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En el marco de la investigación por supuesta complicidad de la Policía de Córdoba con el narcotráfico, el fiscal federal Enrique Senestrari pidió la exhumación del cuerpo del agente Juan Alós para que se le practique una autopsia en un hospital nacional.

"Le hemos pedido al juez (federal Ricardo Bustos Fierro) que disponga el traslado del cuerpo al Hospital de Clínicas, que es una dependencia nacional", dijo el funcionario en relación con el establecimiento que depende de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Carlos Nayi, abogado de la familia del agente Alós, destacó la importancia de que Senestrari haya tomado distancia de las pericias de la Justicia provincial y haya pedido la exhumación del cadáver. "Es una medida trascendental en medio de un proceso plagado de irregularidades", dijo. Y agregó: "El cuerpo de Alós es una caja de Pandora, que puede mostrar pruebas clave, a partir de una serie de evidencias que han sido detectadas con el avance de la causa".

En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el conflicto de competencia que se había planteado entre la Justicia federal y la provincial y determinó que la primera deberá
investigar la muerte de Alós.

Alós se desempeñaba en la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Su cadáver fue encontrado dentro de un automóvil en la zona del Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, cercano a Alta Gracia, a unos 36 kilómetros de la capital cordobesa. Tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El 9 de abril pasado, antes de que se expidiera la Corte, el juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Avalos, había dispuesto el archivo de la causa al rechazar los recursos planteados por Nayi. Granda Avalos había confirmado la conclusión de Emilio Drazile, fiscal de Instrucción de Alta Gracia, según la cual Alós se quitó la vida, "sin la intervención de terceros, como instigadores o colaboradores" del hecho, dado que el cuerpo no presentaba "lesiones sugerentes de violencia externa o signos de defensa".

Pese a la resolución de la Justicia provincial, Nayi reiteró que "la muerte de Alós estaba vinculada al narcoescándalo", porque "lejos de tener la intención de suicidarse", pensaba presentarse ante el fiscal federal Senestrari "para denunciar irregularidades en Drogas Peligrosas, pero no lo pudo hacer porque lo mataron".

A fines de 2013, el escándalo político e institucional que enfrentó el gobierno de José Manuel de la Sota, derivó en las renuncias del entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del ex jefe de Policía, Ramón Frías.