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La justicia federal de Santa Rosa dictó el procesamiento para el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, y para el subcomisario Carlos Alanis. Están acusados de ser cómplices del funcionamiento de una red de trata sexual de la ciudad durante dos años. Hace dos semanas, el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el fiscal Federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, habían pedido la inmediata resolución procesal de tres de los imputados. Los fiscales aseguraban que había una demora en la causa.

El nombre de Rogers se volvió blanco de cuestionamientos cuando salió a la luz la investigación policial que buscaba demostrar si había trata de personas en el prostíbulo “Good Night”, ubicado en la ruta 5 en la entrada de Lonquimay, un pueblo de 1500 habitantes, a 60 kilómetros de Santa Rosa. Primero, el intendente se opuso públicamente a los allanamientos. Después tuvo polémicas declaraciones a la prensa. Para él, el local no debía cerrarse porque era “un lugar de esparcimiento”. “El cabaret es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”, dijo Rogers con liviandad consultado por medios locales.

De acuerdo al expediente judicial al que tuvo acceso Infojus Noticias, Rogers habría firmado libretas sanitarias de mujeres para “Good Night”, a quienes se les exigían exámenes ginecológicos para su obtención. La habilitación municipal del local era para “salón de bailes”. Ninguna autoridad pudo explicar por qué exigían este tipo de estudio para mujeres que, supuestamente, eran contratadas para servir copas en un salón de baile.

Además de Rogers y Alanis, la jueza federal subrogante, Iara Silvestre, procesó a los hermanos Eduardo Mauricio Fernández, Carlos Javier Fernández y a Brian Martín Saxs por su presunta participación en el acogimiento de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad para explotarlas en el local, propiedad de Carlos Fernández. Silvestre también ordenó el embargo por 50 mil pesos sobre bienes o dinero de propiedad de Alanis, Rogers y Eduardo Mauricio Fernández.

Los acusados declararon en la causa recién en noviembre del año pasado luego de reiteradas negativas del juez Marcelo Piazza. Desde diciembre de 2012 distintos fiscales pedían que se le diera impulso a la causa.

Tanto el intendente como el comisario procesado están en funciones. Alanís actualmente está al frente de la Comisaría Departamental de General Acha, según se desprende del organigrama que figura en la web oficial de la Policía de La Pampa.

Una pesquisa policial fue la punta del ovillo

La investigación comenzó hace más de cuatro años a partir de distintas denuncias. Todas confluían en “Good Night”. En julio de 2009 el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido al juez fallecido, Pedro Zabala, la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del lugar. Lo investigaba por presuntas irregularidades en su local. Sospechaba que allí había mujeres víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers.

En septiembre de 2009, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había estado secuestrada en allí. La mujer había logrado irse del lugar después de pagar gastos de comida e higiene. En octubre apareció otra acusación: una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, relató ante la justicia provincial cómo el subcomisario Alanis era cómplice de distintos delitos vinculados al proxenetismo.  La mujer agregó que el policía tenía una relación estrecha con el intendente Rogers y con Carlos Fernández, dueño de “Good Night”.

Después de estas tres denuncias, en octubre de ese año se hizo un allanamiento en el local nocturno. La policía encontró tres mujeres salteñas, víctimas de trata, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales. Fernández se quedaba con el 50% de la ganancia y las mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma no recibió asistencia ni medicamentos. “Vos tenés que hacer plata”, le respondió el dueño en esa oportunidad.

Neli Haydeé Penzotti, viceintendenta de Lonquimay, también aportó información a la investigación. Según la mujer, Fernández mantenía un estrecho vínculo con el intendente de esa localidad. La funcionaria, además, relató que cuando se trató en el Concejo Deliberante la continuidad del funcionamiento de los prostíbulos en la ciudad, Fernández, dueño de “Good Night” estaba presente.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 5 de julio de 2011 se expidió sobre el tema y ordenó profundizar la responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. En su dictamen el Máximo Tribunal citó a lo expresado, en ese momento, por el Procurador General de la nación, el intendente “no sólo defendió ante los medios periodísticos provinciales la existencia de éste tipo de locales nocturnos, sino que, en particular, se pronunció contra el eventual cierre de “Good Night”.