Infojus Noticias

Un fiscal de Pinamar, una jueza de Dolores, un juez porteño, la Dirección de Casos Especiales de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, el área de Delitos complejos de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, sincronizaron 17 operativos en la provincia de Buenos Aires y la capital federal para detener la semana pasada a una banda estafadora integrada por abogados, gestores y escribanos.  

Las primeras denuncias llegaron en el verano de 2011 a manos del abogado Lucas Ventoso. Era el comprador de un terreno en Pinamar que tenía un boleto de compra-venta sospechoso: un anciano de San Isidro le había cedido los derechos a otra persona, que a su vez se lo había vendido al estafado. La operación se había hecho en un estudio jurídico, en presencia de un escribano.  A los pocos días, esa persona llevó a otros vecinos que habían comprado de la misma forma, y tenían los papeles igual de flojos. El abogado Ventoso juntó los casos y los presentó en la fiscalía de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón. Y la pesquisa se inició.

La investigación detectó que los primeros casos se remontaban a 2007, pero eran aislados. En 2010, la banda de estafadores se sintió segura y comenzó a dejar huellas de su accionar. Desde hace cuatro años y hasta la semana pasada, el estudio jurídico donde habían establecido la base de operaciones de la banda –avenida La Plata 992, en la pequeña y apacible Ostende-, tenía una publicidad semanal en la contratapa del diario más tradicional de Pinamar, el “Pionero” y en la sección de avisos clasificados anunciaban más terrenos pero con otro teléfono.

El querellante Ventoso, el fiscal Calderón y la jueza de garantías de Dolores, Inés Elía, reunieron la información suficiente y establecieron el modus operandi de la banda: detectaban terrenos que tenían abultadas deudas impositivas, y usurpaban la identidad de sus dueños: tal vez suponiendo que había muerto o se habían ido del país. “Vendía la posesión –algo que no se vende porque no es un título, es una acción- y una sucesión de derechos con formularios truchos, incluso con formularios judiciales truchos, y hacían todo en un estudio jurídico con escrituras reales y delante de un escribano público, por eso nadie sospechaba”, explicó Ventoso a Infojus Noticias. La banda adulteraba las notificaciones judiciales, los reales propietarios de los terrenos eran declarados en rebeldía y los jueces fallaban a favor de los abogados. La justicia tiene acreditados unos 55 fraudes, pero para Ventoso aún no se sabe cuántos han sido. “Están apareciendo un montón de gente, yo creo que son más 500 casos. Una cifra millonaria”, completó.

Nueve detenidos y el resto, fugados

La semana pasada hubo 17 allanamientos judiciales en el estudio jurídico de Ostende –donde se secuestró documentación que probaría la estafa-, Pinamar, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro y San Martín. Detuvieron a nueve personas  y hay otras prófugas, que fueron procesados por “estafas reiteradas y asociación ilícita”. El fiscal Calderón tiene un año para sobreseerlos o elevar la causa a juicio oral. El abogado Pascual Iacovanelli, que iba dos veces por semana a buscar la recaudación de los fraudes, sería uno de los cerebros de la banda –fue demandado por estafas y sobreseído por la jueza Servini de Cubría- junto con Marcelo Taboada. Eva Puma, es otra de las abogadas detenida, pero fue excarcelada para ir a amamantar a su casa.

Y aún falta, cree la parte querellante, la conexión interna de la banda: todos los terrenos debían grandes sumas de tasas municipales. Aunque también puede ser información provista por el Registro de la Propiedad provincial, Ventoso afirma “que los únicos que contaban con esa información son el área de catastro municipal y apremios del municipio”. Esta mañana, en declaraciones testimoniales en la fiscalía, se habrían mencionado a tres empleados que tenían una comunicación fluida con Iacovanelli.

El abogado del abogado

El último dato sugestivo es el nombre del abogado que defiende a Iacovanelli: Roberto Martin Dávila, el apoderado externo de la municipalidad de Pinamar. Había reemplazado a Carlos Oricchio, director del Servicio Penitenciario Bonaerense en los tiempos de Carlos Ruckauf. Fue miembros de la asociación de magistrados de La Plata y obligado a alejarse del cargo por su complicidad con el destituido intendente de Pinamar Blas Altieri por el escándalo del plan de viviendas repartido entre sus familiares. Dávila llegó al cargo municipal con un lazo sanguíneo de peso: es el hermano de Juan Manuel Dávila, fiscal de flagrancia del Departamento Judicial de Dolores, que investiga al propio Altieri en otro caso de corrupción.