Hoy las partes están siendo notificadas del dictamen. A partir de mañana —sin contar el plazo de la feria judicial que en Tucumán comienza el día lunes 8 de junio— los integrantes del máximo tribunal provincial cuentan con 90 días hábiles para expedirse.

La jubilación de los jueces, en litigio

Desde la Secretaría Judicial confirmaron a Infojus Noticias que la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Claudia Sbdar, solicitó que se la excuse de entender en la causa contencioso administrativa que involucra el pedido de jubilación de Emilio Herrera Molina, uno de los tres jueces del debate oral en el caso Marita Verón, que intenta evitar el juicio político impulsado por Susana Trimarco.

Herrera Molina había presentado su renuncia en diciembre ante el gobernador de la provincia de Tucumán, con la intención de jubilarse. José Alperovich se la rechazó. Y el juez interpuso el amparo que hoy está pendiente de resolución en el máximo tribunal provincial, donde manifiesta que es el momento de darle a su salud “el descanso que merecía”. En abril de este año, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa, le dio la razón al magistrado. Pero la Fiscalía de Estado en representación del Ejecutivo provincial rechazó el fallo, la causa recaló en la Corte.

Sebastián Grunaver, de la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado, explicó a Infojus Noticias que la Corte ya está en condiciones de resolver. “Solo es cuestión de tiempo, porque toda la Sala Penal se excusó y para resolver es necesario integrarla con jueces de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo”, lamentó.

La semana pasada el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, fue excusado por sus pares y no va a intervenir en la decisión. Actualmente la decisión corre por cuenta del vocal de la Corte Antonio Gaudar, el camarista del fuero contencioso y administrativo, Salvador Ruiz y Sbdar. Pero de prosperar el pedido de la ministra Sbdar, desde la Secretaría Judicial de la Corte, confirmaron que se plantearan problemas para completar la totalidad de integrantes para definir el voto y deberán a recurrir a magistrados de la Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral.

Al de Herrera Molina se suma el amparo presentado por Piedrabuena para que se revea el decreto del gobernador José Alperovich que también rechaza su pedido de jubilación. Esta semana los miembros de la sala I de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo le dieron curso su pedido. Sin embargo desde la Fiscalía de Estado provincial, aseguran que la jubilación de un magistrado se consolida en el momento de ser aceptada por el gobernador, y no ante su mera presentación (como sostienen los abogados de Piedrabuena, que así evitaría enfrentar el juicio político) y se basan en antecedentes que fueron tratados en este sentido en casos resueltos por la Corte nacional. En el fallo sobre el trámite jubilatorio de Piedrabuena, los jueces del contencioso y administrativo le dieron al Ejecutivo un plazo de 48 horas hábiles para cumplirla sentencia. Pero Grunaver afirmó: “Nos notificamos el martes. El fallo aún no está firme, y por eso no aún no corren las 48 horas. Seguro vamos a plantear un recurso de casación para revertir esta decisión, el plazo se vence después de la feria”.