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Todo empezó con un muerto. El 13 de febrero pasado, el empresario Jorge Suau, vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis, apareció sin vida dentro de su camioneta 4x4, cerca de la localidad de Rafael García, con los antebrazos quemados y signos de intoxicación por monóxido de carbono. La investigación criminal del fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, no avanzó demasiado y está cerrándose sobre la pista del suicidio, aunque su familia y el fiscal federal Enrique Senestrari creen que hay puntos dudosos.

Suau estaba afiliado a la Democracia Cristiana y había sido secretario de culto en el primer mandato de José de la Sota. Lo inquietante de su muerte no es solamente su condición de empresario con llegada al poder político, sino las dos cartas póstumas que dejó. Esas misivas fueron el disparador y la hoja de ruta de una causa federal –a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro y el fiscal Senestrari- que combina muerte, mafias y corrupción, y podría convertirse en el Watergate vernáculo del poder político cordobés.

Las cartas les llegaron por correo postal al fiscal Senestrari y al camarista Ignacio Vélez Funes. En ellas, Suau confesó que la financiera ocultaba una mesa de dinero ilegal en la que invertían y hacían negocios otros empresarios, funcionarios cercanos al gobernador Juan Manuel De la Sota y al intendente radical de Córdoba Ramón Mestre, y ciertas empresas transnacionales. La investigación cobró impulso y nueve personas quedaron imputadas por los delitos de asociación ilícita, intermediación clandestina, estafa, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Tan complejo aparecía el panorama, que Senestrari pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para analizar el caudal de información financiera y afinar las líneas de investigación. “Era lo que en la jerga le decimos la cueva: un centro de descarga de guita negra de varios lugares”, define desde su despacho en el centro porteño Pedro Biscay, el hombre de la Procelac que está asistiendo en la investigación.

La cueva por dentro

En el último tiempo, Biscay tuvo que desandar varias veces la ruta que une la capital federal con Córdoba, para entender los mecanismos financieros que comenzaban a aparecer detrás del funcionamiento de CBI. “Por un lado, CBI recibía plata en efectivo y cheques de empresas o inversores privados. También captaban dinero del público, a través de un sistema de cajas de seguridad que además le daba al cliente un rédito mensual que variaba según la moneda y la fecha en la que eran contratadas”, cuenta.

La otra modalidad con la que operaba CBI era como prestamista. “Daba préstamos encubiertos bajo dos fórmulas eufemísticas. Una era la ‘asistencia financiera’. La segunda era a través del llamado ‘descuento de cheques’, es decir, monetizarlos: iba gente con cheques de cobro diferido, y se los daban en efectivo quedándose con un punto o medio de comisión”, cuenta Biscay.

Para financiarse, explica Biscay, CBI debía conseguir liquidez. “Para responder a esas demandas con dinero en efectivo, no le alcanzaban las comisiones por los préstamos; necesitaban liquidez de la cual fondearse. ¿Y quiénes tienen interés en invertir en este tipo de lugares? Narcos, tratantes, lavadores de impuestos”, explica. En el expediente judicial no se han detectado por ahora fondos que provengan del narcotráfico. Los fondos sospechosos provienen, en su mayoría, de cajas negras donde se evaden impuestos y podría haber también -deslizan los investigadores- plata negra de redes de trata.

Cuando ese juego de riesgo y de farsa aumentó su caudal, los riegos se multiplicaron. “La financiera se cayó porque la masa de cheques que entraban fue creciendo, se fue asimilando a una lógica bancaria en la que el descubierto era cada vez mayor. Porque cuando los cheques son cada vez más, también las posibilidades de que salgan rechazados o no tengan fondos”, detalla el investigador de la Proselac.

Imputados y mencionados

Formalmente, la investigación federal tiene nueve personas imputadas. Ellos son: su presidente Eduardo Rodrigo, acusado de ser el cerebro de las maniobras. Los socios: Oscar Altamirano, Julio Ahumada, Aldo Ramírez y Daniel Tissera. El encargado de la sede de CBI, Luis de los Santos, brazo derecho de Rodrigo. El periodista Víctor Alaniz, socio de Rodrigo en la empresa satélite Inalta. La escribana Doris Puccetti, sospechada de certificar las operaciones ilegales. Y José Núñez, presunto responsable del "servidor 2", una computadora donde quedaron registradas las operaciones fraudulentas de la financiera.

