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Cinco delegados gremiales y un afiliado a ATE de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) enfrentan un pedido de juicio por el delito de coacción agravada. En octubre de 2012, Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina, Giselle Mendoza, María Inés Uro y Marcelo Ardetti participaron de un reclamo gremial para impedir los recortes del sueldo “de bolsillo” que afectarían a los trabajadores de Educación. Ahora, el fiscal Tomás Morán solicitó la elevación a juicio de esa causa y podrían tener que responder ante la Justicia penal por un delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión.

En el pedido de elevación a juicio, Morán afirma que el 31 de octubre de 2012 “un grupo de personas ingresó a la fuerza a dependencias privadas, concretamente a los despachos de la titular de la cartera educativa y sus funcionarios, para lo cual debieron forzar puertas y romper vidrios, todo mediante la utilización de amenazas contra la integridad física de quienes se desempeñaban en el área, en especial del por entonces subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Claudio Crissio, a quien obligaron a firmar un acta en la que se reconocía carácter de compensación salarial a las horas extras devengadas, sin poder el funcionario negarse a tal acción”.

“La causa no está en condiciones de ser elevada a juicio”, dijo a Infojus Noticias Marcelo Ponce Nuñez, titular del equipo jurídico del gremio. El abogado explicó que las apreciaciones del fiscal son “vagas y generalizadas” y señaló que “dos de los trabajadores denunciados ni siquiera estaban en el lugar cuando se firmó ese acta”. Ponce Nuñez además aclaró que los únicos elementos que incorporó el fiscal son declaraciones de los funcionarios.

Ponce Nuñez explicó que tres de los trabajadores quisieron declarar durante la instrucción de la causa pero nunca fueron convocados por la fiscalía. Ante el pedido de elevación a juicio, el abogado del gremio presentó un recurso donde explica que además de no tomar las declaraciones ofrecidas por los acusados el fiscal tampoco incorporó al expediente otras pruebas pedidas por la defensa. “Pedimos que se incorporen las grabaciones de las cámaras de seguridad del ministerio de todo lo ocurrido ese día –desde las 8 de la noche hasta las 3 de la madrugada- y la información que se desprende de la cobertura de todos los medios y no solo la del Diario El Día de La Plata, donde solo aparece información aportada por los funcionarios”, dijo Ponce Nuñez. 

En mayo de 2013, cinco de estos trabajadores pasaron una noche detenidos en la alcaidía de los tribunales platenses por orden del juez de garantías César Melazo. A cuatro de ellos los detuvieron cuando salían de una reunión con funcionarios de Educación  para pedir asistencia para los 300 empleados de ese Ministerio afectados por las inundaciones del 2 y 3 de abril en la capital bonaerense. A Marcelo Ardetti lo fueron a buscar a otra oficina del Ministerio donde estaba trabajando. Tres hombres vestidos de civil lo tiraron al piso y le doblaron los brazos hacía atrás para esposarlo. Después lo obligaron a subir a un auto gris sin identificación estacionado frente al edificio y lo llevaron a tribunales. 

Un día después, Melazo dispuso la excarcelación de los cinco trabajadores. Afuera, frente a las escalinatas de tribunales, los esperaban cientos de compañeros y representantes de organizaciones sociales, políticas y gremiales de la región. Ahora, después de transcurridos 17 meses del reclamo y 10 de la detención de los trabajadores, Melazo debe definir si da curso o no al pedido del fiscal para elevar esta causa a juicio.