Infojus Noticias

La Policía de Córdoba necesitaba levantar  su imagen. Algunos sectores sociales reclamaban mayor seguridad. La respuesta fue una razzia que pasó por al menos doce barrios humildes de la ciudad y arrojó como resultado la detención de al menos 350 jóvenes, en su gran mayoría varones, que pasaron entre 12 y 20 horas en calabozos hacinados y sin alimentación, el fin de semana del 1 y 3 de mayo. Ninguno había cometido delitos. Todos fueron demorados por el Código de Faltas. Pese a las críticas, el Gobernador José Manuel de la Sota defendió el accionar de la fuerza.

Ahora, el Jefe de la Policía, Julio César Suárez, deberá informar a la Justicia Provincial, con carácter de “urgencia” y sin “excepción”,  a cuántas personas arrestó y quiénes son. También deberá detallar los motivos y los lugares de arresto. Esos son los pedidos explícitos que surgen de la resolución del juez de Control Gustavo Reinaldi, al darle curso a un hábeas corpus correctivo preventivo presentado por Hugo Seleme, en representación del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

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La presunción es que la fuerza policial actuó (deteniendo personas en la vía pública y también en sus domicilios) sin órdenes judiciales. Por eso el magistrado pidió también a las fiscalías que informen si hubo órdenes judiciales para concretar los arrestos y la Policía Judicial que releve testimonios de los detenidos en los distintos medios de comunicación. Infojus Noticias publicó declaraciones de cuatro jóvenes que contaron como fueron detenidos: uno lavaba el auto, otro jugaba al futbol, otro dijo que esperaba el colectivo. Entre los detenidos por contravenciones estaba, por ejemplo, un joven no vidente.

La solicitud de Reinaldi fue dada a conocer ayer a las autoridades provinciales y se debe cumplir en el plazo de las 24 horas, que vencen hoy. Esta mañana, el magistrado trabajaba “a puertas cerradas” y sin atender a la prensa, a la espera de la información. En paralelo, el Tribunal de Conducta Policial anunció que inició sumarios para determinar si “se cometieron abusos durante el operativo”. Desde la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, celebraron la medida del juez. "Estamos contentos porque el juez pide muchas pruebas a la policía. En una provincia donde no se publica ni una cifra ni nada relacionado con la policía, es ya un logro", dijo Calixto Angulo, responsable de la Campaña en Córdoba.

“Es muy importante que el juez haya tomado nuestro pedido y que ordene celeridad en la respuesta. Es una acción contundente de la justicia ante el modo de actuar de la Policía”, dijo el autor del amparo, Hugo Seleme, a Infojus Noticias. El abogado explicó que es un caso excepcional en Córdoba ya que “contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en el caso Verbitsky se apuntaba que sólo se podía representar a alguien que hubiese sido víctima". “El juez le dio participación activa a alguien que no es un afectado. En un contexto como el de Córdoba, es muy atinado, porque las victimas en este caso son jóvenes que ven afectada su libertad de tránsito y tiene miedo, entonces ¿Cómo harán para ir hasta el centro de la ciudad y plantear la denuncia?”, se preguntó.

Saleme explicó a esta agencia que además solicitó “una audiencia pública” con los afectados. “Sería un gran logro que la Justicia pueda escuchar a los jóvenes que fueron víctimas del atropello”, señaló.

En el control de la legalidad del proceso actuará la Fiscalía del Distrito 1 Turno 5, a cargo de Gustavo Dalma, quien se encuentra de viaje. “Por ahora, ni el juez ni yo vamos a investigar delitos. Si de allí surge que se cometieron delitos, se le corre vista a los fiscales de turno ese fin de semana”, explicó el fiscal que lo reemplaza Guillermo González a Infojus Noticias.

Lo primero es obtener información “oficial” por parte de la fuerza, que informó a través de comunicados 350 detenciones. “Hay una controversia con el número de detenidos, porque nosotros relevamos más de 700 casos ese fin de semana. Muchos jóvenes relataron maltratos policiales en los operativos y quieren denunciarlo”, explicó Calixto Angulo.

El Código de Faltas es un instrumento muy usado en el márquetin punitivo de la Policía de Córdoba. Según el informe Mirar tras los muros, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el 2005 se registraron 8968 detenidos por Código de Faltas, mientras que en el 2011, fueron más 73000. Es decir que en 6 años, crecieron 810% las detenciones por Código de Faltas. 2011  fue el último año que la Policía informó las cifras.

WC/LC