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Después de casi dos años de investigación, la fiscal Graciela Argüelles concluyó su trabajo en la causa por la explosión del edificio de Rosario en el que murieron 22 personas y más de 50 resultaron heridas. La funcionaria judicial pidió la elevación a juicio contra once acusados por el delito de estrago doloso agravado. “Es la decisión que estábamos esperando”, dijo a Infojus Noticias Marcela Nisoria, familiar de una de las víctimas y querellante en el expediente.

El pedido de elevación a juicio alcanza al gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que trabajaron en el edificio esa mañana y alcanzaron a escapar instantes antes de la explosión. A José Ayala, otro gasista que había realizado tareas semanas antes de la explosión. A la gerente técnica de Litoral Gas -la empresa concesionaria-, Viviana Leegstra; al jefe de inspectores, Claudio Tonucci; y tres inspectores: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. También están acusados los responsables de la administradora Calvillo, encargada del consorcio: Mariela Calvillo, su mamá, Norma Bauer de Calvillo, y su marido, Carlos Repupilli.

En el escrito de 339 carillas, la fiscal sostuvo que hubo una “cadena de omisiones y conductas imprudentes, negligentes, contrarias a la normativa vigente, violatorias de los deberes de cuidado exigibles, entrelazadas unas con otras” que crearon el “escenario propicio” para la intervención de García. Según la funcionaria, la “negligencia” e “impericia” del gasista provocó “una importante fuga de gas” que generó la explosión e implosión del edificio.

“Todos están acusados por el mismo delito, estrago culposo agravado por resultado de muerte en calidad de autor”, explicó a Infojus Noticias la fiscal Argüelles. “Cada uno hizo una acción diferente que contribuyo al resultado final”, agregó.

“Nosotros apuntamos siempre a la gerencia de Litoral Gas, pero no se encontraron elementos suficientes para acusarlos”, sostuvo Nisoria. Su esposo y padre de su hija, Hugo Montefusco, tenía 56 años y era enfermero del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Fue una de las 22 víctimas del derrumbe del edificio.

La causa más importante

En los 23 años que Arguelles lleva al frente de la fiscalía de Instrucción 11, por su despacho pasaron miles de expedientes por robo, lesiones y homicidios. Hasta la mañana del 6 de agosto de 2013 nunca había tenido un caso de estrago. Ese día, cerca de las 9.30, recibió el llamado de un policía en el celular reservado para la fiscalía de turno. El diálogo duró unos pocos segundos. Antes de que cortar escuchó que había explotado la caldera de un edificio en Salta y Oroño, en el centro de la ciudad.

En el lugar se encontró con una escena de película. Donde antes estaba una de las tres torres de nueve pisos, vio una pila de siete metros de escombros. Había gente ensangrentada, vecinos pidiendo ayuda en las ventanas, médicos atendiendo heridos, bomberos apagando las llamas y personas que corrían en todas direcciones. Desde ese día, Argüelles lleva adelante la investigación de la tragedia más grande de la historia de Rosario.

La pena máxima prevista por el delito de estrago culposo agravado es de cinco años, por lo que será juzgado en un debate oral. El viejo sistema penal, que regía al momento de la tragedia, establece el juicio oral para casos en los que se juzguen delitos que prevén condena perpetua. También establece la opción de este tipo de debates cuando la pena sea mayor a cinco años, siempre y cuando las defensas lo pidan.

“Al tratarse de un hecho de esta magnitud creemos que toda la sociedad debe participar, por eso vamos a cursar una carta a la Legislatura provincial para que se pida un juicio oral”, contó Nisoria.

Una investigación con tres jueces

Durante el primer año la causa por la explosión del edificio tuvo tres jueces. El primero que intervino fue Juan Carlos Curto, titular del Juzgado en lo Correccional Penal 7, que estaba de turno esa mañana. El magistrado ordenó la detención del gasista García y su ayudante (al que liberó 24 horas después), tres allanamientos a las sedes de Litoral Gas y tomó declaraciones indagatorias, testimoniales e informativas. También ordenó el retiro de la válvula de gas del edificio para ser peritada.

Diez días después, Curto se declaró incompetente (la Justicia Correccional solo puede investigar delitos con penas de hasta tres años) y la causa pasó al Juzgado de Instrucción Penal 9, a cargo de Javier Beltramone. El nuevo magistrado liberó al gasista, ordenó varios allanamientos e imputó a tres inspectores de Litoral Gas y a los tres miembros de la administradora.

Beltramone estuvo dos meses al frente de la investigación. La Sala IV de la Cámara Penal de Apelaciones de Rosario aceptó las recusaciones presentadas por las defensas de Litoral Gas y de la administradora y apartó al magistrado porque no ofrecía “garantías de imparcialidad” por declaraciones que había hecho a la prensa.

El expediente volvió a cambiar de manos. Billota, funcionaria judicial de perfil bajísimo, firmó una resolución de 414 carillas en la que procesó a once personas. Ahora la jueza deberá analizar si el pedido de juicio que firmaron el fiscal y las cinco querellas cumple con las formalidades que exige la ley. Después debería enviarlo a un juzgado de sentencia y se abriría la etapa de juicio. “Hay algunos plazos legales pero no son de cumplimiento estricto, creemos que de acá al primer semestre del año próximo podría haber una sentencia”, explicó Argüelles.

SO/RA