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Todo parece indicar que Héctor “Chabay” Ruíz, el ex intendente de la ciudad santiagueña de La Banda por más de dos décadas, ya no podrá torcer el destino judicial que lo proyecta al banquillo de los acusados por abuso sexual con acceso carnal. “La investigación ya está cerrada”, dijo a Infojus Noticias Francisco Cavalotti, abogado de la mujer que lo denunció en mayo de 2013 por violación. “Para fines de marzo o principios de abril, debería ser el juicio oral”, completó el abogado querellante. Por pedido de la fiscal Inés Presti de Munnar, el juez de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Raúl Santucho, firmó la orden que lo llevaba tras las rejas.

El domingo pasado, después de permanecer tres semanas escapando de la justicia de su provincia, el actual concejal por el Frente Renovador fue capturado en una finca de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Sus abogados apelaron la medida e interpusieron un hábeas corpus. El 30 de diciembre, la Cámara de Apelaciones de Santiago del Estero rechazó la apelación. Ahora Ruiz deberá esperar en una dependencia judicial de la capital de Santiago hasta el juicio oral.

Después de que una dotación de la policía bonaerense le cayó encima, Héctor “Chabay” Ruiz repitió lo que viene diciendo ante los medios desde que las cosas en el expediente judicial se complicaron: que se trata de una denuncia era falsa, debido a su oposición política al senador kirchnerista Gerardo Zamora. Además, sus abogados cuestionaron la legitimidad de su detención. “La detención de Ruíz es inconstitucional, ya que no respeta los fueros que le otorga la Carta Magna de la provincia”, dijo su defensor Víctor Nazar a Perfil.com. El letrado se refiere a los fueros que le confieren su cargo como concejal por el partido de Sergio Massa.

El atardecer del 22 de mayo de 2013, una mujer denunció en la policía de Santiago que ese mismo día, un par de horas antes, había sido violada por el intendente municipal en su propio despacho. Ese mismo día, el Cuerpo Médico Forense de la provincia hizo un examen físico y determinó que había huellas de compresión digito pulgar en los brazos de la denunciante. Un test psicológico, ocho meses más tarde, concluyó que el prófugo “padece de graves problemas para contener sus impulsos sexuales”.

Ahora, con el expediente casi paralizado por la feria judicial, los abogados del mandamás de La Banda por más de dos décadas anticiparon que presentarán un per saltum para que intervenga la Corte Suprema “ante la gravedad que significa el desconocimiento de los fueros de un representante del pueblo elegido en la provincia”. Cavalotti opina que es sólo una coartada del dirigente al verse acorralado.

“La causa se inició en mayo y la mayor parte de las pruebas se consiguieron hasta julio de ese año. Tuvo 18 meses, desde esa fecha hasta hoy para cuestionar la prueba, presentar recursos, recusar a jueces y fiscales. Pero se acuerda ahora que es una causa política. Está mintiendo falazmente”, concluyó el abogado.