Infojus Noticias

Cincuenta y ocho trabajadores hacinados en un galpón clandestino. Tres boxes para bañarse con agua fría y sin puertas, tres inodoros sin mochilas, tres piletas externas para lavar ropa y cocina a la intemperie. Así vivían trabajadores de las empresas Las Rosas S.A. y Ullúm Maquinados S.A., en la ciudad capital de La Rioja, quienes se cansaron de recibir promesas y denunciaron las condiciones inhumanas ante el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) , que junto a la AFIP realizó un allanamiento en el galpón y detectó graves irregularidades.

En consecuencia,  a las dos firmas se les labró actas, "dados los gravísimos incumplimientos al Nuevo Régimen de Trabajo Agrario que garantiza condiciones de trabajo digno", dijeron las autoridades del RENATEA a Infojus Noticias. Además de la situación descripta, existe la presunción de que los capataces retendrían los documentos de identidad de los trabajadores con el fin de extorsionarlos para que reintegren el costo de los transportes utilizados para llegar a los lugares de trabajo. Finalizado el operativo, el galpón fue clausurado y la denuncia quedó en manos de la Justicia Federal.

RENATEA informó que, en las últimas semanas, también se realizó una campaña de abordaje territorial en el partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron siete menores de edad trabajando en la cosecha de la cebolla. Las inspecciones fueron realizadas en conjunto con la AFIP y otros organismos nacionales y provinciales. Ciento trece trabajadores fueron relevados en cinco inspecciones. En la misma campaña se capacitó a mil trabajadores en los nuevos derechos que la ley 26.727 les otorga y se registró a ochocientos veinte trabajadores y trabajadoras.

Según informaron desde el organismo estatal, a partir de que se realizaron operativos de registración en origen en todo el país, el número de libretas de trabajo con aportes se elevó de un 40% a un 75% y la cantidad de denuncias recibidas aumentó el 14.000%: de 25 por año a entre 15 y 20 por día.

Antecedentes en la Justicia

Según estadísticas del RENATEA, en los últimos meses se registraron 300 empresas en 18 provincias. De 8 mil trabajadores, hay un 37 por ciento de trabajadores permanentes, un 17 de permanentes discontinuos y un 46 de temporarios.

Desde la mitad del año pasado hasta la actualidad, hubo varios acontecimientos en torno al trabajo esclavo y su posterior judicialización. Después de años de haber estado paralizado, empezó un megajuicio por trabajo esclavo que involucra a seis talleres clandestinos por diseño de ropa. La causa tiene once imputados y hay 150 testigos que ya comenzaron a declarar ante el Tribunal Oral N°6 -con sede en Comodoro Py-, que dictará sentencia en los próximos meses.

El 24 de octubre de 2013, en la zona del Valle de Lerma de Salta, una inspección de la delegación regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social derivó en una denuncia penal. En una de las fincas visitadas, que se dedicaba a la plantación de tabaco, se detectó que once personas vivían bajo trabajo esclavo. La investigación quedó en manos de Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta.
El 14 de diciembre la AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, encontró un taller textil en el barrio porteño de Floresta donde once trabajadores eran víctimas del delito de trata de personas. El encargado del taller quedó detenido y los funcionarios de la AFIP realizaron la denuncia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello.

El 10 de enero de este año el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Policía Federal realizaron un operativo en el campo "El Ombú", en Baradero. El descubrimiento fue atroz: un centenar de trabajadores de Santiago del Estero, que trabajaban en la cosecha de la soja y el maíz para una empresa multinacional, vivían hacinados en el mismo establecimiento donde trabajaban. La orden de allanamiento la dictó un Juzgado Federal de Campana que subroga Adrián González Charvay, a raíz de una inspección realizada por la AFIP.

Otro de los casos pendientes a resolver por la justicia es la desaparición del trabajador golondrina Daniel Solano. Oriundo de Tartagal, con 26 años, fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en un boliche de Choele Choel, Río Negro. Esa misma tarde, en uno de sus últimos contactos telefónicos, le había dicho a su padre: “Nos pagaron mal. El lunes vamos a pedir los reintegros”.

Su cuerpo nunca apareció, pero la causa fue caratulada como homicidio: hay 22 policías imputados, 13 procesados, 7 detenidos y 34 denunciados. La estrategia de los abogados de Solano no es sólo imputar a los policías, sino convertir el caso en una megacausa, que se detenga a más personas y se avance en los procesamientos. Para ellos existe un grado de responsabilidades que llega hasta Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.), una multinacional belga que domina el negocio de la fruta.