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Concluyeron este mediodía los alegatos de la defensas en el juicio donde el ex juez Víctor Brusa, los policías Eduardo Ramos ("Curro"), Juan Calixto Perizzotti y la ex penitenciaría María Eva Aebi están acusados por integrar una "asociación ilícita" durante el terrorismo de estado. La sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe se conocerá el próximo viernes, luego que el día jueves la fiscalía, los querellantes y defensores tengan oportunidad de replicarse.

Claudio Torres del Sel, el defensor particular de Perizzotti apeló a la escasa responsabilidad que tenía su defendido en la fuerza policial al momento de los hechos, y habló de la imposibilidad de que formara parte de un plan sistemático. “Hizo un alegato político, y negó la existencia de un plan sistemático de aniquilamiento”, dijo  Infojus Noticias el abogado querellante Guillermo Monne. Por Brusa, Ramos y Aebi el defensor oficial Fernando Sánchez planteo la inconstitucionalidad de la anulación de las llamadas Leyes de Obediencia Debida, que dio lugar a estos procesos.

Ayer el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó para los acusados penas que van de 5 a 9 años de prisión. Las dos partes querellantes coincidieron en solicitar una pena de 10 años para cada uno de los cuatro acusados. Lo máximo que marca la ley para el delito de asociación ilícita.

Antes de la sentencia los acusados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras. Hasta ahora, solo hablaron Ramos en la primera audiencia del 8 de mayo y Aebi el jueves pasado. Se estima que el veredicto de los jueces Lilia Carnero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, se conocerá el próximo viernes.

Este es el segundo juicio ante el TOF de Santa Fe que involucra a los mismos acusados. En el primer juicio, Brusa fue condenado a 21 años de prisión por ocho casos de apremios ilegales y Ramos, Perizzotti y Aebi, a penas que oscilan entre los 23 y 19 años de cárcel por privación ilegales y tormentos. Esa condena quedó firme en 2013 con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al juez se lo acuso por su alianza con el aparato represivo cuando era la mano derecha del magistrado Fernando Mántaras, a quien años después sucedió en el cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem.