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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó hoy los procesamientos y la prisión preventiva de los policías imputados en la investigación que vincula a efectivos de la fuerza con el negocio del narcotráfico en la provincia. El fiscal federal Enrique Senestrari, que lleva adelante la causa, también se hará cargo del expediente por la muerte del policía de Drogas Peligrosas Juan Alós. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un pedido de Senestrari y decidió que la investigación, que estaba en manos de un fiscal provincial, pase al fuero federal.

Los jueces camaristas -Ignacio Vélez Funes, José Muscará y Carlos Lascano- confirmaron hoy los procesamientos, embargos y prisión preventiva dictados en primera instancia en contra de seis policías y el civil Juan Francisco Viernes, que actuaba como ‘policía encubierto’. Uno de los imputados es el ex titular de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa. Todos están acusados de los delitos de "asociación ilícita, y privación ilegítima de la libertad". Los policías, además, están imputados por violación de los deberes de funcionario público.

La Cámara, además, rechazó los planteos de nulidad en contra de la instrucción de la causa que llevan adelante el fiscal Senestrari y el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Córdoba.

El “narcoescándalo” tomó estado público a partir de una investigación periodística e involucra a las instituciones del Gobierno de José Manuel de la Sota. La denuncia significó las renuncias de dos ministros de Seguridad y de dos jefes de la Policía de la provincia.

En otra causa vinculada con el narcoescándalo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó el pedido realizado el año pasado por el fiscal Senestrari y determinó que la investigación por la muerte del policía de Drogas Peligrosas Juan Alós, que era investigada por el fiscal provincial Emilio Drazile, pase a manos de la Justicia Federal.

Drazile había cerrado la instrucción y archivó el caso: determinó que Alós se había suicidado pese a los indicios en su contra y las denuncias de su pareja, que insiste en que se trató de un homicidio. El cuerpo del uniformado –involucrado en la causa de los narcopolicías- apareció en un auto con un balazo en la cabeza el 17 de sepriembre de 2013, pocos días después que se difundieran públicamente las irregularidades en la división de lucha contra el narcotráfico.

“Ahora vamos a poder ver la película completa”, dijo el fiscal Senestrari al conocer la decisión de la Corte.