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“Mañana por la tarde o el jueves por la mañana a más tardar serán los alegatos y el caso quedará en condiciones de que se emita sentencia”, dice a Infojus Noticias Ricardo Mendaña, el abogado de la querella contra Jorge Sobisch. La causa contra el ex gobernador de Neuquén es por dar una supuesta orden de “no intervenir” a la policía ante el ataque de un grupo de choque contra docentes. El 30 de marzo de 2006 un grupo de maestros neuquinos se estaban manifestando por reclamos salariales y bloqueaban el acceso a la destilería YPF, en la plaza Huincul. A unos dos mil metros de donde estaban “se distribuyeron cascos y palos”, explica Mendaña, “y un grupo violento avanzó contra los docentes”.

El juicio está presidido por el juez de primera instancia Marcelo Muñoz. En la jornada de hoy se escucharon a varios testigos. Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co, es uno de ellos. Señaló la organización de “grupos paramilitares” desde la jefatura de gabinete de la provincia –a cargo en aquel momento de Jorge Lara– que daba respuesta a una demanda del propio Sobisch.

Adriana Moyano, secretaria gremial de ATEN capital, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, explicó a Infojus Noticias que la postura de ATEN es “apoyar a cuatro compañeras de la asociación que están como testigos del juicio. Y vamos a estar afuera esperando que condenen a Sobisch”. Una de las docentes que pudo dar testimonio hoy es Alicia Castro, que recibió un botellazo en la cabeza, le hicieron cinco puntos en el hospital y estuvo tres semanas de licencia antes de poder recuperarse.

Los hechos que llegan a juicio

Adriana Moyano recuerda aquel día: “Fue un momento muy tenso. Habíamos tomado la puerta de la destilería y dejaron llegar hasta donde nosotros estábamos a una patota parapolicial con cascos amarillos que decían ser obreros de la UOCRA, pero después nos enteramos de que no”. Es que los que se identificaron como obreros, se descubrió después que eran en realidad militantes al servicio del Movimiento Popular Neuquino. El abogado querellante tampoco duda: “Nosotros entendimos que el gobierno por un lado preparó a un grupo de violentos, que los presentó como desocupados de la construcción, pero muchos eran punteros del partido de gobierno. Fue un desalojo compulsivo de hecho, sin orden judicial ni fuerzas policiales”.

En el camino –y esto es lo que se intentará comprobar en el juicio– “la policía recibía la orden de no actuar, inclusive de sacar a los efectivos que estaban”, dice el abogado querellante. Dos comisarios y un subcomisario desobedecieron esa orden que consideraron ilegal. No solo no “acataron” sino que intentaron intervenir para que no terminara en algo de mayor gravedad. Luego del episodio del 30, el subcomisario Carlos Zambrano –que falleció sin poder testificar– denunció a la Jefatura de Policía por la orden ilegal que había recibido. “Esto fue de mucha valentía –explica Mendaña– nunca pasa que un subordinado acuse a su jefe en una institución así de verticalista”. Luego otros dos comisarios también denunciaron la situación: Luis Morales y Leonel Seguel.

Las consecuencias para ellos fueron inmediatas. Mendaña cuenta que “a ellos los removieron, los pasaron a disponibilidad”. Morales fue desplazado a los pocos días de los hechos, desde ese momento se encuentra a disponibilidad, “no encuentra lugar ni le dan funciones”. Seguel y Zambrano fueron pasados a retiro. “Ellos denunciaron una orden ilegal y después se constituyeron en querellantes. Y nosotros –dice su abogado– logramos que después de muchos trámites procesales se constituyan en querellantes y el juicio se haga”.

El 5 de abril de 2007, un año después de esa represión ilegal, murió el maestro Carlos Fuentealba asesinado por la espalda por un policía de la provincia del Neuquén. Para Adriana Moyano los hechos del 30 de marzo “fue la antesala de lo que pasó con nuestro compañero Fuentealba, por eso pensamos que no había que dejarlo pasar”.

Lo que más condenan los docentes es la orden de no actuar. Ayer fue la primera jornada del juicio oral contra el ex gobernador. Sobisch dijo “Siempre me manejé en un marco de defender la paz social”, pero para Adriana Moyano es otra cosa “la orden de no actuar fue dejar la zona liberada”.