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Infojus Noticias

24-11-2015|15:44|CHUBUT ChubutProvinciales
El joven murió producto de los golpes y patadas recibidas

“Es insostenible el argumento y vamos a apelar”

La Cámara del Crimen de Chubut revisó las condenas por el asesinato de Julián Antillanca, ocurrido en 2010 a la salida de un boliche, y confirmó la prisión perpetua de dos policías, en tanto absolvió a otros dos. El padre del joven cuestionó los fundamentos del fallo y anticipó que apelarán ante el Superior Tribunal de Justicia.

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Por: Gustavo Ahumada

La Cámara del Crimen de la provincia de Chubut revisó las condenas por el asesinato de Julián Antillanca, ocurrido en septiembre de 2010, a la salida de un boliche, en la ciudad de Trelew. Por el hecho, tres policías habían recibido la pena de prisión perpetua y un tercero, había sido condenado a tres años, por el delito de encubrimiento. Hoy, la Cámara confirmó dos de las condenas, en tanto absolvió a los otros acusados.

La Justicia revisó la impugnación de la sentencia a pedido de la defensa de los policías, a cargo de Fabián Gabalachis y Gustavo Castro. En julio pasado, el tribunal integrado por los jueces Darío Arguiano, Adrián Barrios y Marcelo Di Biasse –en el marco del segundo juicio por los hechos– había condenado a los agentes Martín Solis, Jorge Abraham y Laura Córdoba por  “homicidio agravado”, en tanto que el comisario Carlos Sandoval había sido condenado por “encubrimiento agravado”.

Ahora, los jueces Rafael Luchelli, Nelly García y Martín Montenovo modificaron esa sentencia: confirmaron las condenas de Solis y Abraham y revocaron las de Córdoba y del comisario Sandoval, a quienes absolvieron. Monteonovo fue el encargado de explicar la sentencia hoy, en el sexto piso del edificio que la Cámara tiene en la ciudad de Trelew.

En diálogo con Infojus Noticias, Cesar Antillanca, padre de Lucas, expresó su disconformidad con la sentencia y sostuvo que “es insostenible el argumento”. Además, anticipó: “Vamos a apelar al Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El argumento es laxo por donde se lo mire y no se remite a lo ya juzgado anteriormente” porque, según explicó, “las responsabilidades son concurrentes”.

A partir de ahora, la querella tiene diez días hábiles para presentar la apelación y que el expediente sea girado al Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

El homicidio

Durante el juicio, se dijo que Solis, Abraham y Córdoba trabajaron en la conocida zona de boliches de Trelew, la noche de la muerte de Julián. Trabajaron en el boliche “Místico” y a las seis de la mañana, al salir de allí, siguieron con su trabajo de “prevención”. Según la imputación del Ministerio Público Fiscal de la provincia, “quizá, luego de haber participado de una discusión con otras personas”, los efectivos abordaron a Julián y comenzaron a golpearlo.

Los policías redujeron al joven en el piso, uno le pisó la cabeza y el otro las piernas. El resto alejó a la gente que se encontraba en el lugar. Decenas de personas, que salían de los boliches, presenciaron la situación. A los policías no les importó: la golpiza fue brutal; golpes en el rostro, la cabeza, el tórax y las extremidades, mediante trompadas, patadas y hasta elementos contundentes. Julián murió aquella madrugada.

Los efectivos cargaron el cuerpo en un patrullero y lo tiraron en la calle, con el objetivo de hacer desaparecer todos aquellos vestigios que pudieran involucrarlos. La historia oficial atribuía la muerte a un coma etílico. Pero los mismos policías que golpearon a Julián, horas antes, habían sometido a una golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay, a la salida de otro local bailable. Los hermanos Aballay denunciaron lo ocurrido y los agentes recibieron una condena leve por apremios ilegales, aunque no llegaron a declarar en este nuevo juicio por la muerte de Julián: fueron fusilados a principios de 2014.

En julio pasado, cuando se dio a conocer la condena, el tribunal absolvió al oficial Pablo Morales. Los magistrados entendieron que “no se pudo acreditar un grado de certeza necesario” de que haya estado ese día. Asimismo, Gabriela Bidera, la única civil implicada en la causa, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba en las primeras audiencias y obligada a realizar tareas comunitarias en una escuela de Puerto Madryn, durante dos años.

GA/LL

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