El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata aceptó el pedido del ex fiscal Gustavo Demarchi de ejercer su propia defensa en el juicio donde se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita y coautor de homicidio calificado. La Fiscalía apelará ante la Cámara de Casación porque consideró que al actuar como su propio defensor, Demarchi pondría en situación de “revictimización” a muchos de los perseguidos políticos y familiares de los asesinados que deberán acudir como testigos.
Para el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi las únicas víctimas del terrorismo de Estados son los muertos. Acusado de liderar la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata e imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de cinco homicidios, respondió con ese argumento a la oposición del Ministerio Público Fiscal a que pudiera ejercer su propia defensa en el juicio oral que iniciará el lunes. Es que, para la Fiscalía, que Demarchi sea imputado y defensor a la vez pondría en situación de “revictimización” a muchos de los perseguidos políticos y familiares de los asesinados que deberán acudir como testigos. “Acá no va a concurrir ninguna víctima”, dijo en la audiencia preliminar realizada ayer en la sede del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El Tribunal no dio lugar a la oposición y entonces, se presentó el recurso pertinente en Casación.
En septiembre de 2012, Demarchi llegó a Mar del Plata extraditado desde Colombia donde, un año antes, había sido detenido después de haberse fugado del país. Durante su declaración indagatoria ante el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, fue asistido legalmente por su hijo, Juan Manuel. Más de cinco horas estuvo en el edificio de Viamonte 2128. Sin embargo se negó a declarar. Salió esposado rumbo al penal de Marcos Paz. Ahí tomó la decisión de ejercer su propia defensa en el proceso que se le sigue por delitos de lesa humanidad. Así figura en el auto de elevación a juicio fechado el 12 de diciembre de 2013: “Gustavo Demarchi (en ejercicio de su propia defensa)”.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal federal Laura Mazzaferri –acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero– fundamentó la oposición del Ministerio Público Fiscal con el argumento de que Demarchi en el marco del debate podría interrogar a las víctimas que asistan a prestar declaración ante el Tribunal, integrado por los jueces Elvio Osores Soler, Luis Imas y Víctor Bianco. Tras rechazarse el planteo, la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.
Mazzaferri señaló que el derecho internacional permite la restricción del la auto-representarse cuando sea necesario para el interés de la Justicia, e indica tres parámetros donde ello podría acontecer: “por la obstrucción sustancial y persistente de la debida conducción del juicio; porque se hallen frente a una acusación grave y sean incapaces de actuar conforme los propios intereses; y cuando sea necesario para proteger a testigos vulnerables de nuevas presiones o intimidaciones si fuesen a ser interrogados personalmente por los acusados”.
Al hablar de la obstrucción de los procedimientos, la fiscal recordó que durante la instrucción Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”. A ello, Adler sumó que el ex fiscal se había fugado en medio del proceso, lo que dio lugar luego a la posterior extradición.
En relación al segundo punto, citó el fallo de la Corte “Cano”, que daba cuenta de la imposibilidad de una co-conducción de la defensa por parte del imputado en ejercicio de la autodefensa y la Defensa Oficial, y donde se hizo hincapié en el compromiso de una defensa eficaz por parte del imputado detenido.
Respecto a la posible revictiminzación de los testigos, la fiscal dijo: “Como indicador de una mayor vulnerabilidad de las víctimas, no podemos pasar por alto el hecho de que Demarchi fue el fiscal que no les brindó la tutela judicial efectiva y que intervino así en los homicidios de sus familiares, y ahora podrían ser interrogados por el imputado”.
Luego de que Demarchi ensayara una defensa respecto a la situación de las víctimas que pueden comparecer a declarar, el fiscal general Adler recordó que los familiares de Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo Videla; de Enrique Elisagaray, de Bernardo Goldemberg, de María del Carmen Maggi, de Daniel Gasparri y de Jorge Alberto Stoppani –víctimas de un grupo de la CNU-, también son víctimas. “La sociedad en su conjunto es víctima también del terrorismo de Estado”, remarcó.
Por otro lado, Adler planteó que “en función del control de la ley, es necesario evitar que el juicio sea nulo, si una persona no está en condiciones de defenderse” y mencionó el pedido de arresto domiciliario que solicitó Demarchi por problemas de salud.
De acuerdo a la elevación a juicio, Demarchi “deberá responder como jefe u organizador en el delito de asociación ilícita, y como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más partícipes, hechos que concurren materialmente entre sí”. Con ello, hace referencia a los asesinatos de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos en la madrugada del 21 de marzo de 1975.
Además, está acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi”, quien era decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica.
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