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Establecer la cadena de responsabilidades que precedieron a la explosión del edificio de Salta 2141, la mañana del 6 de agosto, es la prioridad de la justicia rosarina. Por eso para hoy habían citado al empleado de Litoral Gas que, cinco días antes de la tragedia que terminó con la vida de 22 personas y causó heridas a más de 70, le había explicado al gasista Carlos García cuál era el procedimiento que debía realizar para cambiar el regulador de gas. El empleado hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

El nombre del empleado fue suministrado a la justicia por la propia empresa y hay constancia escrita de que fue él quien atendió a García el 1° de agosto. A pesar de esto y de abstenerse de declarar, el hombre negó haber asesorado a García sobre cómo debía hacer el procedimiento. “Él dijo que no lo asesoró pero hay constancias escritas de que si lo hizo”, dijo Mariano Buffarini, abogado defensor del gasista, a Infojus Noticias. El abogado explicó que el empleado le dijo a García, cuando este se hizo presente en las oficinas técnicas de la empresa, que “no había necesidad de que le dieran instrucciones, porque él –por García- como gasista matriculado lo podía hacer perfectamente”.

La jueza de la causa, Irma Patricia Billota visitó recientemente el lugar de la tragedia y trascendió que en los próximos días podrían anunciar nuevas medidas. Billota es la tercera jueza de la causa en la que primero actuó el juez en lo correccional penal, Juan Carlos Curto –quien se apartó por considerar que la misma excedía su competencia- y luego se desempeñó el juez de instrucción Javier Beltramone, quien fue recusado por las defensas de Litoral Gas y la administradora Calvillo, responsable del consorcio del edificio, y apartado de la causa.

“Nosotros en general estamos conformes con el trabajo que se viene realizando en la causa, porque se intenta mostrar que García es un engranaje más en un problema muchísimo más grande y que Litoral Gas ha tenido alguna participación en el hecho”, explicó Buffarini que junto a su padre defienden a García. “Estamos a la espera de los informes periciales, que podrían llegar a fines de diciembre. De lo contrario habrá que esperar hasta febrero –cuando se reanude la feria judicial-“.

 En la causa ya hay 11 imputados: cinco son empleados de Litoral Gas, tres de la Administradora Calvillo y los gasistas Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que trabajaban en el lugar al momento de la explosión y el primer profesional matriculado que hizo arreglos en los días previos.