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En La Pampa la jueza Iara Silvestre y el fiscal federal Juan Baric, que instruyen las causas donde cuatro intendentes son investigados por permitir el funcionamiento de prostíbulos sospechados de tener vínculos con redes dedicadas a la trata de personas, se cruzaron con distintas versiones sobre el avance de los procesos. El viernes pasado el fiscal aseguró que los cuatro jueces que actuaron en las causas  “metieron más trabas que nadie” a la investigación. Hoy la jueza le respondió por nota, pidiéndole que “aclare sus términos en tanto que públicamente ha puesto en duda mi actuación en tales causas”.

Son cuatro los intendentes pampeanos involucrados en investigaciones que están en manos del fiscal Federal Juan José Baric y de la jueza Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre. La pasada semana, entrevistado por el portal de noticias de la Procuración General de la Nación, Baric aseguró: “amenazamos a la actual jueza con que si no procedía a resolver la situación procesal de (Luis) Rogers (uno de los intendentes investigados) y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”.

Especialmente aludida, en la respuesta la titular del Juzgado Federal de Santa Rosa le dijo al fiscal que “si tiene reparos respecto de mi imparcialidad puede utilizar los remedios procesales que el ordenamiento legal le brinda” (recusarla, por ejemplo).  Lo hizo a través de una nota de la que mandó copia a la procuradora Alejandra Gils Carbó  y al Consejo de la Magistratura.

Silvestre además le dijo al fiscal que si “sus sospechas van más allá, al punto de considerarme connivente con las prácticas encubridoras de tales delitos, me permito sugerirle que haga la denuncia ante los organismos institucionales pertinentes, caso contrario estaría faltando usted a sus deberes funcionales”. Por su parte, personal de la fiscalía informó a Infojus Noticias que Baric no dará hoy declaraciones a los medios sobre lo sucedido.

La causa que tiene como imputado al intendente intendente de Lonquimay, Luis Rogers, en julio de 2009. Entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención de los teléfonos del dueño del local “Good Night” por sospechas que lo vinculaban a la trata de personas. La averiguación vinculó al subcomisario Alaniz y al intendente con la actividad ilegal.

En abril de este año, Baric acompañado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, solicitaron la inmediata resolución de la situación procesal del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el subcomisario Carlos Alaniz indagados por el delito de trata en noviembre de 2013.

En mayo de este año la magistrada, que llegó a la titularidad del juzgado en agosto del año pasado, procesó a los funcionarios involucrados, sin disponer su prisión preventiva porque “no advirtió peligro de fuga”, “ni posibilidad de que obstruyeran la investigación”. Las defensas apelaron el procesamiento y el fiscal insistió con el pedido de prisión preventiva para el intendente que sigue en funciones en Lonquimay. Ahora, el expediente aguarda en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca para su revisión.

La de Rogers es la causa más vieja de las cuatro que involucran a intendentes pampeanos. Abierta en 2009, luego de la muerte del titular Pedro Zabala tres jueces subrogaron el juzgado. El primero Marcelo Piazza que por su condición se negaba a tomar declaración a los imputados. Lo reemplazó José Antonio Charlín, separado de su cargo en agosto de 2013, denunciado por el personal del juzgado por acoso laboral y malos tratos. Entonces, Silvestre pasó de ser la secretaria actuante a  subrogar el juzgado federal de Santa Rosa, y las decisiones sobre las causas que involucran a los intendentes quedaron en sus manos.

Fue Silvestre quien en mayo, finalmente, procesó al intendente Rogers y al subcomisario Alaniz por ser “partícipes necesarios” del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por ser funcionario público y por ser cometido por tres personas en perjuicio de más de tres víctimas. La defensa del intendente apeló. Y el fiscal Baric, apeló y pidió que el intendente sea preventivamente detenido porque advierte peligro de entorpecimiento de la investigación.

Las otras causas que involucran a los intendentes

Como Rogers, el actual intendente de 25 de Mayo, David Bravo, está imputado por ser  “partícipes necesarios” del delito de trata. En diciembre de 2011 una llamada anónima aseguró que en el cabaret Venus “cuando iba el jefe de la municipalidad (Bravo) le daban 1000 pesos y él firmaba”. En esta causa, hasta el próximo 27 de octubre, está previsto que presten declaración indagatoria el intendente, un juez de faltas, tres empleados municipales, dos policías y cinco personas vinculadas al funcionamiento del prostíbulo.

En otra causa, Silvestre sobreseyó a la ex intendenta de General Acha, María Elena García y al  secretario de Gobierno del municipio, Luis Javier Bassa, investigados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber habilitado el funcionamiento de un prostíbulo denominado “El Delfín”. El fiscal Baric apeló esa resolución que actualmente se encuentra para su revisión en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca.

El cuarto intendente investigado en La Pampa es Jorge Cabak, de Macachín. En este caso, la jueza Silvestre, en junio de este año, le tomó declaración indagatoria al intendente y al comisario de la policía provincial Hugo Iglesias, investigados por encubrir a una red de trata de personas que operaba en local nocturno “Chicho Show”. En base a sus dichos, dispuso “nuevas medidas de pruebas”, según informaron fuentes judiciales.