Infojus Noticias

En la provincia de Santa Fe se registraron 328 casos de torturas o abuso policial entre noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014. La mayoría de las denuncias no prosperó: por temor de las víctimas a represalias o desconfianza en el sistema penal. “Los magistrados nos impiden asistir a las víctimas de la violencia institucional y ser querellantes con el argumento de que eventualmente el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal tiene que representar a los policías”, explicó a Infojus Noticias el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón.

Para evitar esta contradicción, el funcionario judicial firmó una resolución a partir de la cual los defensores públicos quedan exceptuados de representar a los policías acusados de delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. “La defensa pública está dirigida a la protección de los derechos de las personas más vulnerables y los recursos tienen que ser destinados para la protección de ese grupo”, explicó Ganón. “No es el caso de los policías”.

La resolución, que lleva fecha del 6 de marzo, se apoya entre otras cuestiones en la ley Orgánica de la Policía de la Provincia, que establece que dentro de la institución debe funcionar una Asesoría Letrada. “Todas las unidades regionales tienen la obligación de asistir a los policías en los caos en que estén imputados en delitos por actos cometidos en ocasión de servicios”, explicó Ganón.

En la práctica no son muchos los casos en los que los policías optan por la defensa oficial. Sin embargo, ha sido un argumento esgrimido por jueces –y sostenido por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe- para prohibir que los abogados del servicio público representen a las víctimas de violencia institucional.

De los 328 casos de denuncias por torturas o abuso policial, en muy pocos casos las investigaciones avanzaron. “Un ochenta por ciento de las víctimas deciden no denunciar el hecho por temor a represalias o porque no confían en el Poder Judicial”, detalló Ganón. La imposibilidad de contar con un abogado para impulsar la causa contribuye a la impunidad policial.

Sin abogados

El 13 de mayo de 2012, en Florencia, un pueblito de 7 mil habitantes más cerca de la provincia de Chaco que de la capital santafesina, un grupo de policías despertó de la siesta a Roberto Gustavo Valenzuela, de 18 años. Los uniformados buscaban motocicletas robadas. Estaban seguros que Roberto era el responsable y lo metieron en el calabozo de la Comisaría 9° junto a otros dos jóvenes de 19 años a quienes también acusaron por los robos.
Los tres jóvenes estuvieron detenidos siete días. “Los desnudaron, los golpearon y los picanearon”, contó Ganón. El defensor general y la defensora regional de Reconquista, Adriana Quiroga, se presentaron como querellantes en representación de los jóvenes.

El juez Virgilio Palud tomó como válidas las declaraciones firmadas por los jóvenes bajo tortura y rechazó la presentación de los defensores como querellantes. El argumento era que eventualmente los cuatro policías acusados podrían recurrir al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. La Corte Suprema de Justicia de la provincia acusó al defensor general de excederse en sus funciones y presentó un pedido de juicio político en la Legislatura, pese a que no tenía atribuciones para hacerlo

La situación de Florencia se repitió en varias causas a lo largo del territorio provincial. “La defensa de una persona que ha sido víctima de violencia institucional también requiere que lo represente un defensor público”, explicó Ganón, “porque incluso en muchos casos se dibuja las detenciones como atentado y resistencia a la autoridad”.

SO/JMM