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El primer fin de semana de mayo, la Policía de Córdoba desplegó cerca de mil quinientos uniformados en los barrios más humildes de la ciudad y detuvo, en tan sólo dos días, a 341 personas –109 eran menores de edad– por infracciones al Código de Falta. Por aquella razzia, el Juez de Control Gustavo Rinaldi, dictó un fallo donde sostiene que las detenciones “no tienen justificación valida”, y pidió al  Ministerio Publio Fiscal que investigue de oficio los presuntos delitos cometidos durante esas jornadas. Hasta el momento, ninguna fiscalía tomó los casos.

Por eso, los abogados de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional denunciaron hoy al jefe de Policía, Julio César Suárez, y a toda cúpula. Consideran que hubo abuso de autoridad, y se instigó otros delitos como la privación ilegítima de la libertad, amenazas, coacción y torturas. Suárez ya estaba imputado por “coacción calificada” por amenazar a un periodista que cubría, en octubre pasado, operativos de saturación. Esta es su segunda denuncia penal en un año y medio de gestión.

La presentación se hizo ante la Fiscalía General de la Provincia y lleva la firma de Lucas Meinero y Claudio Orosz. Incluye testimonios y pruebas de 13 casos concretos de víctimas de los procedimientos policiales que sostienen haber sufrido detenciones ilegales, incluso en situaciones que ni siquiera contempla el polémico Código de Faltas de Córdoba. Uno de ellos, vecino de barrio Los Platanos, fue “levantado” por cuatro patrulleros mientras compartía una gaseosa con amigos, tras un partido de futbol. Dos más, fueron aprehendidos cuando salían de un hospital. Otro, iba en bicicleta rumbo al banco. Otros, fueron bajados de un colectivo urbano.

“Las razzias fueron tan alevosas que se detenía a gente masivamente sin siquiera usar la excusa del Código de Faltas. Había órdenes de directamente salir en patrulleros y arrestar gente”, sostuvo ante Infojus Noticias el abogado Lucas Bruno, de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. En este sentido, remarcó que los detenidos llegaron a escuchar que por la radio del patrullero sonaban directivas de “llévenlos sin importar lo que hayan hecho”.

“Está claro que ninguna fiscalía se hizo cargo todavía porque lo congelaron durante las elecciones provinciales. Queremos que investiguen la verdad, queremos ver si de verdad existe la justicia, si se atreven a avanzar sobre el poder, o si en Córdoba sólo actúan contra los negros de barrio”, dijo a esta agencia el abogado Claudio Orosz.

“Gracias al trabajo territorial de la Campaña, pudimos contar con 13 denunciantes que se animaron a contar lo que pasó. Pero hay muchos que todavía tiene miedo”, dijo Bruno. Además agregó que “queda en manifiesta el obrar ilegal y arbitrario de la policía”.

La denuncia dice  textualmente: “Estos casos no importan situaciones aisladas y particulares sino que son parte de una política pública –“de seguridad”– pergeñada por el Gobierno Provincial y ejecutada por la Policía Provincial”.

Según explicaron los abogados, hay varios detalles que se repiten en las declaraciones de víctimas y testigos, que configuran un “plan organizado para salir a cazar personas”. Por ejemplo, relatan que desde su lugar de detención fueron trasladados a comisarías de barrio, dónde pasaron al menos dos horas. Una vez que los calabozos colapsaban, llegaban camiones o colectivos para trasladarlos hasta la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), el destino de los infractores del cuestionado Código de Faltas en Córdoba. “Es decir que el ingreso se hacía entre dos y tres horas después de la detención, lo que es ilegal”, explicó Lucas Bruno. En el trascurso, muchos relatan haber sufrido maltratos y torturas.

Luego de los operativos de saturación, que se extendieron durante el 1, 2 y 3 de mayo en 12 barrios de Córdoba, el abogado Hugo Seleme, en representación del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, presentó hábeas corpus correctivo preventivo ante el juez Rinaldi. Este lo admitió y sugirió medidas para evitar futuras irregularidades, como el arresto de personas por no tener DNI o las detenciones de un centenar de chicos sin notificar a los juzgados de menores.

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