Infojus Noticias

A las 9.36 del 6 de agosto de 2013, una de las tres torres del edificio de Salta 2141, en el centro rosarino, se vino abajo. La explosión se escuchó a kilómetros a la redonda y la onda expansiva destrozó vidrios y estructuras de las viviendas cercanas. Debajo de la pila de escombros, de veinte metros de alto, quedaron los cuerpos de 22 vecinos. Decenas de personas resultaron heridas. Durante los dos años que duró la instrucción, la causa por el delito de “estrago culposo agravado” acumuló 28 cuerpos, de 200 fojas cada uno. Pese a que el Código Procesal Penal viejo preveía un juicio escrito, un tribunal resolvió que los once acusados sean juzgados en un debate oral y público que comenzará el año próximo.

En la resolución, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, los jueces de sentencia Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela sostuvieron que “el impacto social de los hechos atribuídos” amerita “que el presente plenario debe ser tramitado mediante un juicio oral”. El tribunal se basó en la Ley N 12.912 (de transición del viejo sistema penal al nuevo) “que prevé el juicio oral para el juzgamiento de los casos que reconocen un alto impacto en el ‘tejido social’, con independencia del monto de la pena que corresponda”, sostuvieron los magistrados en el escrito.

Una megacausa

El viejo sistema penal, que regía al momento de la tragedia, preveía que sólo los delitos más graves fueran juzgados de manera oral. En este caso, los imputados están acusados por el delito de “estrago culposo agravado por resultado de muerte”. “No puede desconocerse que estamos en el presente frente a una de aquellas causas que se encuadran como ‘megacausas’”, por la cantidad de imputados, fallecidos, heridos y daños materiales producidos, agregaron los magistrados.

“Los jueces hicieron una interpretación amplia de la ley de transición, que no contemplaba a este tipo de delitos para los juicios orales, al considerar que se trató de un hecho que conmovió a la sociedad”, dijo a Infojus Noticias la fiscal Graciela Argüelles, que llevó adelante la instrucción del expediente y que estará a cargo del juicio, junto a su par Luis Schiapapietra. “Estoy contenta por los familiares de las víctimas, que buscaban un juicio transparente, con celeridad y publicidad. Y todo eso no se hubiera logrado con el juicio escrito”, sostuvo Argüelles.

El antecedente

“Los jueces tuvieron en cuenta el fallo Vitar, de 2012, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el que un policía fue acusado de intentar matar a su novia. Si bien se trató de una tentativa de homicidio, nosotros entendimos que el juicio debía ser oral y público”, explicó a Infojus Noticias el abogado Paul Krupnik quien, en aquel momento, defendió al policía Vitar y que, actualmente, defiende a Pablo Miño, uno de los acusados por la explosión del edificio. “En aquel caso, planteamos la necesidad de la publicidad en los juicios como modo republicano de transparentar el trabajo de los jueces”, detalló el abogado.

En su voto en el fallo Vitar, el juez de la Corte provincial Daniel Erbetta tuvo en cuenta la “tendencia a ir aproximándose cada vez más a la oralidad como método único de juzgamiento de las causas penales”.

Once acusados

En el banquillo de los acusados estarán sentados el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que trabajaron en el edificio la mañana de la explosión y alcanzaron a escapar instantes antes; José Ayala, otro gasista que había realizado tareas semanas antes de la explosión; la gerente técnica de Litoral Gas –la empresa concesionaria–, Viviana Leegstra; el jefe de inspectores, Claudio Tonucci; y tres inspectores: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. También están procesados los responsables de la administradora Calvillo, encargada del consorcio: Mariela Calvillo; su mamá, Norma Bauer de Calvillo; y su marido, Carlos Repupilli.

En el pedido de elevación a juicio, de 339 carillas, la fiscal sostuvo que hubo una “cadena de omisiones y conductas imprudentes, negligentes, contrarias a la normativa vigente, violatorias de los deberes de cuidado exigibles, entrelazadas unas con otras” que crearon el “escenario propicio” para la intervención de García. Según la funcionaria, la “negligencia” e “impericia” del gasista provocó “una importante fuga de gas” que generó la explosión e implosión del edificio.

El juicio, en el que se debatirán las responsabilidades de la mayor tragedia de la historia de Rosario, no tiene fecha de inicio. Según explicó la fiscal, podría comenzar a principios de 2016. Los familiares de los 22 muertos, que acompañaron el trabajo de la fiscal a lo largo de estos 27 meses, ganaron la primera pulseada: poder participar de las audiencias y evaluar el trabajo de los jueces.

SO/LL