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La obra del padre Cajade, en La Plata, asiste a 250 niños y adolescentes. Pero está en peligro. Desde inicios de este año, ya no reciben el plato de comida fuerte del día, no reiniciaron los talleres recreativos que los alejan de las calles, o padres de familia que ya no tendrán asistencia jurídica, psicológica y  odontológica, ni el lugar donde dejar sus bebés mientras ambos salen la jornada entera a trabajar: no hay posibilidad de niñeras o cursos pagos en los barrios pobres de La Plata. Hoy fue depositado el pago correspondiente a noviembre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires debe el pago de los tres meses siguientes. Las “becas”, además, no se actualizan desde 2009: son 450 pesos por chico, unos15 pesos por día. Con esa plata se paga el salario de cocineras, empleados de limpieza y educadores. Los trabajadores de la obra no cobraron aún los sueldos —que rondan los 850 pesos— de diciembre y enero.

“El pago de noviembre no alivia casi nada la situación porque es para pagar deudas que contrajimos. Necesitamos que se pague todo los adeudado, o al menos tres pagos juntos para empezar a hablar”, dijo a Infojus Noticias Daniel Cajade, el presidente de la obra. La deuda actual es de 291.600 pesos, que corresponden a 210 becas del Programa de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) para La Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés y la Casa de los Niños “Chispita”. Si no hay más pagos para el 1º de marzo, cuando inicia un nuevo bimestre, la deuda ascenderá nuevamente a 388.800 pesos.

La semana pasada, el nuevo ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, se comprometió ante las autoridades de la obra a resolver la asfixia presupuestaria para la semana próxima. Pero los tiempos y el ritmo que trae el asunto hacen difícil pensar en una solución a tiempo. “Febrero y marzo son meses importantísimos, porque empiezan las clases, y hay padres que si no los ayudamos desde acá no pueden llevar a la escuela a sus hijos. Pueden perder no sólo el año escolar, sino la Asignación Universal por Hijo”, completó el sobrino del cura tercermundista, que fundó la obra hace tres décadas y falleció de cáncer en octubre de 2005.

La vía judicial

En septiembre de 2013, cuando la situación ya era apremiante, 22 redes de organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes –que incluyen cientos de organizaciones e involucran a miles de chicos bonaerenses- presentaron una denuncia colectiva en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 3 de la capital provincial a cargo de Francisco Terrier, para que el Poder Ejecutivo pague las deudas y cumpla las obligaciones dispuestas por el sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez.

“En ese pedido no sólo pedíamos el pago de las becas a través de una medida cautelar, sino también una serie de audiencias públicas –como lo permiten este tipo de instrumentos- en los cuales los funcionarios vinculados al área de Niñez y el propio gobernador asistieran para escuchar a las organizaciones que trabajan con ellos cada día. Y que se escuches a los niños y jóvenes también”, contó Carola Bianco a Infojus Noticias. Es abogada del Programa de Niñez y Políticas Sociales de la Facultad de Derecho de la UNLP, que patrocina la demanda.

El juez Terrier pidió que la provincia informara cuáles eran los pagos y cuáles las deudas. “La Secretaría de Niñez respondió con informes deficientes, donde no estaba discriminado lso conceptos de lo que se había pagado”, agregó la abogada. El magistrado fijó enero como fecha límite para que la provincia depositara los pagos. Pero los plazos vencieron y la plata nunca llegó. Las organizaciones se quejaron y la secretaría de Niñez terminó por pagar. Pero el Ministerio de Desarrollo Social –del Programa UDI, del que depeden la mayoría de las becas- ni siquiera hizo un plan de pagos. “Al mismo tiempo, Niñez inició una serie de supervisiones extraordinarias, que no eran usuales, que hasta recaían sobre cuestiones edilicias que nunca había hecho y que algunas organizaciones sintieron como una persecución”, dijo Bianco.

Hasta el momento, tres organizaciones no reabrieron sus puertas en 2014, entre ellas el Hogar del Padre Cajade. Otras, dejaron de pagar a los educadores para solventar la comida. “Si el primero de marzo no se completa la orden judicial de pago, vamos a denunciar por incumplimiento y pedir multas económicas para Pablo Navarro, secretario de Niñez y Adolescencia; el ministro Aparicio y el gobernador gobernador. No nos queda otra que ir por el lado de la fuerza, por los chicos”, concluyó la letrada.

“El abandono y el vaciamiento de nuestras organizaciones llegó a un límite imposible de sostener. El Estado delega en organizaciones como la nuestra el acompañamiento de cientos de chicos y sus familias, pero al mismo tiempo le niega los recursos necesarios para subsistir”, concluyó Javier Sahade, subdirector de “La Pulseada”, la revista periodística que forma parte de la obra.