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Cuando leyó en el diario La Gaceta de Tucumán que una niña violada por su padre biológico y con veinte semanas de gestación había interrumpido el embarazo en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, el abogado Arturo Forenza, apoderado del PRO en Tucumán, se presentó ante los tribunales y denunció a los profesionales de la salud por presunta comisión de los delitos de aborto, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El expediente, caratulado "Personal del Instituto Nuestra Señora de la Merced s/denuncia" quedó en manos de Adriana Reynoso Cuello, titular de la Fiscalía VI de Instrucción en lo Penal. La Casa de las Mujeres “Norma Nassif” pidió el archivo. “Quieren que se investigue un delito que no existe”, explicó Soledad Deza, abogada e integrante la Alianza de Abogad@s por los DDHH de las mujeres. “Lo grave de todo esto es que la información se filtró desde la maternidad“, explicó Deza. Y contó que el denunciante “tenía hasta el número de quirófano donde intervinieron a la criatura”.

Los profesionales del derecho que conforman la Alianza señalaron que “el acceso a los abortos permitidos por ley es una cuestión que involucra los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, que en nuestro sistema tienen jerarquía constitucional”, amparados en un fallo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . El "Fallo FAL" s/medida autosatisfactiva" fue dictado en el caso de una adolescente de 15 años que había sido abusada por su padrastro. Pero en la provincia hay resistencias a una regulación que otorgue seguridad jurídica para el acceso a los abortos no punibles.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se conoció en marzo del 2012, un grupo de legisladores presentó un proyecto para suspender cualquier procedimiento administrativo que garantizara su cumplimiento. “Uno de ellos hasta prevé una ecografía previa y, si el médico duda sobre la violación, lo habilitaría a denunciar a la mujer, contraviniendo el Código Penal vigente. Otro crea un fondo Pro-vida para la mujer en conflicto con el embarazo”, dijo Deza para describir el clima local.

Tucumán es una de las dos provincias –junto con Formosa- que todavía no adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y un territorio donde se plantean acciones contrarias a la resolución de la Corte. La diputada Silvia Elías de Perez (UCR), por ejemplo, presentó un amparo en el fuero contencioso, para que no se implementen los protocolos de acción frente a abortos no punibles.

En el caso de la niña embarazada por la violación de su padre, el trascendido mediático no llegó a afectar sus derechos. El aborto se realizó sin que mediara una denuncia para impedirlo, y la chica contó con la asistencia de un gabinete psicológico. La noticia no sólo generó la denuncia del abogado, sino también una misa dominical organizada por un grupo de ciudadanos frente a la Maternidad, en repudio a la práctica médica.