Formosa: se negaron a declarar tres represores en el inicio del juicio
Los siete imputados escucharon la lectura de las acusaciones y después se negaron a declarar. En el juicio se debatirán los casos de 74 víctimas de la última dictadura. El principal acusado de este proceso, Angel Spada, se encuentra prófugo.
Dos de los acusados, durante la lectura de las acusaciones.
Télam.
Los acusados en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar se negaron hoy a declarar ante el Tribunal Oral Federal en el segundo juicio oral y público que se sigue en Formosa en perjuicio de 74 víctimas. El principal acusado de este proceso, Angel Spada, se encuentra prófugo.
Tres hombres del Ejército, los ex oficiales Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera y el ex suboficial Juan Carlos Camicha; el ex comandante de Gendarmería Nacional, Mario Osvaldo Sosa y cuatro miembros de la Policía provincial, los ex suboficiales Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, escucharon la lectura de las acusaciones en su contra.
Integrantes de la Agrupación HIJOS Formosa y miembros de "Barrios de Pie" se manifestaron frente a la sede judicial y antes del inicio del debate llegó hasta el lugar el diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa). También participó el covicepresidente de APDH Ernesto Moreau, junto con la referente local de la entidad, Alejandra Carrizo; el titular y patrocinante letrado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Luis Zapiola y el titular de la Cátedra Abierta por los Derechos Humanos de la UNaF, Juan Eduardo Lenscak.
El tribunal está integrado por los magistrados Manuel Alberto Moreira, Norma Lampugnani de Arce Mielnik y Carlos Adolfo Soda, siendo designado juez sustituto Mario Hachiro Doi, todos integrantes del Tribunal Oral Federal de Posadas.
El primer juicio contra delitos de lesa humanidad realizado en Formosa fue en 2009 y tuvo como único imputado al ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, recientemente fallecido, quien fue condenado a la pena de 25 años de prisión por ser jefe u organizador de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos agravados seguido de muerte y desaparición forzada de personas.
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