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Infojus Noticias

9-1-2014|17:41|Homicidio MendozaProvinciales
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El padrastro abandonó a la nena en un hospital

Infanticidio en Mendoza: la mira puesta en las autoridades

Es una causa que se desprende de la investigación por la muerte de la nena de tres años que murió golpeada en Mendoza. Ahora investigan qué responsabilidad tuvieron los funcionarios que ya habían sido alertados de los maltratos sufridos por la niña. Por el homicidio imputaron a la madre de Luciana y a su pareja.

Por: Milva Benitez

Luciana Rodríguez, la nena de tres años que fue abandonada por su padrastro en la clínica Santa María, falleció por un “fuerte golpe en la cabeza”. Así lo confirmó a Infojus Noticias la fiscal mendocina Daniela Chaler que, tras recibir un anticipo de la autopsia, imputó por homicidio agravado a la madre de la nena, Rita Rodríguez, y a su pareja Jorge Orellano, un hombre de 36 años que trabaja en la zona cuidando coches. En otra causa, la fiscal de delitos especiales Claudia Ríos investiga la responsabilidad que les puede caber a los funcionarios locales y provinciales de las áreas de promoción y protección de los derechos de los niños que intervinieron en denuncias previas sobre el estado de abandono y la violencia que padeció Luciana, dentro de su grupo familiar.

El martes, poco antes de las 10 de la noche, Orellano entró en la guardia. En los brazos, envuelta en una toalla, llevaba a Luciana (presumiblemente ya sin vida). Un hombre que estaba cuidando autos frente a la clínica lo vio entrar; y también lo vio salir cuando -minutos después- se retiró solo. Su testimonio y el de otros vecinos les permitieron a los investigadores, esa misma noche, dar con la escuela abandonada que la pareja ocupaba en la calle Entre Ríos al 358, a la vuelta del centro de salud. Allí, Orellano vivía con Rita Rodríguez y sus tres hijos, dos en común –los más pequeños, uno de casi dos años y otro de seis meses–, y Luciana, la hija de Rodríguez.

Esa noche, cuando Rita Rodríguez regresó a la escuela donde vivía con Orellano y sus hijos, se encontró con la policía en la puerta. Les confirmó que Orellano había quedado al cuidado de los niños, y ante la posibilidad de que los hermanos más pequeños de la nena fallecida estuvieran en riesgo ingresaron a la fuerza. Rescataron a los chicos, y a la pareja la trasladaron a la comisaría 3era de Mendoza, donde quedaron detenidos. Desde la celda, “Orellano gritó toda la noche que la nena se había caído de una escalera”, dijo Chaler a Infojus Noticias. En los tres años de vida de Luciana, sus antecedentes de ingresos a los hospitales de la zona y las reiteradas denuncias de maltrato, ponen en jaque los dichos de Orellano.

Esa noche, poco antes del desenlace de los hechos, la abuela de la nena estuvo en la puerta de la escuela. Buscaba a su hija Rita porque, el día en que murió su primera nieta, la madre de la nena cumplía 24 años. Orellano no abrió la puerta y la echó a los gritos. Ante la fiscal la abuela de la nena, supuso que su nieta ya estaba fallecida cuando ella estuvo en el lugar. Evidentemente enojada con las autoridades, la mujer le contó a la fiscal que durante un tiempo su nieto vivió con su otra hija, y que en junio de 2012 las autoridades la restituyeron a su madre porque evaluaron que había cambiado la situación de riesgo; pero las agresiones a las que era sometida su nieta continuaron. Los dichos de la abuela, fueron corroborados por la hermana de Rita Rodríguez, que durante un tiempo tuvo a la nena a su cuidado.

 Ahora, la mira también está puesta sobre la actuación de las autoridades y funcionarios del área de niñez que tuvieron intervención en el caso. “Además de tomar testimonios sobre lo que sucedió esa noche, también ordenamos el secuestro del expediente sobre la situación de Luciana que llevaba el órgano Administrativo Local (OAL) de niñez”, dijo a Infojus Noticias Chaler que remitió una copia de esta documentación a la fiscal Ríos, de la unidad fiscal de delitos especiales.

Por su parte, los integrantes del Ejecutivo organizaron una conferencia de prensa para dar las explicaciones del caso. Fernando Herrera, director de la Promoción de Derechos, y Patricia Spoliansky, Directora de Promoción y Protección de Derechos (DINAF) admitieron que la nena había sido retirada del cuidado de su madre, pero que ante la  imposibilidad de la tía de “hacerse cargo de ella”, la OAL consideró que la madre (enferma por su adicción a estupefacientes) estaba en mejores condiciones y, hace pocos meses, restituyeron a la nena a su madre biológica.

Las autoridades administrativas del OAL también tuvieron intervención el pasado 31 de diciembre, cuando uno de los hombres que cuida los autos estacionados cerca de la escuela donde vivía la familia de Luciana la escuchó gritar. El hombre se acercó y se dio cuenta que la nena estaba sola, y encerrada. Como pudo la llamó y la ayudó a salir por un hueco de una casilla de gas o electricidad que estaba fuera de uso. La nena salió y el hombre se comunicó con la comisaría, donde habrían dado intervención al OAL.

“En ese momento, como no tenían golpes contactaron a la madre y le volvieron a entregar a la niña”, contó la fiscal a Infojus Noticias. Consultado por los medios locales al respecto, Herrera dijo que después de estos hechos se estaba evaluando “judicializar la situación” pero que para apartar a la nena del núcleo familiar “hay que elevar el pedido de legalidad, acompañarlo con informes, pero eso se iba a hacer ahora”, señaló.

Por ahora, por el asesinato a golpes de Luciana Rodríguez está detenida su madre, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en “calidad de omisión propia”. La mujer que por el momento se negó a declarar, tras confirmarse su imputación será trasladada a la localidad de Las Heras, donde funciona la unidad de mujeres Nº 3 de El Borbollón. Orellano, por su parte, está imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía y, por lo menos hasta esta mañana, le manifestó a la fiscal que investiga el caso su voluntad de declarar. Chaler, se dispone a tomarle indagatoria en las próximas horas, antes de que se concrete su traslado al Complejo Penitenciario I de Boulogne Sur Mer, en la capital mendocina.

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