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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, participó el martes de un allanamiento en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde más de 50 personas eran explotadas laboralmente en tres quintas dedicadas al cultivo de hortalizas. Entre ellas, se identificó a tres menores de edad.

El operativo fue ordenado por  el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaria Penal N° 3, por infracción a la Ley 26.842,  de Prevención y Sanción  de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Las profesionales del Programa Nacional entrevistaron a las víctimas  y constataron la situación de explotación a la que eran sometidas. En este sentido, informaron que las condiciones del lugar eran precarias, y que no contaba con baños ni espacios adecuados acordes al número de personas. La totalidad de los entrevistados refirió residir en el lugar, y que en épocas de cosecha trabajan de lunes a lunes,  con extensas jornadas de trabajo.

Los domicilios de los responsables de los campos también fueron allanados. Entre las víctimas se encontraban niños de entre 14 y 17 años de edad, oriundos de la provincia de Salta, quienes quedaron a resguardo de este Programa Nacional.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Trata de Personas de la Policía Federal, y contó con la participación de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La semana pasada, el Programa Nacional participó de un operativo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora donde fueron rescatadas 22 mujeres víctimas de explotación sexual.

A raíz de una investigación originada en una denuncia recibida a la Línea 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por instrucción del Juzgado Federal Nº 2, se  realizó un allanamiento donde 4 personas fueron detenidas.

Las víctimas  relataron que habían llegado al domicilio mediante avisos publicados en el diario Clarín que solicitaban “señoritas” y que indicaban un número telefónico. Los explotadores les retenían el 50% de lo recaudado, y les aplicaban multas y descuentos por los productos de higiene y limpieza del lugar.