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La fiscal Adriana Reynoso Cuello, titular de la fiscalía de Instrucción en lo Penal de la 6° Nominación ordenó el archivo de una denuncia contra médicos que realizaron un aborto no punible a una chica de 11 que había sido violada. La resolución sostiene que “el aborto le pertenece a la víctima (de violación), no a la moral estatal”. Con su resolución judicial, Reynoso Cuello, despejó dudas frente a los intentos de sectores conservadores de obstaculizar esa práctica en los hospitales locales e infundir miedo a los médicos que están dispuestos a realizarla, informó el matutino Página/12.

La resolución de Reynoso Cuello reafirmó que el gobierno de Tucumán tiene la obligación de garantizar el acceso a los abortos no punibles, aunque todavía no haya establecido un protocolo para su atención, como exhortó la Corte Suprema en su fallo de marzo de 2013.

La denuncia que ordenó archivar Reynoso Cuello fue la presentada el 22 abril de 2013 por el apoderado del PRO en Tucumán –y ex candidato a concejal–, Arturo Forenza (h), contra profesionales de la salud que días antes habían realizado un aborto no punible en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, a la nena de 11 años que había sido violada por su papá. “El aborto le pertenece a la víctima, no a la moral estatal”, señaló la fiscal, en su resolución.

Forenza, que es miembro de la Sociedad Rural de Tucumán, había pedido que se investigue el delito de aborto, y si hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de los médicos que asistieron a la niña. En 2012 ya había hecho una presentación ante la Corte provincial –que fue rechazada in limine– para frenar el debate en la Legislatura tucumana de la ley que habilitó el voto a partir de los 16 años.

La información sobre el aborto no debió haber trascendido, pero hubo una filtración desde la institución médica y el diario La Gaceta publicó una nota sobre el tema en la que consignó hasta en qué quirófano se había practicado el procedimiento.

En su resolución Reynoso Cuello aclaró que la inexistencia de Guía o Protocolo no obstaculiza el acceso a la práctica médica del aborto no punible; que es deber de los profesionales de la salud realizar ese tipo de procedimientos; que se trata de una intervención legal y que no hay ninguna fundamentación, ni siquiera “el derecho a la vida del feto”, para desconocer “los derechos fundamentales de la mujer embarazada a consecuencia de una violación”, es decir, “la propia vida o integridad psicofísica de quien lleva adelante una gestación que en su formación no quiso y en el futuro no querrá”.

Además, la fiscal aclaró que se debe aplicar “automáticamente el fallo F.A.L.”, de la Corte Suprema, y consideró que el hecho de no contar en los hospitales con profesionales de la salud dispuestos a garantizar esas intervenciones “guía hacia la clandestinidad” a las mujeres que las requieren. Y afirmó que el Estado provincial debe ser garante de esos procedimientos.

La decisión fue celebrada por las organizaciones de mujeres de la provincia. Una de ellas, Movimiento de Mujeres, incluso había presentado, tras conocerse la denuncia del apoderado del PRO, una presentación ante la fiscalía, patrocinando a la ONG La Casa de las Mujeres Norma Nasiff, en la que solicitó su archivo. Explicaban que los médicos no habían incurrido en ningún delito, dado que el aborto no punible a la niña se había hecho conforme a la ley y al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que fijó los lineamientos para la atención de esos casos.

El Estado provincial no se presentó en la causa para respaldar a los médicos que habían realizado el aborto no punible. Ni siquiera desde la propia maternidad se pidió el archivo de la denuncia. Fue el movimiento de mujeres y también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local los que salieron a apoyar a los profesionales, al pedir el archivo de las actuaciones.

En diálogo con Página/12 la abogada Soledad Deza, que hizo la presentación ante la fiscalía para que se archiven las actuaciones explicó que Tucumán “es una provincia difícil para los derechos sexuales y reproductivos, por eso el festejo es mayor”. Y agregó que junto a Formosa son las provincias del país, que no adhirieron a la ley Nº 26.573, de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2003.