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La causa por la explosión del edificio de Rosario, ocurrida en agosto de 2013, fue elevada a juicio por la jueza de Instrucción, Patricia Irma Bilotta. El proceso será escrito, ya que el hecho ocurrió cuando todavía funcionaba el viejo sistema procesal. En la explosión, ocurrida en un edificio de tres torres, ubicado en la calle Salta 2141, murieron 22 personas y más de 50 resultaron heridas. La causa tiene 11 procesados, entre ellos, el gasista que trabajaba en el lugar; miembros de Litoral Gas, la empresa concesionaria local; y miembros de la administración del edificio. “Cumplimos una etapa, esperemos convencer a los jueces en el juicio”, dijo a Infojus Noticias Graciela Argüelles, la fiscal que está al frente de la causa desde el inicio.

Si bien el comienzo del juicio aún no tiene fecha definida, se estima podría ser a partir de noviembre y demoraría un año, por los tiempos que implica el sistema escrito.

Hasta el momento, la causa tiene 27 cuerpos de 200 fojas cada una. “Tenemos mucha testimoniales”, explicó Argüelles, quien agregó que durante el transcurso de la investigación reforzaron la responsabilidad de la empresa. “Quedó muy en claro. Todo fue acompañado por pruebas. Rehabilitaron el servicio en menos de 24 horas en una estructura obsoleta, antigua, que tenía mal funcionamiento, pérdidas”, detalló la fiscal.

Los imputados son los inspectores de la empresa Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica Viviana Leegstra. También el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; José Allala, otro gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

Desde el primer momento, Argüelles sostuvo que la explosión había sido el resultado de una “cadena de negligencias”, algo que hoy, 750 días después, ratificó: “Fue una cadena de negligencias: se fueron sumando todas las omisiones que terminaron provocando la tragedia”. Los acusados están imputados por el mismo delito: estrago culposo agravado por resultado de muerte en calidad de autor. “Cada uno hizo una acción diferente que contribuyó al resultado final”, agregó la fiscal. “Negligencia”, “imprudencia”, son algunas de las palabras que ella usó para definir la mayor tragedia de la historia rosarina.

Argüelles llegó a la calle Salta cuando la zona era un caos. Era la mañana del 6 de agosto de 2013 y el edificio de tres cuerpos, que estaba a media cuadra del tradicional Boulevard Oroño, era una pila de escombros, fuego, humo y desesperación. Desde entonces, trabajó para instruir la causa. “Creo que se trabajó y se investigó hasta lo que se pudo. Pasaron tres jueces. Y se llegaron a conseguir muchísimas pruebas”, detalló a esta agencia.

En los dos años que pasaron desde entonces, Argüelles se hizo tiempo para recibir a víctimas de la explosión y a los familiares de los fallecidos. Construyó con ellos una relación. “Las víctimas han reconocido el trabajo de la fiscalía y la jueza. Incluso me invitaron al acto por el segundo aniversario. Llegamos a un nivel de confianza que se ha logrado con el tiempo”, explicó.

Pero Argüelles también debió resistir los embates de las defensas, que hicieron “un trabajo muy importante para obstaculizar la investigación”, explicó. En ese sentido se inscribieron, por caso, las presentaciones de recursos de inconstitucionalidad, que  dificultaron la causa y la investigación. “Los abogados de Litoral Gas son los que más hicieron para obstaculizar la investigación de la fiscalía. Eso demoró mucho tiempo, fueron hasta la Corte provincial y llegaron a la nacional”, explicó.

Una causa y tres jueces

Desde que comenzó el caso, Argüelles trabajó con tres jueces distintos. El primero fue Juan Carlos Curto, quien ordenó la detención del gasista García y su ayudante –al que liberó 24 horas después–; tres allanamientos a las sedes de Litoral Gas; y tomó declaraciones indagatorias, testimoniales e informativas. También ordenó el retiro de la válvula de gas del edificio, para que fuera peritada. Diez días después, Curto se declaró incompetente porque la Justicia Correccional sólo puede investigar delitos con penas de hasta tres años y, en este caso, las penas podrían llegar hasta cinco años.

El juez Javier Beltramone fue el encargado de seguir la causa. Liberó al gasista, ordenó diversos allanamientos e imputó a tres inspectores de Litoral Gas y a los tres miembros de la administradora. Pero, dos meses después, fue recusado por las defensas de Litoral Gas y de la administradora porque no ofrecía “garantías de imparcialidad” por declaraciones que había hecho a la prensa. Finalmente, el expediente pasó a manos de Bilotta que procesó a los once imputados que van a juicio.

CD/LL