Julio López: un juez se declara incompetente para tratar el habeas corpus
Entre los argumentos se explica que “no existen razones que justifiquen la intervención de la justicia nacional” ya que Julio López, antes de que lo desaparecieran, tenía que declarar como testigo ante un tribunal federal de La Plata.
Lópéz, durante su declaración en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz
La Cámara en lo Criminal y Correccional confirmó una sentencia en la que se declaró incompetente un juez para tratar un habeas corpus presentado por allegados a Jorge Julio López, testigo secuestrado y desaparecido en 2006 en el marco del primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad.
Los jueces de la sala IV, Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas confirmaron una sentencia de primera instancia en la que la jueza de primera instancia, Silvia Ramond, se declaró “incompetente” para analizar un habeas corpus presentado por allegados a Jorge Julio López.
Entre los argumentos utilizados por los magistrados explican que “no existen razones que justifiquen la intervención de la justicia nacional de esta ciudad” ya que recordaron que “las circunstancias de que Jorge Julio López hubiera sido visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 abandonando su domicilio sito en la ciudad de La Plata; debía presentarse ese mismo día a declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 también de La Plata”.
Precisamente es en ese tribunal, destacaron los jueces, donde se “tramita la causa nº 16.060 en que se investiga la desaparición forzada del mencionado López” por lo que esas circunstancias “evidencian que debe ser la justicia federal de La Plata la que intervenga en el trámite de la presente acción de hábeas corpus”.
La convocatoria a una presentación masiva de hábeas corpus fue realizada el pasado septiembre por organismos de Derechos Humanos de La Plata al cumplirse siete años de la desaparición de López.
El habeas corpus es una garantía prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Durante la dictadura cívico-militar fue la única opción con la que los familiares de los desaparecidos podían reclamar por ellos ante el Estado.
Luego de declarar en 2006 en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue nuevamente secuestrado y se encuentra aún desaparecido. . En la causa en la que se investiga su desaparición no hay procesados ni detenidos.
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