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La querella de Jorge Julio López lo venía reclamando hacía tiempo: un informe de la fiscalía de La Plata reveló por qué se demoró la investigación. Y dejó en claro que necesita sumar a otra fuerza de seguridad para acelerar la pesquisa. El documento, además, confirmó que actualmente siguen 17 pistas y analizan más de 5 millones de llamadas telefónicas.

La Unidad Fiscal Federal N°3, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina, investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata. Desde allí informaron –tal como publicó el portal Fiscales.gob.ar- que se encuentran abocados al análisis y entrecruzamiento de más de cinco millones de llamadas telefónicas producidas en zonas aledañas al domicilio de la víctima entre el 17 y el 18 de septiembre de 2006, “tareas de las cuales se puedan desprender elementos para averiguar su paradero y el de los responsables de la desaparición”.

Este trabajo, según la fiscalía, "genera expectativas reales y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo análisis de las pistas subsistentes como también por la investigación dirigida sobre las personas sospechadas conforme el flujo de comunicaciones existente al momento de la desaparición de Jorge Julio López".

El informe fue enviado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad –cuyo titular es Jorge Auat-, en el que también se refiere la necesidad de que una nueva fuerza de seguridad se sume a las tareas investigativas que ya realizan las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria.

De acuerdo a la fiscalía, la tarea de análisis de llamados teléfonicos, que es la que más tiempo insume, se desarrolla en el marco del seguimiento de 17 pistas -cada una, con diferentes sospechosos- abiertas en torno a la búsqueda del testigo.

El informe refiere que la mayor parte de las tareas investigativas están a cargo de la denominada "Comisión caso López" de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, la fiscalía subrayó que la comisión avanzó poco por la falta de agentes.

Las demoras de la investigación

El análisis de los entrecruzamientos telefónicos, según el informe, se demoró tras el apartamiento en 2008 de la Policía bonaerense. Lo explicaron del siguiente modo: “La fuerza provincial utilizaba para esa tarea un software denominado VAIC, pero la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, que comenzaron a intervenir con mayor injerencia tras la salida de la bonaerense, operaban con el programa informático I2”.

El problema informático derivó en un “largo proceso de migración de los datos”, que consistió en recuperar el 'crudo' de la información aportada por las compañías telefónicas a la Policía Bonaerense. Recién se solucionó cuando el expediente fue digitalizado por la Procuración General de la Nación.

No fueron las únicas complicaciones. La reunión de esa información también se demoró. Las distintas operadoras telefónicas tardaron meses en responder y el representante legal de una compañía celular hasta debió ser intimado y convocado a la oficina de la fiscalía para que cumpliera con el pedido.

La Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según la fiscalía, no trabajaron juntas. “Cuando la PSA logró procesar toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar los datos en el sistema I2”,  dijeron. Fue en este contexto que por decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación se separó a la PSA de la investigación, cuestión que la fiscalía no vio con buenos ojos.

El rol de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La Unidad Fiscal le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación el retorno de la PSA, algo que se concretó a partir de noviembre del año pasado. El informe destacó que, sin su aporte, no se hubiera elaborado la base de datos que registra un poco más de 5 millones de llamadas.  

“La base de datos genera expectativas reales y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo análisis de las pistas subsistentes como también por la investigación dirigida sobre las personas sospechadas conforme el flujo de comunicaciones existente al momento de la desaparición de Jorge Julio López. De allí que los eventuales vínculos que puedan surgir entre personas ya sospechadas, y el caudal de comunicaciones antes referido, podría devenir en indicios de gran valor probatorio", precisó el informe de la Unidad.

El represor Etchecolatz y otras pistas

La Unidad Fiscal agregó que, por fuera de la causa judicial sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López, ha procurado la detención de todos los funcionarios policiales denunciados en los cuatro testimonios judiciales que brindó el testigo entre 1999 y 2006. Ello se logró recién en agosto del año pasado, “aunque algunos imputados oportunamente por López lograron la libertad porque se les dictó falta de mérito”.

La representación del Ministerio Público Fiscal agrega que en la causa hubo "sucesivas presentaciones del condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz", quien solicitó declarar porque, según dijo, "tenía información y prueba para aportar". Pero Etchecolatz no declaró nunca, porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado.

Finalmente, otra de las investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes están siendo estudiados con información requerida al Ministerio de Defensa.

Algunas conclusiones

La causa que se tramitó ante la justicia provincial cuenta con cuatro cuerpos principales y cuarenta cuerpos de anexos. En tanto, la investigación federal se compone de 42, a los que a la fecha se le agregan 57 legajos, "en los que se persigue una hipótesis investigativa autónoma en cada uno de ellos, y 64 anexos integrados principalmente por transcripciones de intervenciones telefónicas; legajos y anexos que a su vez se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta Fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal".

Según el informe, de los 57 legajos con pistas de investigación, 34 ya fueron cerrados, y de los 23 restantes, hay 17 legajos abiertos con pistas autónomas de investigación.

El expediente tuvo su origen el mismo día de la desaparición de López, el día 18 de septiembre del año 2006, y la investigación de los hechos estuvo, en el comienzo, a cargo de la justicia provincial de La Plata con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata.

El 14 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal de La Plata y dispuso que la investigación quedaría a cargo del juzgado federal.

Hasta el año 2008  la Policía bonaerense actuó en la causa como principal encargada de llevar a cabo las tareas investigativas, hasta que la Cámara Federal de La Plata ordenó su apartamiento de esa función y calificó los hechos que afectaron a López como "desaparición forzada".