En las últimas semanas la investigación se amplió. Aparecieron otras financieras y otros nombres propios en el expediente: algunos estaban mencionados desde el principio, en las cartas de Suau. Uno de ellos es Euclides Bugliotti, uno de los empresarios más poderosos de la provincia que lidera el grupo empresario Dinosaurio. Bugliotti hizo una financiera unos meses antes de que quebrara CBI. Además, una de las dos sedes de esta última funcionaba en uno de sus shoppings. Después de su mención como sospechoso, el fiscal federal general Alberto Lozada y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbbatella, querellante en la causa, recusaron al juez Bustos Fierro. La razón: en la prensa apareció una foto en la que se los veía al juez y al empresario compartiendo una velada nocturna. Por estos días, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el pedido.

“El cerebro financiero de la cueva era Rodrigo, su presidente, pero esto funcionaba porque tenía un soporte político”, definió una fuente de la investigación. “Estoy convencido de que el apoyo político venía de parte de Fabián Maidana. No se llega de la nada a ser presidente del banco de Córdoba”, agregó. Maidana fue nombrado al frente de Bancor –cuyo 98% del capital accionario pertenece a la provincia- en el año 2011. Aunque no fue imputado formalmente, fue acusado por el senador Luis Juez, y respaldado públicamente por De la Sota.

“El presidente del Banco de Córdoba participó de una institución cuando no tenía las características que tiene actualmente y que están siendo investigadas por la Justicia federal, que es la que va a resolver el tema”, dijo el gobernador. En su declaración indagatoria, Rodrigo lo contradijo: reafirmó que desde su fundación funcionaba como una “mesa de dinero”.

El expediente judicial también complicó a funcionarios municipales por su vinculación con la recaudación de los fondos de la tarjeta Red-Bus, el sistema para utilizar el transporte de la provincia. “Los recaudadores, en motos, circulan por la ciudad levantando el dinero recaudado que centralizan en CBI. La financiera disponía de esos fondos por plazos cortos: 48 horas. Luego se lo pagaba a la municipalidad con cheques. Hay una sospecha de que CBI pagaba una coima mensual para que la municipalidad neutralizara la auditoría que se debía hacer sobre el origen de esos cheques”, dijo la fuente. Surgieron los nombres de Juan Pablo Díaz, el secretario de Transporte, y de Juan Pablo Ostanelli, el secretario privado de Mestre.

Hace pocas semanas, también entró en escena el clan Barrera. Juan Carlos, el ex presidente del club cordobés Instituto de Córdoba, y sus dos hijos, Mariano e Iván. Barrera padre fue uno de los dos fundadores de CBI junto a Fabián Maidana. Aunque vendió hace un tiempo su parte de las acciones, pronto fundó otra: Blicen. También tiene el negocio de transportes de caudales a través de la empresa Baccar, que le lleva los valores –por ejemplo- al banco de Córdoba y a la propia CBI. Las empresas de seguridad son propias, y unas 2.000 cajas de seguridad. “Un pesado”, lo define una fuente de la investigación que participó del allanamiento en su empresa. Allí las autoridades encontraron muchas cajas de seguridad “activas” pero sin clientes identificados: un requisito obligado a la hora de contratar una.

También hay empresas sospechadas de participar en la rueda de la especulación. Dos de ellas son Toyota Motors y Siemens. Aunque aún falta confirmarla, los investigadores creen que la maniobra con Toyota era una triangulación para evadir impuestos. Dice la fuente: “Por ejemplo, llegaba alguien a comprar una camioneta de tres millones de pesos. Si quería blanquear plata, pedía para pagar en efectivo. En la concesionaria lo mandaban a pagar a CBI ‘por cuestiones de seguridad’. Allí les daban un comprobante de pago para ir a retirarla por la concesionaria. La financiera podía tener la plata durante 48 horas, moverla, y después se la entregaba a una cuenta financiera de Toyota, que era la boca de venta sino la pata financiera de la empresa”.