Infojus Noticias

La justicia federal de Rosario sigue investigando la trama de los polizones congoleños que habrían sido arrojados al mar por la tripulación de un buque de carga. La trama une seis banderas: la empresa es de capitales griegos, el buque de bandera de las Islas Marshall, hay cuatro marineros filipinos, dos oficiales rumanos y cuatro polizones congoleños. En medio, la justicia argentina. Hoy esta historia sumó un nuevo capítulo: el testimonio de un primo de uno de los marinos, que se comunicó con Infojus Noticias desde Rumania.

Un mail extraño llegó hoy a la redacción. El rumano Alexandru Radu preguntaba a esta agencia, con marcada desesperación, por la situación su primo, el oficial marítimo Robert Racovita, que fue detenido por Prefectura en un puerto de Rosario. Está acusado de homicidio agravado de cuatro polizones congoleños. Como dijo Roberto Arlt: “El oficio del periodista es de lo más singular que existe en lo de aventuras extrañas.”

Radu contó que Rocovita tiene 35 años, está divorciado y no tiene hijos. Toda su familia está ligada a los barcos: su abuelo, su padre y su hermano trabajaron en embarcaciones, así lo dicta la tradición. El mismo Radu trabaja como camarero en una embarcación. En 2004, Rocovita se recibió de oficial marítimo en Constanza, su ciudad natal, después de cuatro años de estudio en la Academia Naval. Constanza es el puerto más grande de Rumania, a orillas del Mar Negro, donde un cuarto de la población trabaja en oficios asociado al mar.

Según su primo, a  Racovita le gusta el fútbol y siempre está de buen humor. Nunca había tenido problemas con la Justicia. Recorrió buena parte del mundo: estuvo en todos los países de África y de América, y le gustaría conocer Australia. Hace cuatro meses empezó a trabajar para “W.E.M. Line SA”, una empresa de transporte marítimo de capitales griegos. El 17 de mayo salió de Constanza en su primer viaje en la empresa.

Viaje al fin de la noche

El buque “RM Power” en el que Racovita era oficial salió el 6 de julio de un puerto en la República Democrática del Congo, con 21 tripulantes. A poco de zarpar,  encontraron siete congoleños que se habían ocultado en el barco. Los devolvieron a su país de origen. La empresa griega ordenó al capitán una inspección total. En un principio no encontraron nada, pero a 400 kilómetros de la costa africana otros cuatro polizones aparecieron en el barco.

El 26 de julio el “RM Power” llegó al puerto privado Dreyfus, en Arroyo Seco, Rosario. Los efectivos de Prefectura esperaban el barco en tierra. El capitán rumano Florin Filip había avisado a los armadores griegos que parte de su tripulación “había tirado la basura al mar”. El 22 de julio un oficio de Prefectura llegó al Juzgado Federal N° 3 de Rosario. La investigación empezó cuando el barco ancló en el puerto.

La primera ronda de declaraciones testimoniales no dio ningún resultado. Nadie había visto ni oído nada. Un careo entre el capitán y un marinero filipino permitió confirmar que cuatro ciudadanos congoleños habían sido arrojados al mar. Siete miembros de la tripulación estaban involucrados en los asesinatos. Filip, Racovita y cinco marineros filipinos. Antes de quedar detenido, uno de los marineros filipinos desapareció. La Prefectura busca su cuerpo en el río. La Justicia no descarta nada: pudo haber sido un accidente o un suicidio. O un nuevo asesinato.

Los intérpretes filipinos fueron enviados por la embajada de ese país en la Argentina. En cambio, a los rumanos los asiste un profesor de ese idioma que aceptó ser intérprete en el proceso judicial. La fiscalía ordenó dos allanamientos al barco: se secuestraron computadoras y la “caja negra” del buque, para realizar unas pericias. Los celulares de los imputados están también en poder de la Justicia. A quince metros bajo cubierta, cerca de la zona de hélices, se encontró ropa, comida, botellas de agua mineral y excrementos humanos. Fueron enviados a la policía científica para analizarlos, pero su estado de descomposición no permitió obtener resultados.

Los seis imputados, ya detenidos, se negaron a declarar. La defensa oficial se dividió: Carlos Augusto Zürcher representa a los ciudadanos rumanos y su colega Federico Guillermo Tschopp, a los filipinos. Ambos, en carácter de defensores públicos oficiales ad hoc de la Defensoría Oficial N° 1 de Rosario. Se entiende que podrían tener intereses contrapuestos. Tanto en el juzgado federal de Carlos Vera Barros como en la fiscalía de Mario Gambacorta pensaron que con los sospechosos en la cárcel, los otros marineros hablarían. Una segunda rueda de declaraciones testimoniales y nuevos careos dieron el mismo resultado: nadie sabía nada.

Los polizones

Según explicó a Infojus Noticias el Defensor Oficial de Refugiados, Marcos Filardi, esto no es un caso aislado. “Aunque sí es la primera vez que está documentado judicialmente”, confió. Pero es una práctica frecuente que está invisibilizada y pocas veces llega a la Justicia.

Cuenta la leyenda que Kwame Krumah viajó como polizón desde la entonces colonia inglesa Costa Dorada hacia Inglaterra. Estudió tres carreras universitarias y volvió a su tierra donde fue el líder de la liberación de la República de Ghana. Con ese sueño se mecen los polizones cuando pueden dormir. Y con el terror de ser arrojados al mar por la tripulación, sin son descubiertos, se nutren sus pesadillas. 

Antes de colarse en un barco, un polizón puede hacer changas en las ciudades costeras de África para conseguir el “kit de supervivencia”: harina de mandioca, agua, leche condensada y aspirinas. Si el cálculo falla y los víveres se terminan antes de llegar a destino, se ven obligados a mostrarse ante la tripulación.

Según un informe de la Organización Marítima Internacional, el 50 por ciento de los polizones vienen del este de África. De los cuatro mil barcos que llegan a Argentina cada año, el 25 por ciento sale o hace escala en África. La ley dice que si un capitán encuentra personas viajando ilegalmente en el barco a su cargo, tiene que avisar al primer puerto de destino. Ahí debe armarse un comité de recepción. En el caso de Argentina ese comité está integrado por Prefectura, la Dirección Nacional de Migraciones y personal de la empresa que armó el barco. El protocolo establece que se debe escuchar al polizón e informar sobre su derecho a solicitar ser reconocido como refugiado. Ahí, muchas veces, empiezan los problemas.

Si el capitán avisa que hay un polizón en el barco, quiere decir que falló el protocolo de inspección y seguridad antes de zarpar. El barco tiene que ser revisado por Prefectura. Eso puede significar tres cosas: tiempo, multas y que se registren irregularidades en la inspección. La empresa, a su vez, tiene la obligación de identificar a los viajeros, alimentarlos y cuidar su salud hasta llegar a puerto, proveerles seguridad y en caso de que las autoridades no acepten el ingreso, tienen que correr con los gastos de reconducción al país de origen. Dinero, dinero, dinero.

Según la ley argentina, un refugiado es aquel que escapó de su país “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hoy hay 60.000 congoleños nada más que en Uganda, escapando de la violencia política en su país.

La justicia federal argentina, a cargo de la instrucción básica de la causa, tiene diez días hábiles para resolver la situación de los imputados. El delito es “homicidio agravado por la alevosía y por la participación de más de dos personas” y al tratarse de un delito realizado en altamar podrían ser juzgados en el país del cual tenía bandera el buque: las Islas Marshall.