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A Héctor Oscar Chisu los compañeros de la Triple A le decían “Ginebra”, un apodo que nunca dejó de usar después, en la última dictadura militar. En su legajo personal como represor, fue custodio del general Acdel Edgardo Vilas, por entonces segundo jefe del V Cuerpo de Ejército y jefe del Operativo Independencia en Tucumán en 1975. La justicia de Bahía Blanca seguía sus pasos hace unos años, tras haberlo imputado por delitos de lesa humanidad. Un día como cualquier otro, Chisu, de 63 años, salió de su domicilio en Trelew y se sorprendió: agentes de la Delegación Rawson de la Policía Federal Argentina lo estaban esperando para arrestarlo. En las próximas horas, podría ser trasladado a Bahía Blanca. Se cree que en esa ciudad será prontamente indagado.

El pedido de detención había sido efectuado ante la Justicia Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez y por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani. Desde la fiscalía, confirmaron que "Chisu fue detenido en su domicilio del barrio Malvinas Argentinas de Trelew, ciudad en la que se hallaba viviendo desde hace un tiempo". Y agregaron: "Chisu está imputado en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos poco antes del 24 de marzo de 1976".

"Ginebra" está acusado de haber cometido “torturas, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”. Entre las víctimas figura Luis Jesús García, conocido como "El Negrito", quien era obrero de la construcción y fue un militante del Frente Antiimperialista y Socialismo. Se trata de la causa por la cual los fiscales solicitaron investigar homicidios perpetrados por grupos parapoliciales y paramilitares entre 1974 y 1975, en el ciclo del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo de 1976. Es decir: develar cómo funcionó la “Triple A” en Bahía Blanca.

Otro de los casos que integran la causa es el homicidio a sangre fría del David "Watu" Cilleruello, de 23 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de Ingeniería y secretario general de la Federación Universitaria del Sur. El hecho sucedió el 3 de abril de 1975 dentro del edificio de la Universidad, "en presencia de una gran cantidad de alumnos" que ese día se habían aglomerado para la inscripción en las diferentes materias. Cilleruelo, narraron los fiscales, fue abordado por un grupo de integrantes de "la patota contratada por el rector interventor", Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó un arma de fuego directamente sobre la víctima.

Fuentes de la investigación comunicaron, además, que la búsqueda de la Policía Federal duró un mes. Chisu, fue rápidamente identificado por los efectivos cuando salía de su domicilio ubicado en el pasaje Cruz del Sur del barrio Malvinas. Por su rol en la represión también está involucrado su hermano, Miguel Ángel, que ya fue condenado por delitos similares.

Chisu actualmente está jubilado y el Juzgado Federal de Rawson le contempló arresto domiciliario por enfermedad hasta que se decida su traslado a Bahía Blanca.

Triple A en Bahía

En abril, los fiscales de la Unidad que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados en esa ciudad por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo, "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".

Según informó el portal Fiscales, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que esos casos cumplen "los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y "en el marco de un fenómeno de terrorismo de Estado". Los hechos, remarcaron, "presentan notas comunes en torno a las circunstancias de tiempo, lugar y modalidades de ejecución". "Su carácter más notorio estuvo representado por la actuación de grupos paraestatales, bajo la dirección, el suministro de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal", completaron los fiscales.

Palazzani y Nebbia dijeron que "a partir del año 1974, ya pueden identificarse las primeras intervenciones del grupo criminal en un claro proceso de penetración y purgamiento ideológico de los diferentes espacios de militancia gremial y estudiantil, aspecto que se intensificó al año siguiente" y puntualizaron que "en el ámbito gremial, una expresión de aquel proceso de persecución tuvo lugar en el seno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Bahía Blanca". La modalidad utilizada en la generalidad de los sindicatos consistió en "colocar agentes operativos y de inteligencia, en los servicios de 'custodia' de las diferentes entidades gremiales o educativas invadidas".

Al igual que en el campo gremial, "la actuación del grupo paraestatal operó con el propósito de penetrar y controlar los espacios de poder del ámbito universitario local, para desplegar desde esa posición el programa de persecución y eliminación contra distintos sectores de militancia gremial-estudiantil", sostuvieron los fiscales, al tiempo que remarcaron que "aquella misión represiva tuvo comienzo en el año 1974 en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca".