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El conflicto por las tierras de Cuesta Blanca en la provincia de Córdoba lleva tres semanas. Lejos de atenuarse, se profundiza. Voceros de la Fiscalía de Calos Paz señalaron que los detenidos continuarán arrestados bajo el cargo de usurpación. El martes 30 de abril en esa localidad se realizó una manifestación pacífica para pedir por la libertad de las personas que habían sido apresadas durante el desalojo del 14 de abril en Cuesta Blanca, la localidad donde se originó el conflicto por 165 lotes ocupados por familias, que se disputan dos inmobiliarias. "Habíamos cortado media calzada cuando empezó la represión. Nos emboscaron y querían llevarse detenidos a todos los que estábamos. Había varios chicos en medio de la violencia que desataron. Arrastraron a los compañeros, les pegaron mucho. Actuaron con total impunidad y le pegaron a todos en medio de la calle y sin motivo", relató Celina Vilias, participante de la manifestación del martes al Diario de Carlos Paz.

Cuesta Blanca es una comunidad a 50 kilómetros de la capital provincial. Los lotes en conflicto pertenecían a Crosseto y CIA, una empresa que dejó de existir hace más de veinte años. Estaban ocupados por sesenta familias que construyeron allí sus viviendas y habían iniciado los trámites para pagar impuestos municipales y servicios. El 14 de abril la policía provincial tendió un cerco para desalojar a quienes vivían en esas tierras y realizó las primeras detenciones por orden del fiscal Gustavo Marchetti. Hoy 21 personas permanecen privadas de su libertad. Entre ellas hay abogados, vecinos de las tomas, estudiantes, periodistas y referentes de organizaciones sociales. Quince de ellas resultaron detenidas durante la marcha del martes. Las organizaciones sociales denuncian que en todos los casos el accionar de la policía fue desmedido, se reprimieron protestas pacíficas y se detuvo a los manifestantes invocando el Código de Faltas de la provincia.

Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, afirmó en declaraciones radiales que "Lo de Cuesta Blanca es de una gravedad institucional muy grande". También criticó al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota: “A una persona en situación de vulnerabilidad no se la puede castigar, sino que se la debe integrar, el Estado debe ser responsable y comprensivo con el dolor de su pueblo, el Estado no puede seguir haciendo uso de las fuerzas de seguridad para resolver conflictos que son de pobreza”, declaró a la agencia Télam. El funcionario también trazó un paralelismo con la represión en el Borda. “En el accionar represivo de De la Sota y Mauricio Macri, hay un paralelo en la matriz política ideológica de quienes conducen estas fuerzas policiales. Macri ya lo hizo en el Borda, con enfermos, con médicos”.

A partir del conflicto por Cuesta Blanca se conformó una Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Sur de Punilla. En un comunicado que se distribuyó ayer denunció: “A los desalojos sin orden judicial se sumaron en los últimos días las requisas, la policía vestida de civil, el trabajo de inteligencia en toda la zona, el impedimento de la libre circulación, el decomiso de alimentos, las agresiones verbales y las detenciones irregulares, ceñidas de golpes y atropellos, maltratos físicos, amparados por el fiscal Marchetti, sin respetar los procedimientos constitucionales que competen a la democracia y un Estado de Derecho. Asimismo es notorio y evidente el accionar conjunto entre policías y empresarios inmobiliarios.” Ayer por la tarde los referentes de distintas agrupaciones sociales se movilizaron en la ciudad de Córdoba para pedir por la liberación de los detenidos.