Infojus Noticias

Sólo en los últimos dos años, la sede de la Jefatura de la Policía de Córdoba fue allanada varias veces por diversos casos de corrupción: narcotráfico, venta ilegal de repuestos de autos y hasta espionaje formaron parte de los escándalos que protagonizó la fuerza de seguridad de José Manuel de la Sota. El último, incluso, sumó un rubro: el robo de, al menos, 67 pistolas reglamentarias que salieron del depósito de Armamentos y Equipos ubicado en el subsuelo de la Jefatura. La “fuga” de armas había comenzado el año pasado y se frenó en mayo, cuando cuatro Bersa Thunder nueve milímetros –que debían estar en el depósito– fueron usadas para cometer robos. Según una investigación del fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco, la cúpula policial supo del robo hace cinco meses pero, en lugar de dar intervención a la Justicia, decidió apagar un incendio con nafta: organizó una maniobra para ocultar el delito.

Hasta días atrás, cuando el caso salió a la luz, se trató del secreto mejor guardado de la Policía de Córdoba. Ahora, tres oficiales de la fuerza que se desempeñaban como jefes de áreas y un suboficial están detenidos e imputados por peculado y encubrimiento agravado. Otros 17 efectivos fueron pasados a disponibilidad. Hace una semana, cuando los investigadores ingresaron al depósito, había tanto desorden que caminaban sobre armas. “Pisábamos sobre fierros”, contó una fuente judicial a Infojus Noticias.

El sospechoso de ser el autor material del robo es el suboficial Alejandro Tornavaca, primo del subjefe de la Policía de Córdoba, Mario Tornavaca. Por encubrimiento, están detenidos el comisario mayor Daniel Zambrano, jefe de la División Logística; el comisario Sebastián Vaca, titular de Armamentos; el subcomisario Guillermo Gasser Carrillo, jefe de Exposiciones por Extravío. Son quienes urdieron una maniobra para ocultar el delito.

Hoy, el fiscal Amayusco ordenó mantener por diez días más el secreto de sumario de la investigación. De acuerdo con fuentes judiciales, la prioridad es recuperar las armas. Luego, se abocará a determinar las responsabilidades en la cadena de mando. En las últimas horas, los dos imputados de mayor jerarquía (Zambrano y Vaca) ofrecieron “colaborar” para recuperar el armamento. “Lo que queda por determinar es si el jefe de la fuerza, Julio César Suárez, conocía de la maniobra”, precisaron las fuentes. Según la investigación, hay oficios firmados por él que indican cierto grado de conocimiento.

Al despacho de Amayusco llegaron solicitudes de informes de todas las fiscalías que investigan causas recientes en las que se usaron armas del Estado para cometer delitos. También la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, recibió una denuncia por el arsenal perdido y solicitó un informe al Registro Nacional de Armas (Renar). En caso de comprobarse que las armas fueron vendidas a delincuentes –un delito federal–, la investigación continuará por esa vía.

Las armas

En agosto de 2014, el gobierno de Córdoba compró una partida de 10 mil pistolas Bersa Thunder Pro, las más modernas en su segmento. La anterior compra de armas de envergadura había sido en 2011. Las pistolas estaban en el subsuelo, el área de Alejandro Vaca, que tiene 17 uniformados a su cargo. Pero en mayo, tras el robo en una escuela, una pistola que figuraba en el depósito fue secuestrada en un allanamiento. Luego, fueron apareciendo otras.

El 2 de junio, Vaca ordenó a su personal a realizar un inventario. Faltaban, al menos, 67 pistolas: 50 de la partida de 2014; el resto, de la partida de 2011. Lo correcto hubiera sido realizar una denuncia penal ante la Justicia y notificar al Tribunal de Conducta Policial y al Renar. Sin embargo, nada de eso tuvo lugar. Por el contrario, se tejió un plan para ocultar la situación, que involucró al menos a tres dependencias jerárquicas de la fuerza: Logística, Armamento y Exposiciones por Extravío.

El engranaje comenzó a funcionar cuando Sebastián Vaca, jefe de Armamentos, propuso designar al subjefe de su área, Guillermo Gasser Carrillo, como titular de Exposiciones por Extravío, la oficina donde se hacen las denuncias por pérdida de elementos a cargo de los efectivos. El ascenso se concretó el 17 de junio. Un día después, Vaca denunció el faltante de las pistolas. “Es decir que Gasser Carrillo era el segundo del área donde se produjo el robo y fue quien recibió la denuncia”, apuntó una fuente de fiscalía.

El traslado se hizo gracias a un oficio firmado por Julio César Suárez, el jefe de la Policía. “Si sabía o no el jefe, será objeto de investigación. Todos los empleados que declararon contestaron que no les consta, dejaban al margen la cadena de mando. Pero no sabemos si se trata de algún tipo de pacto”, explicó la misma fuente a esta agencia.

El enroque sirvió para mantener oculto el robo hasta el 31 de octubre, pero el rumor ya corría en las redacciones de los diarios locales. Hasta que Clarín publicó un primer informe sobre el hecho. “No es verídico”, dijo Suárez. “Es un chimento de la interna policial”, declaró el gobernador José Manuel de la Sota.

Recuperar las armas

Para Amayusco, la prioridad en la investigación es recuperar las armas. De acuerdo con la investigación, el encargado de sustraerlas habría sido Tornavaca. Generalmente, las personas que trabajan en jefatura, entran y salen del edificio sin ser requisadas. Así pudo haberlas sacado. Fuentes de la policía contaron a esta agencia que Tornavaca comenzó a tener “conflictos” con sus pares, antes de que el caso saliera a la luz.

En el mercado negro, una pistola Bersa Thunder cotiza alrededor de seis mil pesos. Luego de ser denunciadas, se transforman –como se dice en la jerga– en “armas sucias”. Eso hace que baje su costo y comiencen a circular con numeración limada. “Todos se la van a querer sacar de encima. Un delincuente que tenga una en su poder, corre riesgo de quedar pegado sólo por tenerla”, precisó una fuente policial, que participa de la investigación interna.

Ya en diciembre de 2013, Infojus Noticias había publicado un informe sobre un arsenal desaparecido del depósito judicial del Juzgado Federal de Río Cuarto.

WC/LL